En una Argentina marcada por el desmantelamiento de las políticas de género a nivel nacional, la provincia litoraleña plantó una bandera histórica. Se aprobó un sistema integral y obligatorio para las escuelas que aborda el ciberacoso, la difusión no consentida de material íntimo y la violencia machista ejercida mediante Inteligencia Artificial.
Miren a Santa Fe. En medio de la avanzada antifeminista nacional, donde los presupuestos para prevenir la violencia patriarcal fueron reducidos a escombros, las líneas de asistencia languidecen sin recursos y las instituciones que protegían nuestras vidas sufren un sistemático ahogo financiero, la provincia de Santa Fe acaba de consolidar una conquista histórica. La Legislatura provincial sancionó por unanimidad la Ley Ema, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en tener un marco obligatorio de prevención y abordaje de la violencia digital en el ámbito educativo.
La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que en 2024 se quitó la vida tras sufrir la difusión masiva y no consentida de imágenes íntimas en su escuela de Longchamps. El dolor devastador de su madre, Laura Sánchez, lejos de recluirse en el ámbito privado, se transformó en un grito colectivo y en organización política. Con el empuje de redes feministas, activistas de la Ley Olimpia Argentina, Faro Digital y la articulación legislativa impulsada por la diputada Celia Arena, la iniciativa logró perforar la parálisis política imperante.
El derecho a habitar las pantallas sin violencia
Frente a discursos negacionistas que insisten en que «lo virtual no es real», esta ley llega para tipificar y protocolizar las agresiones digitales que afectan de manera desproporcionada a las identidades feminizadas en los colegios públicos y privados. El hostigamiento en redes, las extorsiones y la creación de imágenes falsas sin ropa utilizando Inteligencia Artificial generativa (deepfakes) ya no podrán ser minimizadas por los equipos directivos como «cosas de chicos».
El nuevo cuerpo normativo exige respuestas estructurales inmediatas:
- Protocolos rápidos y confidenciales: Las escuelas deben intervenir de urgencia ante la viralización de contenidos, resguardando la evidencia digital y exigiendo formalmente a las plataformas la supresión del material.
- Acompañamiento transfeminista y no punitivo: Se descarta la lógica del castigo expulsivo que aísla a la víctima. La prioridad es la reparación integral, la asistencia psicológica, pedagógica y legal gratuita. [1]
- ESI y Ciudadanía Digital obligatoria: El Ministerio de Educación santafesino deberá incorporar contenidos transversales sobre privacidad, consentimiento y Educación Sexual Integral en entornos virtuales.
Gobernar es cuidar, resistir es legislar
Que la Ley Ema haya nacido en este contexto no es un detalle menor. Mientras el Gobierno nacional asfixia las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia por motivos de género, el feminismo santafesino demuestra que las redes afectivas y partidarias siguen teniendo la fuerza para disputar el sentido del Estado.
«La provincia de Santa Fe fue pionera en contar con leyes contra la violencia familiar y de género en los 90. Hoy, en un mundo profundamente cambiado, continuamos ese rumbo para responder a las nuevas dinámicas de la crueldad», sintetizó la diputada Celia Arena tras la histórica votación.
La sanción en Santa Fe marca un precedente fundamental y traza una ruta para las provincias que aún debaten sus proyectos, como Buenos Aires. En un territorio nacional donde pretenden dejarnos desamparadas, esta ley demuestra que la autodefensa digital es colectiva, es institucional y es política. El grito que hoy resuena en las aulas santafesinas es claro y urgente: Ni Una Ema Menos. Nuestras vidas digitales también importan.
