Crimen en La Cumbre: detuvieron a dos hombres —entre ellos al padre del joven que había denunciado a la víctima por abuso sexual—

 

El caso del ortodoncista hallado calcinado dentro de su camioneta en la Ruta 38 dio un giro en las últimas horas tras los allanamientos ordenados por la fiscal Paula Kelm. Antes de su muerte, el hombre había sido imputado por abusar de su «nieto de crianza» cuando era adolescente.

La investigación por el homicidio de Claudio Alberto Garavaglia, el ortodoncista de 65 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de su camioneta Toyota SW4 durante la madrugada del miércoles en el valle de Punilla, registró un avance decisivo este viernes: la Fiscalía de Instrucción N° 1 de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, ordenó la detención de dos hombres de 44 y 48 años imputados como presuntos coautores del crimen.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes judiciales y medios locales, uno de los detenidos es el padre del joven que en septiembre pasado denunció a Garavaglia por abuso sexual, mientras que el otro arrestado es un amigo suyo que también mantenía un vínculo cercano con la víctima. Los operativos se realizaron en la ciudad de Córdoba y en la localidad de Bialet Massé, donde se secuestraron armas de fuego y elementos de prueba clave para la causa.

El cuerpo de Garavaglia había sido encontrado cerca de las 4 de la madrugada del miércoles sobre la Ruta Nacional 38, entre La Cumbre y Los Cocos. La autopsia reveló que falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el tórax, y que el vehículo fue incendiado de manera intencional cuando ya estaba sin vida para intentar borrar rastros.

Aunque el Ministerio Público Fiscal señaló que aún se analizan distintas líneas —entre ellas un conflicto por la restitución de un inmueble y el abrupto distanciamiento entre la víctima y uno de los acusados—, el trasfondo de la denuncia por violencia sexual ocupa el centro de la escena pública y judicial.

El relato del sobreviviente y el peso del silencio

Horas antes de las detenciones, la abogada querellante Marcela Méndez había roto el silencio para detallar el calvario atravesado por su representado, hoy de 21 años. Según explicó la letrada, los hechos denunciados ocurrieron en 2020, cuando el joven tenía entre 15 y 16 años y estaba bajo el cuidado de Garavaglia, a quien consideraba su «abuelo del corazón» tras el fallecimiento de su abuela.

Recién el pasado 23 de septiembre, tras años de angustia, el joven logró poner en palabras lo sucedido y formalizar la presentación penal. A partir de pruebas aportadas al expediente —entre ellas, una grabación donde el propio Garavaglia le pedía disculpas al adolescente al día siguiente del ataque—, el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Ávila Echenique, lo había imputado el 5 de octubre por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guardador.

Lejos de cesar el hostigamiento tras la imputación, la abogada denunció que Garavaglia continuaba en libertad (con pericias psicológicas programadas recién para marzo de 2027), intentaba contactar al joven, rondaba su domicilio y amedrentaba a su entorno familiar jactándose de tener «poder y contactos en la Justicia». De hecho, Méndez se encontraba redactando un pedido urgente para prohibirle la salida del país cuando se enteró de su muerte.

Cuando la respuesta estatal llega tarde

Más allá del curso que tome la causa penal por el homicidio y las responsabilidades individuales que determine la Fiscalía de Cosquín, el caso vuelve a exponer las grietas de un sistema judicial que suele demorar respuestas urgentes frente a las denuncias de violencia sexual contra infancias y adolescencias.

Cuando las víctimas logran romper el silencio —un proceso subjetivo que lleva años y requiere redes de contención—, se enfrentan a plazos procesales extensos, medidas cautelares insuficientes y agresores que conservan margen para intimidar desde supuestas posiciones de poder.

Garantizar protección real, celeridad en las pericias y acompañamiento integral para quienes denuncian es una deuda estructural indispensable para que la reparación llegue a tiempo y desde las instituciones.

Si sufriste violencia sexual o conocés a un niño, niña o adolescente en situación de vulnerabilidad, podés comunicarte de forma gratuita y confidencial a la Línea 102 (atención especializada sobre derechos de infancias y adolescencias) o a la Línea 137 (atención a víctimas de violencia familiar y sexual).

 

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