El oscurantismo político sumó un nuevo capítulo en los despachos oficiales. En un movimiento estratégico coordinado entre la Cancillería argentina y los sectores más ultras del plano internacional, el gobierno de Javier Milei firmó la adhesión del país al denominado Consenso de Ginebra. Una declaración explícitamente diseñada como una trinchera global contra el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
El acto, celebrado en el Palacio San Martín, contó con la bendición del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, consolidando el alineamiento de la Casa Rosada con las agendas fundamentalistas que hoy comanda Donald Trump desde el Norte global.
¿Qué firmaron a espaldas de la marea?
El Consenso de Ginebra nació en el año 2020 bajo el ala de regímenes fuertemente conservadores. Su postulado principal es tan claro como peligroso: afirma que el aborto no constituye un derecho humano y que las estructuras internacionales no deben interferir en las leyes restrictivas de cada nación.
Aunque desde el punto de vista técnico se trata de un pacto político sin fuerza vinculante —lo que significa que no puede borrar de un plumazo la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vigente en nuestro territorio— su carga simbólica y práctica es nefasta. No buscan la derogación inmediata porque saben que no tienen los consensos sociales; buscan la asfixia cotidiana de la salud pública.
La voz de AdemResistencia: «Nuestros derechos no se negocian en cancillerías»
Desde las redes de activismo y las colectivas que sostienen los territorios, la respuesta fue inmediata. Las compañeras y activistas de AdemResistencia levantaron la voz para denunciar que esta firma internacional es el envoltorio diplomático de una crueldad que ya se vive en los barrios.
«Firmar el Consenso de Ginebra es legalizar internacionalmente el abandono de personas. Mientras el canciller habla de ‘dignidad humana’, en los hospitales públicos recortan los insumos para anticoncepción, desmantelan los equipos médicos de interrupción legal del embarazo y habilitan protocolos municipales ilegales, como el que denunció Amnistía en San Isidro para meterle miedo y culpa a las pibas que van a atenderse», advierten desde las bases de resistencia feminista.
Para el activismo, la maniobra oficial tiene un doble objetivo. Por un lado, congraciarse con el financiamiento y los lazos de la extrema derecha global. Por el otro, desgastar la aplicación real de la ley mediante la falta de presupuesto, la desinformación y el hostigamiento institucional a los profesionales de la salud.
El derecho al aborto es Ley y las calles tienen memoria
Frente a la foto de trajes oscuros y sonrisas diplomáticas celebrando el control sobre los cuerpos ajenos, las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos LGBTIQA+ ya tejen redes de monitoreo. El marco legal argentino tiene jerarquía constitucional a través de los tratados internacionales de derechos humanos (como la CEDAW), que obligan al Estado a garantizar el acceso a la salud. Ninguna declaración de café en Washington o Ginebra puede pasar por encima de la Constitución Nacional.
Quien quiera y quien no quiera debería ir entendiendo que la marea verde no fue un fenómeno pasajero ni un acuerdo de cúpulas. Fue el emergente de una conciencia colectiva que sabe que la autonomía de los cuerpos es el piso mínimo de la libertad.
El gobierno firmó un papel; las brujas seguimos sosteniendo la historia, los acompañamientos y la resistencia en cada rincón de la patria. Ni un paso atrás. El aborto es y seguirá siendo ley.
