La corporación del Servicio Penitenciario Bonaerense y el letargo judicial se rompieron gracias a la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria. Una jefa penitenciaria y catorce guardias armaron una cacería humana y violenta en la Unidad 51 de Magdalena. La impunidad que casi gana.
La Justicia bonaerense se dignó a actuar. Tras casi tres meses de letargo, el juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, ordenó la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) —8 mujeres y 7 varones— imputados por una noche de terror, torturas físicas y violaciones grupales dentro de la Unidad Penal N° 51 de Magdalena.
El hecho, que la corporación judicial intentó mantener bajo la alfombra, ocurrió entre la noche del 3 de junio de 2026 y la madrugada del día siguiente. No fue un exceso; fue un esquema sistemático de crueldad planificada contra los cuerpos de las mujeres cautivas.
La noche del horror y la cacería
Todo comenzó por una discusión menor entre dos internas. La respuesta de la cúpula del penal fue montar un operativo de represión feroz. Encerradas en espacios sin ventilación, las reclusas fueron gaseadas con pimienta y obligadas a desnudarse frente a guardias varones. Quienes resistieron la humillación pagaron con sus cuerpos.
La investigación judicial determinó que el personal penitenciario aplicó golpizas, asfixia por sumersión (el perverso «submarino húmedo») y asfixia con almohadas. Para quebrar su dignidad, las obligaron a besar las botas de los uniformados. El horror escaló aún más: al menos dos internas fueron separadas, trasladadas al sector de la escuela del penal y sometidas a abusos sexuales con acceso carnal.
Una jefa al frente del horror y una enfermera cómplice
Entre las detenidas destaca Daiana Belén Balmaceda, alcaide mayor y jefa de Vigilancia y Tratamiento. Lejos de cumplir un rol de resguardo, la fiscalía de Álvaro Garganta la señala como autora de las torturas y pieza clave (coautora y partícipe necesaria) en las violaciones. Junto a ella cayeron la subjefa del área y la jefa de Requisa.
El plan de impunidad estaba perfectamente blindado desde adentro: una enfermera del penal se negó a revisar a las víctimas para no dejar constancia médica de los golpes y los desgarros. Inmediatamente después del ataque, tres de las mujeres fueron trasladadas a otros penales para dispersar sus testimonios.
La única que quedó en Magdalena intentó suicidarse ante el desamparo y el terror de volver a cruzarse con sus verdugos.
Si no fuera por la CPM, hoy sería «un día más»
Esta causa tiene 15 detenidos únicamente porque la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se metió en el penal, entrevistó a las víctimas en territorio, recolectó los testimonios y pateó los escritorios del Poder Judicial. De lo contrario, la causa habría terminado en el archivo, engrosando los más de 91.000 hechos anuales de malos tratos que se denuncian en las cárceles bonaerenses y que la Justicia prefiere ignorar.
Para lograr este avance, la CPM tuvo que batallar contra el propio sistema y litigar hasta la Cámara de Apelaciones para ser aceptada como particular damnificada. Fueron los jueces de la Sala III quienes terminaron destrozando la inacción inicial del fiscal al confirmar que esto no fue un «simple exceso», sino un ataque coordinado y criminal.
Hoy, la cúpula de la Unidad 51 fue descabezada y los acusados duermen tras las rejas en diferentes dependencias de la provincia. El caso expone la urgencia de desarmar las redes de complicidad corporativa y médica que vigilan a las mujeres presas. Desde Las Brujas que Salem seguimos exigiendo justicia real: que el tiempo de la burocracia judicial deje de ser el aliado perfecto de los violadores con uniforme.
