El sálvese quien pueda inmobiliario deja a un tercio de los inquilinos en emergencia habitacional.
Frente a la desregulación absoluta impuesta por el Gobierno de Milei, organizaciones sociales tejen redes para transformar casas ociosas en alquileres sociales.
La crisis habitacional en la Argentina, y de manera brutal en la Ciudad de Buenos Aires, puede resumirse en una contradicción violenta: mientras miles de familias son empujadas al hacinamiento, el endeudamiento o la situación de calle, el cemento porteño desborda de departamentos vacíos destinados a la especulación financiera. El acceso a la vivienda digna ha dejado de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un privilegio de mercado inaccesible.
La consigna del «viva la libertad carajo», el retiro total de las regulaciones públicas ha expuesto a las mayorías inquilinas a las reglas asimétricas de un mercado desbocado. Sin embargo, ante el vacío estatal, la sociedad civil y diversas fundaciones empiezan a articular propuestas disruptivas para disputar el sentido de la vivienda.
La trampa de la «libertad»: la vida a expensas de la extorsión
La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70 del gobierno de Javier Milei se presentó oficialmente como el milagro de la «libre negociación entre partes».
El relato libertario insiste en que la oferta creció, pero omite un detalle crucial: liberar las reglas en un mercado donde una parte tiene la necesidad urgente de un techo y la otra puede esperar sentada sobre su patrimonio no es libertad; es una extorsión legalizada.
Si bien la antigua ley de alquileres tenía severas fallas técnicas en un contexto hiperinflacionario, funcionaba como un débil dique de contención que garantizaba contratos a tres años y actualizaciones previsibles en moneda nacional.
Su desmantelamiento total abrió las compuertas de la arbitrariedad: hoy, los inquilinos firman contratos con aumentos trimestrales o cuatrimestrales atados a cualquier índice, indexaciones en dólares y plazos de apenas un año o meses.
Radiografía del ahogo: los números del drama habitacional
Los datos de la Encuesta Nacional Inquilina de julio de 2026 arrojan una radiografía devastadora del impacto del libre mercado en los hogares argentinos:
Emergencia habitacional: El 29,7% de los hogares inquilinos (casi uno de cada tres) se encuentra en situación crítica. Esto implica que sufren simultáneamente la imposibilidad de pagar, deudas activas y la amenaza inminente de mudanzas forzosas.
La soga del endeudamiento: El 72,9% de los inquilinos convive con deudas activas para poder sostener el techo, y más del 57% debe destinar más de la mitad de sus ingresos familiares exclusivamente a pagar el canon mensual. En CABA, la mediana de un alquiler básico ya trepó a los $700.000, mientras que el salario promedio arrastra una pérdida de poder adquisitivo del 23% frente a años anteriores.
La paradoja ociosa: Mientras se expulsa a los vecinos, en la Ciudad de Buenos Aires existen entre 100.000 y 228.000 viviendas estructuralmente vacías u ociosas. Inmuebles retenidos por herencias sin resolver, trabas legales o simple especulación rentística de sectores que prefieren el candado antes que un alquiler permanente.
Rostros de la exclusión: tener la plata no alcanza
El mercado formal de alquileres exige requisitos que marginan de forma sistemática a quienes sostienen la economía desde la informalidad. Hoy, no tener un recibo de sueldo tradicional o una garantía propietaria de Capital Federal equivale a ser un paria habitacional.
«Tengo un taller de costura propio y gano bien, puedo pagar los 700 mil pesos que me piden por un dos ambientes en Flores, pero no tengo cómo demostrarlo en un papel de la AFIP», relata Marta (34), madre soltera y trabajadora independiente. «Cuando les digo que soy monotributista social me cierran la puerta en la cara. Terminé alquilando una habitación en una casa compartida, sin contrato, donde el dueño me aumenta lo que quiere cada dos meses porque sabe que no tengo adónde ir con mi hijo«.
El caso de Carlos (28), repartidor de aplicación y estudiante de enfermería, expone la misma trampa: «La inmobiliaria me pedía tres recibos de sueldo que triplicaran el valor del alquiler y un seguro de caución que costaba una fortuna. Como trabajo con la app, para el sistema yo no existo. Vivimos bajo la dictadura de los intermediarios. Si no tenés un familiar rico que te salga de garante, la única opción es caer en pensiones o contratos ‘blue’ que son una estafa».
Alquiler Social: la respuesta comunitaria frente al abandono estatal
Ante este abismo, la iniciativa presentada por Bárbara Bonelli, directora de la ONG Hábitat para la Humanidad Argentina, abre una luz de respuesta concreta a través de su proyecto de Inmobiliaria Social.
El diagnóstico de la organización (que lleva 23 años en el país y 15 sosteniendo un modelo exitoso en La Boca) aborda las dos caras de la crisis: por un lado, un 43,2% de trabajadores informales en CABA que tienen capacidad económica para pagar un alquiler mensual pero son rechazados por el mercado tradicional; por el otro, dueños de viviendas vacías —muchos de ellos adultos mayores con ingresos pasivos— que no pueden afrontar los altos costos de refacción edilicia ni las expensas mensuales (que promedian entre $250.000 y $270.000).
La propuesta de Hábitat para la Humanidad consiste en intermediar con estos propietarios, financiar la puesta a punto y refacción de los edificios ociosos, y destinarlos a alquileres sociales estables para sectores informales.
El dueño deja de acumular deudas de un «costo hundido», capitaliza su propiedad a través de la obra y percibe un ingreso seguro; el inquilino accede a un contrato justo sin la barrera de la exclusión burocrática.
Otras alternativas desde el activismo y la autogestión
Hábitat para la Humanidad no está sola en la trinchera. Diferentes fundaciones y agrupaciones de inquilinos ensayan ideas para cortocircuitar la especulación:Sistema de Alquiler Protegido (SAP):
Organizaciones como Inquilinos Agrupados impulsan proyectos de ley orientados a prohibir la vivienda ociosa de forma permanente y crear un registro donde las propiedades con herencias vacantes sean absorbidas por el Estado para conformar un parque de alquiler público a precios regulados, copiando modelos de ciudades como Viena o Barcelona.
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua: Inspiradas en el modelo uruguayo de FUCVAM, federaciones sociales promueven la autogestión de tierras para que las propias familias construyan sus complejos habitacionales con propiedad colectiva, impidiendo que las unidades vuelvan a ser vendidas al mercado inmobiliario especulativo.
Fideicomisos Sociales de Refacción: Propuestas de particulares y arquitectos populares que buscan agrupar pequeños ahorros de la clase media para recuperar conventillos, pensiones o inquilinatos degradados en zonas críticas de la ciudad (como Constitución, Flores o el macrocentro), asegurando la habitabilidad y fijando pautas de alquiler que no superen el 30% del salario mínimo de los ocupantes.
Mientras el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sufre su nivel más bajo en 14 años y los desalojos aumentan de la mano del ajuste presupuestario, las iniciativas comunitarias demuestran que la salida a la crisis habitacional no vendrá de la mano del libre mercado, sino de la organización colectiva que entienda a la vivienda como lo que es: un derecho humano indispensable para la vida.
