Este jueves 15 de octubre de 2026, las inmediaciones del Congreso de la Nación están convirtipendose, aún bajo la lluvia en el epicentro de una histórica jornada de protesta popular. La Quinta Marcha Federal Universitaria confluirá en el asfalto con centrales sindicales (CGT, las dos CTA), trabajadores estatales de ATE, colectivos de discapacidad, agrupaciones de inquilinos y movimientos sociales en un reclamo unificado: ponerle un freno definitivo al desfinanciamiento de las estructuras básicas del Estado y derogar el polémico mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Mientras la oposición busca abrir una sesión clave en el Congreso bajo un fuerte operativo de seguridad, la protesta multisectorial se encuentra haciendo reclamos urgentes:
Educación pública y salarios: Comunidad educativa denuncia el congelamiento presupuestario del Gobierno nacional, que acumula más de 352 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de las multas de $100.000 diarios impuestas por la Justicia al jefe de Gabinete por incumplimiento. El presupuesto para educación superior cayó un 25,2% en términos reales.
Discapacidad en emergencia: Familias y prestadores se movilizaron en rechazo al magro aumento del 1,9% en los aranceles de octubre, denunciando que la interrupción y discontinuidad de las terapias están vaciando el sistema de atención.
Soberanía y territorio: El reclamo contra el DNU se profundizó tras el reciente fallo judicial que dejó firme la derogación de los límites a la extranjerización de tierras de la Ley de Tierras, abriendo la puerta a la entrega indiscriminada del territorio nacional.
El peligro de gobernar por decreto: la demolición de la división de poderes
La persistencia del DNU 70/2023 representa una anomalía institucional insostenible. Al utilizar este megadecreto para desregular más de 300 leyes de un plumazo, el Poder Ejecutivo ejerce una autocracia fáctica que prescinde del debate legislativo. Gobernar por decreto no es una herramienta de «necesidad y urgencia», sino un mecanismo para esquivar los controles republicanos e imponer un programa de shock económico que licúa salarios, destruye las jubilaciones y vulnera los derechos laborales más elementales.
La importancia de que caiga el DNU radica en restaurar el orden constitucional. Mientras el decreto siga vigente, el Ejecutivo mantiene la potestad discrecional de rifar los recursos estratégicos del país, desregular el mercado inmobiliario en perjuicio de los inquilinos y desfinanciar la salud y la ciencia sin rendir cuentas a nadie. La derogación parlamentaria es el único camino para frenar este avasallamiento institucional.
Además el DNU 70/2023 desregula más de 300 leyes y elimina el marco de protección para los inquilinos, permitiendo contratos más cortos, actualizaciones mensuales por inflación y pagos en moneda extranjera. La facilidad para el desalojo ante mínimos atrasos deja a las familias en una situación de total desamparo.
En la plaza, agrupaciones de inquilinos visibilizan el ahogo habitacional con testimonios sobre el temor cotidiano a perder sus hogares debido a cláusulas abusivas e indexaciones. Asimismo, la protesta evidencia la tensión política con los gobernadores y la exigencia de frenar el ajuste mediante la derogación del decreto.
Extorsión federal: gobernadores rehenes de la caja y prebendas legislativas
Cuando el Gobierno decide habilitar el juego en la legislatura, lo hace bajo una lógica de sometimiento. El Ejecutivo utiliza los fondos de la coparticipación federal no como un derecho constitucional de las provincias, sino como una soga financiera para mantener atados a los gobernadores. Aquellas provincias que no alinean a sus diputados y senadores sufren el ahogo económico inmediato mediante el recorte discrecional de partidas, la parálisis total de la obra pública y la retención indebida de asignaciones específicas.
Esta asfixia económica deliberada obliga a los mandatarios provinciales a negociar la gobernabilidad a cambio de migajas. La aprobación de leyes o el blindaje de decretos presidenciales no surgen del consenso político, sino de una dinámica extorsiva: el Gobierno central condiciona el oxígeno financiero de millones de argentinos en el interior a cambio de votos en el recinto. Quienes acceden a dar quórum o votar de espaldas al pueblo lo hacen condicionados por una billetera centralizada que utiliza el hambre y la parálisis provincial como su principal herramienta de presión política.
La manifestación de hoy en el Congreso demuestra que el tejido social no está dispuesto a tolerar la entrega de derechos a cambio de prebendas. La caída del DNU 70/2023 es el primer paso indispensable para ponerle fin a un modelo de gestión basado en el decreto, la extorsión a las provincias y el desprecio absoluto por la justicia social.
