La violencia institucional vuelve a ensañarse con el activismo y la memoria de las víctimas. Nélida «Nelly» Gamboa Guillén, madre de Sandra Ayala Gamboa, denunció penal y públicamente que le retiraron y desmantelaron el espacio físico donde brindaba asistencia y contención a mujeres víctimas de violencia de género.
La oficina funciona en el histórico edificio de calle 7 entre 45 y 46,en pleno centro de La Plata, perteneciente al Ministerio de Economía bonaerense, donde su hija de 21 años fue violada y asesinada en febrero de 2007.
Según el desgarrador relato de Nelly, la directiva impulsada desde las autoridades provinciales apuntó a que el sitio debe reducirse únicamente a «una casa de memoria con un cuadro, un mueble y un florero». Le notificaron que puede ingresar al establecimiento «cuando quiera», pero le prohibieron terminantemente continuar con la atención al público y el acompañamiento directo.
La referente detalló, incluso, que recientemente se le impidió abrazar y escuchar a una joven que se había acercado de manera desesperada buscando su auxilio, y que la policía intentó retirarla por la fuerza del lugar.
Una provocación que ignora dos décadas de lucha
El conflicto se profundizó tras el derrumbe parcial del cielorraso ocurrido el pasado 28 de agosto en el sector administrativo de la sede, lo que requirió refacciones urgentes. Acompañada por promotoras territoriales y activistas de la asamblea, Nelly relató que el espacio físico se encontraba en condiciones el viernes, pero al regresar el lunes se toparon con que todo el mobiliario de contención había sido completamente desarmado y removido por orden oficial.
La medida desató el inmediato repudio y la movilización de distintas agrupaciones y familiares de víctimas de femicidios. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, la joven marplatense asesinada en 2016, viajó especialmente para ponerse al frente del reclamo y sostener de forma colectiva el cuerpo de Nelly.
La alianza entre ambas madres expone la potencia de una red que se niega a que la memoria de sus hijas sea tratada como un «objeto de museo» inanimado. Para Nelly y el movimiento feminista independiente de la región, la Casa Sandra no nació para ser un decorado estatal, sino un espacio vivo y parido desde el dolor para transformarlo en política de resguardo territorial. De hecho en todas las marchas realizadas en la ciudad al pasar por el lugar las mujeres gritan el nombre de Sandra Ayala Gamboa PRESENTE
El peso histórico de un suelo que exige justicia
Sandra Ayala Gamboa llegó a La Plata desde Perú con el sueño de estudiar Medicina. El 16 de febrero de 2007, ingresó al edificio de la entonces Dirección de Rentas bonaerense atraída por una falsa oferta laboral; su cuerpo fue hallado días después. Aunque en 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 condenó a prisión perpetua al violador serial Diego José Cadícamo, la causa permanece abierta debido al hallazgo de otros cuatro perfiles de ADN en la escena que jamás fueron identificados por la Justicia. Además, apenas en junio pasado, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo ratificó la responsabilidad civil de la Provincia de Buenos Aires por «falta de servicio estatal» al no garantizar la seguridad mínima del inmueble.
Convocando a asambleas y cortes sobre la Avenida 7, las promotoras territoriales exigen la inmediata restitución de la oficina de atención para Nelly.
Creemos como Nelly, a quien hemos entrevistado en nuestro programa que la memoria no se reduce a un cuadro colgado en la pared ni se gestiona bajo lógicas de exclusión burocrática. Exigimos una respuesta urgente al gobierno provincial. El lugar donde el Estado desamparó a Sandra debe seguir siendo la trinchera que abrace a quienes necesitan sobrevivir
