España se convirtió en el primer país en prohibir expresamente por ley la utilización del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría ampliamente desacreditada por organismos científicos y denunciada desde hace años por colectivos feministas y de protección de la infancia por su uso sistemático contra madres protectoras y niños víctimas de violencia.
La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros y Ministras a través de una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia. La nueva legislación no sólo impide que el SAP sea utilizado en procesos judiciales o administrativos, sino que además habilita la revisión de decisiones basadas en este tipo de argumentos.
La ministra Sira Rego fue contundente al presentar la reforma y reconoció una deuda histórica del Estado con las infancias que no fueron escuchadas. “Durante años se ha dudado de su palabra y se ha criminalizado a las madres protectoras”, afirmó. Luego agregó una frase que sintetiza el trasfondo político y social de la decisión: “Pedimos perdón a todas las niñas y niños que no han sido escuchados”.
El avance legislativo representa un fuerte cuestionamiento a una práctica judicial que durante décadas operó como herramienta de disciplinamiento contra mujeres que denunciaban abusos sexuales, violencia familiar o maltrato infantil. Bajo el argumento de una supuesta “manipulación materna”, numerosos tribunales desacreditaron testimonios de niños y niñas y, en muchos casos, otorgaron regímenes de revinculación forzada con padres denunciados por violencia o abuso.
El llamado SAP fue creado en los años 80 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, una figura extremadamente polémica cuyas posturas sobre abuso sexual infantil y pedofilia fueron duramente cuestionadas. A pesar de su difusión en ámbitos judiciales conservadores, el supuesto síndrome nunca fue reconocido por organismos científicos internacionales. No figura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud.
Diversas asociaciones profesionales, especialistas en salud mental y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace años que el SAP carece de evidencia empírica y funciona, en la práctica, como una herramienta para deslegitimar denuncias de violencia de género y abuso infantil. Incluso el Consejo General del Poder Judicial de España ya había recomendado no utilizarlo por no tener sustento científico.
La reforma de la LOPIVI busca precisamente poner freno a ese mecanismo. El nuevo texto establece que ninguna interpretación del “interés superior del niño” puede justificar mantener contacto con un agresor o presunto agresor. Además, reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados en todos los procesos que los involucren, sin restricciones de edad, rompiendo con una lógica adultocéntrica que históricamente minimizó sus testimonios.
La decisión española se produce en un contexto internacional donde crecen las críticas al uso del SAP en causas de familia y violencia. Organizaciones feministas sostienen que esta falsa teoría fue utilizada durante años para invertir la carga de la prueba: las madres que denunciaban abusos terminaban bajo sospecha, mientras los niños eran tratados como víctimas de una manipulación y no de posibles situaciones de violencia real.
Para los colectivos de infancia y género, la prohibición representa mucho más que un cambio técnico. Es un reconocimiento institucional de los daños causados por decisiones judiciales atravesadas por prejuicios patriarcales y pseudocientíficos. También marca un precedente global en un momento en que sectores conservadores continúan intentando reinstalar el SAP bajo otros nombres o formulaciones similares.
La reforma deja una señal política clara: las teorías sin respaldo científico no pueden seguir utilizándose para desacreditar denuncias de violencia ni para separar a niños y niñas de sus entornos protectores. Después de décadas de cuestionamientos, España decidió finalmente correr al SAP del terreno judicial y reconocer aquello que durante años muchas víctimas denunciaron en soledad: que detrás de esa supuesta teoría psicológica hubo, demasiadas veces, impunidad y revictimización.
