Alivio para inquilinos: Presentan un proyecto de Régimen de Alquiler Social en la Provincia de Buenos Aires

(FOTO DE ARCHIVO / EPÍGRAFE: De izquierda a derecha: Alfredo Lavalle, José María Sacco, Luis Colao y el diputado Héctor Rubén Eslaiman durante la presentación del proyecto).

 

El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) dio un paso clave para abordar la crisis habitacional al presentar un proyecto de ley que busca crear el Régimen de Alquiler Social bonaerense. La iniciativa tiene como objetivo central reducir drásticamente los asfixiantes costos iniciales que enfrentan las familias bonaerenses al momento de ingresar a una vivienda en alquiler.

La propuesta fue entregada formalmente al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman (bloque Fuerza Patria) durante una reunión de trabajo con las autoridades de la entidad, con el fin de iniciar su tratamiento en la Legislatura provincial.

¿A quiénes beneficiará la medida?

El proyecto introduce el concepto de segmentación para asistir de forma selectiva a los sectores de menores ingresos en una provincia socialmente compleja. El beneficio aplicará para aquellos contratos cuyo monto locativo mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 (por 48 horas de trabajo) de la Administración Pública Provincial (Ley 10.430).

“La estrategia de dividir en grupos o regiones para asistirlos implica poner una mirada mucho más justa”, destacó Luis Colao, presidente de Martilleros BA.

Los 6 puntos clave para reducir los costos de ingreso

Quienes califiquen para este régimen especial contarán con importantes exenciones y facilidades:

  • Honorarios a cargo del propietario: Los honorarios de los martilleros, corredores o profesionales que intervengan en la confección de los contratos serán afrontados exclusivamente por los locadores.
  • Informes gratuitos: Los trámites y consultas ante el Registro de la Propiedad Inmueble no tendrán ningún costo para el inquilino.
  • Exención impositiva: Se revisará el tope de la valuación fiscal para eximir el pago del Impuesto de Sellos.
  • Trámites de servicios sin costo: Las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán cobrar cargos por conexión, reconexión, depósito o cambio de titularidad.
  • Certificaciones ágiles y gratuitas: Para dar de alta los servicios bastará con presentar el contrato. Las certificaciones de firmas —ya sean por Juzgados de Paz o por el Colegio Profesional— serán totalmente gratuitas para el locatario.
  • Incentivos para propietarios: Se creará un régimen de simplificación fiscal que eximirá de impuestos a los dueños que vuelquen sus viviendas a este mercado, invitando además a los municipios a sumar exenciones de tasas locales.

El rol del Estado y el esfuerzo conjunto

Desde el sector profesional aclararon que esta medida busca ser un puente de coparticipación y no una carga para los privados. “Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado”, concluyó Colao, enfatizando que el esfuerzo conjunto facilitará el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables.

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