La conciliación familiar en el deporte de alto rendimiento femenino está sumando un hito sin precedentes a nivel global. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra ultimando la redacción final de un acuerdo institucional histórico con una clínica de fertilidad para financiar los tratamientos de congelación de óvulos a las jugadoras de su selección absoluta. La medida apunta directamente al corazón de una barrera biológica y cultural: la coincidencia temporal exacta entre el pico de rendimiento físico de una atleta y sus años de mayor fertilidad biológica.
La iniciativa no surgió de un escritorio burocrático, sino del impulso de las propias protagonistas. Fueron las capitanas de la selección campeona del mundo, con la doble Balón de Oro Alexia Putellas a la cabeza, quienes plantearon la demanda ante los dirigentes. La propia Putellas lo sintetizó de forma contundente al advertir que las futbolistas internacionales sirven a su país «en contra de su tiempo biológico».
El convenio, cuyos detalles y alcances de cobertura pública se anunciarán de forma oficial durante la segunda quincena de septiembre, abrirá las puertas a que las atletas de élite decidan cuándo maternar sin tener que resignar sus carreras profesionales en pleno auge.
Vacíos regulatorios y el laberinto del dopaje: los desafíos de la vitrificación
Aunque el avance es celebrado como una conquista fundamental en materia de derechos laborales, su implementación expone un enorme vacío normativo en las estructuras del fútbol internacional:
Sin reglas en FIFA ni UEFA: Ninguno de los máximos organismos rectores del fútbol mundial cuenta actualmente con protocolos específicos para ordenar o regular las técnicas de reproducción asistida en jugadoras en actividad.
El filtro de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA): Diversas sustancias hormonales utilizadas de manera habitual en las dos semanas que dura el proceso de estimulación ovárica (como el clomifeno o el letrozol) están terminantemente prohibidas en la alta competencia.
Exenciones médicas caso por caso: Para evitar suspensiones por dopaje, las futbolistas españolas deberán tramitar ante los comités médicos una Exención por Uso Terapéutico (TUE) individual antes de iniciar los tratamientos, los cuales se planificarán en períodos de vacaciones o baja carga competitiva.
A nivel de antecedentes, mientras que clubes particulares como el Chelsea en Inglaterra ya financiaban evaluaciones de fertilidad y la WTA (Asociación de Tenis Femenino) protege el ranking de las tenistas que pausan su actividad para congelar óvulos, la RFEF se convierte en la primera federación nacional del mundo en asumir este compromiso como política institucional.
La brecha entre el Estado asistencial y el Estado ausente
El histórico paso dado en España no es un hecho aislado de la biología; es una decisión política. Nos obliga a mirar de frente las asimetrías de un mundo donde el acceso a los derechos de las mujeres depende exclusivamente del código postal en el que les toca nacer, entrenar y competir.
Mientras federaciones europeas avanzan en la creación de andamiajes públicos y convenios institucionales para achicar las brechas de género, garantizando que el deseo de maternar no implique el fin de una carrera laboral, en latitudes como la nuestra el panorama es desolador. La diferencia radica en la concepción del Estado: por un lado, un modelo que entiende las desigualdades estructurales y utiliza los recursos públicos para nivelar la cancha; por el otro, el modelo de la intemperie total.
En Argentina, las deportistas de élite —como nuestras Leonas— o las futbolistas de la liga local no solo están a años luz de discutir derechos reproductivos financiados; hoy tienen que dar batallas elementales para que no les licúen las becas de entrenamiento, para que no les apaguen las luces de las pistas o para que no se desmantelen los programas de contención social en los clubes de barrio.
Cuando un Estado decide retirarse, tildando las políticas de género y equidad como «gastos prescindibles» o «batallas ideológicas», lo que hace en realidad es ensanchar la brecha.
La lección que nos llega desde afuera es clara: la verdadera libertad de elección y la paridad real no brotan de la meritocracia salvaje de un mercado. Se construyen con políticas públicas, con presupuesto y con estructuras estatales decididas a proteger los cuerpos y los proyectos de vida de sus ciudadanas. Sin un Estado que empuje, el derecho a elegir sigue siendo el privilegio de unas pocas.
