Según el último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC-CIICTI) basado en datos del INDEC, la dotación del sector cayó un 11,3% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. El CONICET, el INTA y el INTI encabezan el desguace, profundizando una fuga de cerebros histórica y hipotecando el desarrollo soberano del país.
El sistema científico y tecnológico público argentino atraviesa una de las crisis laborales más profundas de su historia reciente. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026, se destruyeron 8.496 puestos de trabajo en organismos dedicados a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. La cifra representa una retracción del 11,3% de la dotación total del sector —que pasó de 75.121 a 66.625 trabajadores— y deja al país frente a una pérdida estructural de capacidades soberanas.
Los datos surgen del último informe de evolución de empleo y recursos humanos elaborado por el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), a partir de las estadísticas oficiales publicadas por el INDEC.
Una sangría que se triplicó en el último trimestre
Lejos de estabilizarse, el ajuste sobre la ciencia argentina se aceleró drásticamente en los últimos meses. Mientras que el promedio desde diciembre de 2023 era de 8,5 empleos perdidos por jornada, entre julio y septiembre de 2026 se eliminaron 2.096 puestos de trabajo: un ritmo de 22,8 empleos destruidos por día. En términos concretos, el país perdió un trabajador calificado cada 63 minutos.
Esta expulsión de recursos humanos altamente formados —financiados durante décadas por la universidad pública— no encuentra absorción en un sector privado también golpeado por la recesión, lo que empuja a miles de jóvenes científicos y científicas a abandonar la investigación o emigrar al exterior.
El mapa del desguace, organismo por organismo
El impacto de la motosierra alcanza a todas las áreas estratégicas del conocimiento, desde la producción agropecuaria y la industria hasta la meteorología y la energía nuclear:
CONICET: El principal organismo científico del país acumula la pérdida de 722 investigadores de carrera y personal de apoyo, a lo que se suma un brutal recorte de 2.418 becas doctorales y posdoctorales. En total, son 3.140 personas vinculadas a la investigación de excelencia que quedaron fuera del sistema.
INTA: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria sufrió una reducción del 27,3% de su planta total desde el inicio de la gestión libertaria, con 1.865 puestos menos. Casi mil de esas bajas (981) se produjeron en apenas tres meses, a más de diez despidos o retiros por día. Además, el proyecto de Presupuesto 2027 amenaza con recortar a la mitad sus fondos operativos.
INTI: El Instituto Nacional de Tecnología Industrial perdió el 28,6% de su dotación, debilitando el control de calidad y el soporte tecnológico para las pymes nacionales.
Áreas críticas vaciadas: En términos porcentuales, los recortes más severos golpearon a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (-45%), la Agencia I+D+i (-44,4%), el Instituto Nacional del Agua (-37,2%), el Banco Nacional de Datos Genéticos (-29,8%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-28,9%), junto con bajas sensibles en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y FAdeA.
Hipotecar el futuro
El desmantelamiento laboral corre en paralelo a un desplome presupuestario sin precedentes: la inversión estatal en ciencia y tecnología acumula una caída real superior al 45% entre 2023 y 2026.
Como advierten investigadores, sindicatos del sector y referentes académicos, destruir un equipo científico lleva apenas unos meses de ajuste fiscal, pero reconstruir esas líneas de investigación, laboratorios y generaciones de especialistas puede demandar décadas. Sin ciencia pública, no hay soberanía tecnológica, sanitaria ni productiva posible.









