El hallazgo de los cuerpos de Gabriela Vanesa Centeno y Claudia Andrea Rodríguez en descampados de la capital desnuda la cara más cruel de la violencia machista en la provincia. Mientras las organizaciones feministas denuncian un «apagón mediático» y el desmantelamiento total de las políticas de prevención, la saña de los crímenes expone a un Estado que llega tarde, mal o directamente prefiere no mirar.
San Luis atraviesa horas de profunda indignación y dolor, atrapada en una realidad que las autoridades locales y los grandes conglomerados de comunicación intentan invisibilizar bajo la alfombra.
En pocos días, la periferia de la capital puntana se convirtió en el escenario del horror absoluto: dos femicidios calcados en su crueldad, en el ensañamiento hacia los cuerpos de las mujeres y en el abandono previo que sufrieron las víctimas por parte de las instituciones.
Gabriela Vanesa Centeno (42 años) y Claudia Andrea Rodríguez (37 años) ya no están. Sus muertes no son hechos aislados ni meras crónicas policiales de la periferia; son la consecuencia directa de un sistema judicial burocrático y de un Estado que desmanteló los presupuestos de asistencia, dejando a las mujeres a merced de sus agresores en zonas históricamente postergadas como el Barrio República o el camino a Pescadores.
Crueldad y saña forense: la barbarie que se intentó ocultar
La crudeza de los informes forenses quita el aliento y demuestra que los femicidas actúan con total impunidad. Gabriela Centeno, mendocina, madre y abuela, llevaba más de un mes desaparecida. Su cuerpo fue hallado a mediados de octubre, semioculto por tierra y maleza en un descampado de la zona oeste. La necropsia determinó que sufrió una muerte atroz: fue golpeada, apuñalada, degollada y posteriormente desmembrada y decuadrada post-mortem. Por el crimen fue detenido en Mendoza su pareja, Raúl Agustín Bullones Soria (29), a quien su familia ya señalaba como un hombre violento. El Estado nunca estuvo ahí para escuchar las advertencias.
Apenas once días después, el horror se repitió casi en calco con Claudia Rodríguez, una vecina trabajadora y madre de un adolescente de 15 años. Su hermana la buscaba desesperadamente desde el 3 de octubre y había radicado la denuncia en la Comisaría 4ª. Veintiún días de inacción policial terminaron de la peor manera: el cuerpo fue descubierto en un descampado del Barrio República porque los perros de la zona arrastraban un brazo humano en sus bocas. Al igual que Gabriela, los restos de Claudia evidenciaban signos de desmembramiento.
El caso de Claudia es la prueba irrefutable del fracaso de la protección pública. La víctima ya había radicado denuncias previas por violencia de género contra el hombre que hoy está bajo la lupa judicial. Las alertas existieron en los papeles oficiales, pero el Estado decidió archivarlas, firmando de manera indirecta su sentencia de muerte.
El muro del silencio mediático y la complicidad estatal
Lo que agrava aún más la tragedia es el cerco informativo que rodea a estos crímenes en San Luis. Desde la Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM) alzaron la voz con vehemencia a través de sus canales oficiales para denunciar lo que definen como un «apagón mediático» planificado.
Los femicidios de Gabriela y Claudia apenas si ocupan espacios marginales o tergiversados en las agendas de los principales medios masivos de la provincia, una estrategia que busca proteger la imagen política de una gestión que le ha dado la espalda a la agenda de género.
Esta invisibilización es funcional al vaciamiento institucional. Las organizaciones sociales vienen advirtiendo desde hace meses sobre el desmantelamiento sistemático de las redes de prevención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia machista. Sin presupuestos reales, sin programas territoriales y con una justicia penal que carece de la más mínima perspectiva de género a la hora de tomar denuncias o activar protocolos de búsqueda, el mensaje institucional es devastador: las mujeres están solas.
La resistencia feminista como único refugio
Frente a la indiferencia de los despachos oficiales y el silencio de los micrófonos complacientes, la colectiva ADEM y las redes de activistas locales se han consolidado como el único canal de denuncia y contención real en el territorio. A través de acciones colectivas y la visibilización de las falencias del sistema, las organizaciones exigen de manera urgente:
- Investigaciones judiciales eficaces y transversales con perspectiva de género que no revictimicen a Gabriela y Claudia ni a sus familias.
- Declaración de la emergencia provincial en materia de violencia de género, restituyendo de manera inmediata los presupuestos para la asistencia integral.
- Responsabilidad mediática para romper el cerco informativo que despolitiza los femicidios y los reduce a crónicas policiales aisladas.
La muerte de Claudia Rodríguez tras semanas de desaparición y denuncias previas demuestra que el tiempo en la violencia de género se mide en vidas. San Luis no puede seguir mirando hacia otro lado mientras sus mujeres son asesinadas y mutiladas en los márgenes de la capital.
SI ESTÁS PASANDO POR UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA O NECESITÁS ACOMPAÑAMIENTO:
No estás sola. Podés comunicarte a la Línea 144 (atención gratuita, nacional y las 24 horas). En San Luis, para articular con redes feministas de contención, asesoría legal colectiva y visibilización de denuncias que la justicia cajonea, contactate de manera directa con la organización ADEM en Resistencia a través de su cuenta de Instagram oficial: @ademenresistencia.
