La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó su primer y alarmante análisis sobre el Proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Bajo una estricta doctrina de déficit cero y reformas impositivas pro-mercado, el texto normativo esconde un ajuste estructural feroz que golpea de lleno a las infancias, las universidades, las personas con discapacidad y las políticas de género y salud sexual.
A pesar de que el Gobierno proyecta una inflación del 29% para 2026 y del 18% para 2027, lo que teóricamente permitiría un aumento real del gasto total del 3,9% interanual, la perspectiva histórica es destructiva: el presupuesto general para 2027 se ubica un 26,5% por debajo del año 2023. El achicamiento del Estado ya es crónico, y las principales víctimas de este «motosierrzo» institucionalizado son las funciones sociales.
La trampa de la discrecionalidad: Infancias desprotegidas y sin indexación
Uno de los puntos más críticos identificados por el informe de ACIJ radica en el artículo 17 del proyecto, el cual propone eliminar la fórmula de movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (derogando los artículos clave de la Ley N° 27.160).
Al quitar la actualización mensual indexada por IPC (establecida en 2024) y no proponer ningún mecanismo sustituto ni periodicidad obligatoria, los ingresos de millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) pasarán a depender de la voluntad unilateral y discrecional del Poder Ejecutivo.
La experiencia reciente que detalla ACIJ demuestra la peligrosidad de este esquema:
- Mientras las prestaciones atadas a movilidad automática lograron recuperar un 31,9% real desde 2023, las asignaciones de aumentos discrecionales sufrieron un recorte real del 50,5%.
- El ejemplo más trágico es la Prestación Alimentar, que permaneció 23 meses congelada sin aumentos, pulverizando su capacidad de cobertura sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Políticas de Género y Salud Sexual: Tres años de vaciamiento y clandestinidad presupuestaria
En el caso del apartado de género se expone la crueldad ideológica del proyecto. Las políticas destinadas a prevenir y atender las violencias por motivos de género, así como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, consolidan un escenario de desfinanciamiento y absoluta falta de transparencia.
Por tercer año consecutivo, programas emblemáticos de subsistencia y asistencia directa como el Programa Acompañar y la Línea 144 continúan sin partidas presupuestarias específicas. Al disolverlas dentro de otras jurisdicciones, el Estado bloquea activamente la posibilidad de auditar cuántos recursos se asignan y de cuánto es la ejecución real. Si se evalúa el conjunto de estas políticas (incluyendo Protección de Víctimas y Ley Brisa), los recursos proyectados para 2027 se ubican un 89% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales.
La situación de la Salud Sexual y Reproductiva y la Educación Sexual Integral (ESI) es terminal:
- El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable (que incluye el Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente) pasó de $48.000 millones en 2023 a una proyección de $33.800 millones para 2027. Sigue estando un 30% por debajo de 2023.
- El desmantelamiento de la ESI es absoluto: de los $2.052 millones que tenía en 2023 (a precios constantes), para 2027 se prevén apenas $30 millones (un recorte del 98,5%). Esto vino acompañado de un apagón de datos: las metas físicas de docentes capacitados pasaron de 65.000 en 2023 a desaparecer por completo de los informes del presupuesto actual.
Discapacidad: El fin del arancel único y el retorno de la desigualdad estructural
En materia de discapacidad, el Presupuesto 2027 introduce modificaciones profundamente regresivas que violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A través de los artículos 39 y 41, el proyecto elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas.
¿Qué significa esto en el día a día? Que se termina el arancel único. Ahora, cada ente obligado (obras sociales, prepagas, Estado) podrá fijar de forma unilateral sus propias tarifas con los prestadores de salud y educación. Esto generará un sistema de salud fragmentado y desigual: los beneficiarios de los organismos que paguen aranceles más bajos sufrirán una drástica caída en la oferta y en la calidad de su atención médica.
A esto se le suma:
- La derogación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (PNCDPS) creada por la Ley de Emergencia, la cual era vital porque garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal.
- Se restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral (cuyos fondos previstos siguen un 26,5% abajo respecto a 2023).
- El programa Incluir Salud (cobertura médica de los sectores más vulnerables) registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.
Universidades en jaque y salarios docentes en la indigencia
El conflicto universitario lejos está de solucionarse. Para el programa Desarrollo de la Educación Superior, el Ejecutivo proyectó $7,5 billones. Esta cifra representa un 32% menos de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó como piso mínimo para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El informe de ACIJ recuerda un dato alarmante de gravedad institucional: el Poder Ejecutivo mantiene suspendida la ley y se niega a transferir las sumas correspondientes, incumpliendo abiertamente una medida cautelar que ya fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como resultado, las universidades públicas tendrán en 2027 un 24,9% menos de presupuesto que en 2023.
Los salarios de las y los docentes universitarios continúan en caída libre, acumulando una pérdida del 25% de su poder adquisitivo entre 2023 y 2026 (y un 47% si se mide desde 2015). A modo de ejemplo, un Ayudante de 1° de la UBA con dedicación simple cobró $374.485,49 en agosto de 2026; si su salario se hubiese actualizado por inflación, debió haber percibido $503.796,37. El presupuesto de 2027 consolida este piso de miseria y no prevé ninguna recomposición.
Radiografía del Ajuste por Sectores (2023 vs 2027)
La caída acumulada de la inversión social del Estado nacional deja en claro cuáles son las prioridades fiscales del Gobierno. Según los datos oficiales procesados por ACIJ en la Tabla 1 del informe, el desplome del gasto público a precios constantes de 2027 es generalizado:
- Vivienda y Urbanismo: -99% (Prácticamente eliminada del presupuesto nacional)
- Agua Potable y Alcantarillado: -93%
- Trabajo, Promoción y Asistencia Social: -74%
- Servicios Económicos (Subsidios y Energía): -68%
- Educación y Cultura: -44%
- Ciencia, Tecnología e Innovación: -38%
- Servicios Sociales (General): -16.1%
De la obra pública a los beneficios corporativos privados
El modelo de infraestructura estatal ha muerto en el nuevo presupuesto. De una cartera original de 2.339 proyectos de obra pública nacional, 1.683 obras fueron dadas de baja o rescindidas, 457 se transfirieron a provincias y municipios, y solo 199 continúan bajo gestión federal directa. El gasto de capital en infraestructura se mantiene en mínimos históricos, un 80% por debajo de los niveles de 2023 ($3,8 billones frente a los $18,4 billones de aquel año).
Sin embargo, el presupuesto sí prevé recursos para el sector corporativo. Mediante el artículo 67, el proyecto reemplaza el financiamiento presupuestario directo en las rutas nacionales por jugosos beneficios tributarios para los nuevos concesionarios viales privados. Las empresas disfrutarán de amortización acelerada, créditos fiscales de IVA y el cómputo del 100% del impuesto al cheque a cuenta de otros tributos. El apoyo estatal ya no adopta la forma de escuelas, redes de agua o viviendas, sino de subsidios impositivos para la rentabilidad privada.
El debate legislativo recién comienza, pero la hoja de ruta trazada para 2027 es nítida: un país con superávit fiscal financiero construido sobre el desmantelamiento de los derechos humanos y la desprotección sistemática de los sectores más vulnerables de la sociedad.
