“La cuota alimentaria es un derecho fundamental, no un favor”: el análisis de María Florencia Grosso sobre violencia económica y justicia

En diálogo con Las Brujas que Salem, la abogada litigante de Córdoba repasó las herramientas legales frente a los progenitores que incumplen. Explicó cómo se prueba la capacidad real de pago, el alcance de la solidaridad familiar y el impacto de la violencia vicaria en las infancias.

El incumplimiento de la cuota alimentaria dejó de ser visto únicamente como un conflicto económico para entenderse como una forma directa de violencia económica y de género, cuyo peso recae sobre el cuerpo, el tiempo y el bolsillo de las madres.

Para profundizar en las estrategias judiciales actuales, Las Brujas que Salem conversó con la doctora María Florencia Grosso Madrid, abogada litigante de Córdoba con más de diez años de trayectoria en los tribunales de la capital y el interior provincial, diplomada en litigios constitucionales y futura profesora en Ciencias Jurídicas.

Desde el fuero de familia y a través de su labor de divulgación jurídica en redes sociales, Grosso Madrid trabaja día a día para conseguir medidas efectivas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes, exigiendo a los operadores judiciales fallar con perspectiva de género y de niñez.

Medidas coercitivas creativas: romper la impunidad

Frente a un contexto de crisis económica que multiplicó los reclamos por falta de pago, la abogada señaló que existen vías tradicionales como los embargos o la retención de haberes, pero destacó el valor del artículo 553 del Código Civil y Comercial. Esta norma habilita a los jueces a dictar medidas conminatorias y «creativas» diseñadas a medida para forzar el cumplimiento.

“Son medidas que no son parte del procedimiento estándar que conocemos, pero que tienden a generar conciencia de pago y son principalmente movilizantes; por eso hablamos de que tienen que ser razonables. Por ejemplo, la prohibición de salida al exterior —porque tenemos progenitores que no cumplen con la cuota pero vacacionan afuera—, la prohibición de renovar el registro de conducir o la prohibición de entrar a canchas o recitales. En general esos fallos son noticia, pero lo importante es que sientan un precedente”, explicó Grosso Madrid.

Sobre la efectividad real de estas sanciones, la especialista aseguró que logran quebrar la sensación de impunidad. Relató el caso reciente de un progenitor que vacacionó un mes en el exterior sin pasar la cuota, quien tras ser notificado en una audiencia sobre el inicio de una ejecución y el pedido de prohibición para salir del país, se comunicó de inmediato para preguntar dónde depositar el dinero. “Cuando empezás a coercionarlo para que no tenga ninguna posibilidad de seguir en el estado de incumplimiento, responde”, afirmó.

Probar el nivel de vida real frente al ocultamiento de ingresos

Otro de los grandes obstáculos en los tribunales ocurre cuando los progenitores esconden su patrimonio o declaran ingresos muy por debajo de lo que realmente perciben. En esos casos, el objetivo es acreditar la capacidad contributiva real frente a la declarada.

“El procedimiento de familia nos permite incorporar todo tipo de pruebas: fotos, chats, capturas de pantalla, testigos y oficios. Probamos de todas las maneras posibles que nos habilita la ley cuál es la capacidad real de ese progenitor. Un indicador clave es el nivel de vida real, que muchas veces es muy distinto al que se declara ante los sistemas fiscales o de recaudación”, detalló la abogada.

Grosso Madrid subrayó que muchos niños y adolescentes mantenían un estándar de vida alto antes de la separación que luego el progenitor intenta recortar de forma unilateral: “El progenitor retacea lo que antes no se retaceaba en el ámbito de la familia. Nuestros esfuerzos van a acreditar esa capacidad real y solicitar el consecuente aumento de la cuota alimentaria”. Además, remarcó un paso indispensable para cualquier reclamo: “La determinación de la cuota no alcanza por sí sola, pero es el primer paso. Si la cuota alimentaria no está escrita, aunque sea en una hoja firmada por las dos partes, no existe”.

La Dra María Florencia Grosso ya lleva 10 años litigando para que las medres y sus hijes puedan cobrar la cuota alimentaria

Solidaridad familiar: el rol de abuelos y progenitores afines

Cuando el progenitor obligado no puede pagar o evade su responsabilidad, la legislación argentina contempla mecanismos para proteger el derecho humano fundamental de las infancias a la vivienda, salud, educación, vestimenta y esparcimiento.

“En virtud del principio de solidaridad familiar, el Estado debe reforzar la tutela ante la situación en que un niño, niña o adolescente queda desamparado. Por eso hacemos extensiva la obligación a otros familiares, como los abuelos, o a la figura del progenitor afín”, señaló la letrada.

Respecto a este último punto, explicó que el progenitor afín es la nueva pareja del padre o de la madre, a quien se le puede extender la obligación alimentaria por el vínculo de convivencia y cotidianeidad. Incluso mencionó un fallo pionero en Córdoba donde una jueza ordenó a una nueva pareja hacerse cargo de la cuota sin que existiera convivencia previa, demostrando el avance de criterios protectores en la justicia.

Sin embargo, advirtió que para que estas herramientas funcionen es indispensable capacitar con perspectiva de género a todos los actores del sistema, incluyendo a jueces, camaristas y mediadores de instancias previas.

Violencia vicaria: dañar a los hijos para controlar a la madre

Durante la entrevista, Grosso Madrid también abordó el concepto de violencia vicaria, a raíz de un reciente análisis que publicó en el Diario Digital Femenino junto a las especialistas Maru Breard y Erika Pérez. Se trata de aquella violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas con el objetivo último de herir, castigar o mantener el control sobre la mujer.

“Cuando sienten que pierden el control sobre la mujer, el último eslabón para sostener ese vínculo es aplicando violencia sobre los hijos y las hijas”, sostuvo. Para ilustrarlo, citó un fallo de la Cámara de Santa Rosa, donde la justicia rechazó la apelación de un progenitor al que se le habían impuesto medidas restrictivas bajo el artículo 557 del Código Civil y Comercial por impedir el contacto de una de sus hijas con su madre y sus hermanos.

“Los informes interdisciplinarios incorporados en la causa determinaron que existía una situación de violencia económica, psicológica y vicaria sostenida en el tiempo. Son quizás actos o situaciones cotidianas y muy sutiles, pero sostenidas, que buscaban frustrar el contacto de la niña con su madre y mantener el control sobre su vida”, analizó la abogada, celebrando que la Cámara confirmara las medidas con perspectiva de género.

Divulgación jurídica y acceso gratuito a la justicia

Además de su labor en los tribunales, María Florencia Grosso Madrid lleva adelante un intenso trabajo de divulgación desde sus redes sociales (@dra.florenciagrosso y Abogando Córdoba), donde realiza encuentros mensuales abiertos —llamados “cafés de consultas”— para responder dudas frecuentes y brindar listas de requisitos prácticos a las madres.

“La consulta más frecuente de todas es: ‘¿Cómo hago para que el progenitor cumpla con el pago?’. La divulgación del derecho es fundamental porque el derecho está construido para la comunidad y tiene que estar al servicio de ella, no al revés”, expresó.

Para aquellas mujeres que frenan sus reclamos por falta de dinero para contratar representación privada, la doctora recordó que los tribunales de familia cuentan con asistencia jurídica gratuita, integrada por profesionales altamente especializados en la temática.

Antes de despedirse, la abogada y militante del espacio Patria Diversa extendió una invitación abierta para participar de la Marcha del Orgullo en Córdoba el próximo 21 de noviembre, destacando la importancia de ocupar las calles y seguir conquistando derechos.

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