La retórica oficial de la «guerra contra el narcotráfico» y el combate al crimen organizado esconde una dimensión de violencia estatal que recae de manera desproporcionada sobre los cuerpos de las mujeres. Siete prestigiosas organizaciones de derechos humanos de América Latina —entre ellas el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en Argentina— presentaron los resultados de una investigación conjunta titulada «Castigo extra. Violencia hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado».
El informe analiza cómo los despliegues de las fuerzas de seguridad en Argentina, Colombia y México no desmantelan las grandes estructuras financieras de la criminalidad, sino que criminalizan la pobreza y descargan una sistemática violencia institucional, arbitrariedad y tortura sobre las mujeres de los eslabones más vulnerables.
La selectividad penal y las mujeres como «eslabones fungibles»
La investigación regional desarma las puestas en escena de la demagogia punitiva y detalla los patrones de violencia que caracterizan a estas políticas de seguridad:
Criminalización de la subsistencia: Las mujeres perseguidas suelen ocupar los eslabones más bajos, precarizados y perfectamente reemplazables del entramado delictivo (como el narcomenudeo o el transporte menor de sustancias). El sistema judicial las juzga con severidad extrema por estrategias de supervivencia económica en contextos de total vulnerabilidad y falta de empleo.
Abusos, arbitrariedad y torturas como regla: El informe denuncia que, durante los operativos de detención y los allanamientos sin orden judicial, las mujeres son sometidas de manera recurrente a torturas físicas, psicológicas y violencia sexual por parte de las fuerzas policiales y militares. Estos vejámenes funcionan como un «castigo extra» moralizante por haber roto el mandato de domesticidad.
La destrucción del tejido comunitario: Cuando una mujer jefa de hogar es encarcelada preventivamente sin garantías procesales, el castigo golpea directamente a su entorno. El informe detalla el desamparo inmediato en el que quedan las infancias y las personas mayores a su cargo, profundizando el círculo de exclusión en los barrios populares.
Desarmar el show punitivo desde el feminismo
Este informe del CELS es una herramienta teórica fundamental. Demuestra que el punitivismo penal que hoy se promociona en los medios hegemónicos como sinónimo de «seguridad» no es más que una trampa selectiva y racista. Mientras las grandes fortunas del lavado de dinero permanecen intactas, las cárceles de la región se llenan de mujeres pobres y racializadas desprovistas del derecho a un debido proceso.
La publicación completa ya se encuentra disponible para su descarga en las plataformas oficiales del CELS y las organizaciones aliadas en la región. Abrir esta conversación es urgente: la seguridad real no se construye con la tortura ni con el disciplinamiento de los cuerpos de las compañeras.De-construir la justicia es nuestra tarea.
