Diversos sectores denuncian que la iniciativa, denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», atenta contra la soberanía nacional, desprotege a los inquilinos y habilita la extranjerización de la tierra y los recursos estratégicos.
Bajo la consigna «La Patria está en riesgo, defendámosla», un amplio arco de referentes sociales, sindicales, académicos, religiosos, políticos y excombatientes de Malvinas convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles 24 de junio a las 14:30 horas.
El encuentro se llevará a cabo en la sede de CONADU, ubicada en Pasco 255 (CABA), con el objetivo de exigir a los senadores nacionales el rechazo total al proyecto de ley impulsado por Federico Sturzenegger, cuyo tratamiento en la Cámara Alta está previsto para el próximo jueves.
La iniciativa legislativa, presentada bajo el título de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», es catalogada por las organizaciones firmantes como una «ley ómnibus» destructiva y un intento de «extranjerización y desalojo» que vulnera derechos constitucionales básicos. Hasta el momento, una solicitada en contra del proyecto ya cuenta con el respaldo de más de 4.000 referentes de todo el país.
Los cuatro ejes principales de la denuncia
Las organizaciones convocantes detallaron los puntos más críticos del proyecto que se debatirá en el Senado:
- Restricción al poder expropiatorio: El texto limita la capacidad del Estado para declarar de utilidad pública y expropiar recursos estratégicos necesarios para el desarrollo nacional. Además, impone condiciones que encarecen el proceso, exigiendo incorporar conceptos como el lucro cesante y la actualización por IPC antes de transferir el dominio.
- Facilidad para los desalojos: El proyecto elimina las garantías procesales con las que cuentan los inquilinos de viviendas y tierras para defenderse en un juicio. Quita la posibilidad de saldar deudas pendientes para frenar el lanzamiento, generaliza el proceso sumarísimo y habilita la entrega inmediata del inmueble, poniendo en riesgo habitacional a millones de hogares.
- Extranjerización de tierras rurales: La ley deroga los pilares de la Ley de Tierras (N° 26.737). Elimina el límite del 15% de posesión extranjera a nivel provincial, el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y las restricciones para la compra de terrenos que contengan zonas ribereñas o espejos de agua dulce, exponiendo el territorio a grandes capitales transnacionales
- Modificaciones al Manejo del Fuego: Se elimina la prohibición de cambiar el uso del suelo por 60 años tras un incendio en vegetación, humedales o áreas protegidas, así como la restricción de 30 años para desarrollos inmobiliarios y actividades agropecuarias en zonas rurales quemadas. Advierten que esto incentivará los incendios intencionales con fines comerciales.
Firmantes destacados de la solicitada
La declaración en rechazo al proyecto de ley reúne el respaldo de más de 4.000 personalidades del ámbito político, social y de derechos humanos de la Argentina. Entre los firmantes principales y organizaciones que suscriben se encuentran:
- Organizaciones sindicales: Representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el gremio docente CTERA y la propia CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios).
- Derechos Humanos y Soberanía: El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Madres de Plaza de Mayo, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
- Movimientos Sociales y Territoriales: La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y diversas federaciones de cooperativas y cartoneros.
- Organizaciones de Inquilinos: Referentes de Inquilinos Agrupados de distintas provincias de la Argentina, quienes alertan sobre el inminente peligro de desalojo masivo.
Modificaciones específicas sobre la Ley de Tierras (N° 26.737)
El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desarticula completamente los controles vigentes para la compra de territorio argentino por parte de capitales transnacionales. Las modificaciones técnicas más críticas que introduce al sistema actual son:
- Eliminación del límite general por nacionalidad: Deroga el tope que establece que ninguna nacionalidad extranjera puede poseer más del 30% del total de las tierras rurales autorizadas para extranjeros a nivel municipal, provincial o nacional.
- Fin al tope de las 1.000 hectáreas: Anula el límite estricto de 1.000 hectáreas (o superficie equivalente según la zona) por titular extranjero en la zona núcleo productiva del país.
- Liberación de recursos estratégicos de agua: Suprime el artículo que prohíbe taxativamente la venta de tierras rurales que contengan o sean linderas a «cuerpos de agua de envergadura» (lagos, ríos, espejos de agua dulce) o que se encuentren sobre zonas de seguridad de fronteras.
- Disolución del Registro Nacional: Desmantela los mecanismos de control del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), imposibilitando la fiscalización estatal sobre la concentración y origen de los fondos utilizados para comprar territorio nacional.
El tratamiento en el recinto de la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» no se realizará este jueves 25 de junio debido a modificaciones de último momento en el cronograma legislativo. El panorama actual del Senado se divide de la siguiente manera:
- Postergación del debate: En las últimas jornadas, la presidencia de la Cámara Alta y los jefes de bloque definieron levantar la sesión especial que estaba prevista para este jueves. El oficialismo decidió postergar la votación del proyecto para evitar que la oposición unifique reclamos en torno a otras tensiones políticas, como los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete. El proyecto, cuyo texto ya había sufrido modificaciones críticas por parte de los bloques dialoguistas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, continuará en la agenda de labor parlamentaria sin una fecha de sesión inmediata confirmada.
- Actividad actual en comisiones: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentó en el Senado en la jornada de hoy miércoles para defender otros proyectos estratégicos del Gobierno en la Comisión de Legislación General, específicamente enfocados en reformas tecnológicas y comerciales.
