La indignación social ha vuelto a desbordar las principales avenidas de Chile. En un escenario que evoca las históricas movilizaciones estudiantiles y feministas del país trasandino, cientos de miles de personas se movilizan con una exigencia unánime: la renuncia inmediata del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.
El detonante es de una gravedad institucional extrema: la rebaja discrecional de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad mediante decretos validados por la administración del ultraderechista José Antonio Kast.
La decisión de la cartera de Justicia chilena no representa un mero «error administrativo» o un «vacío legal» —como intenta justificar el Ejecutivo—, sino una vulneración flagrante del principio del interés superior del niño y un acto de violencia institucional hacia las víctimas y sus familias. Al amparar la reducción de penas a agresores sexuales, el Estado incumple sus compromisos internacionales de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las infancias.
La respuesta en las calles, liderada por colectivos como Las Tesis y masivas columnas de estudiantes, vuelve a instalar la icónica performance «Un violador en tu camino» frente a La Moneda, resignificando que el Estado opresor también es aquel que garantiza la impunidad desde los escritorios oficiales.
Visibilizar esta crisis es fundamental para denunciar cómo las agendas de ultraderecha desmantelan activamente los andamiajes de protección de los derechos humanos.
Mientras el presidente Kast respalda a su ministro y la oposición avanza hacia una Acusación Constitucional en el Congreso, la organización comunitaria y la persistencia en las calles demuestran que la impunidad patriarcal no pasará inadvertida.
La protección de las infancias y la exigencia de una justicia con perspectiva de género no son negociables, y el pueblo chileno lo está sosteniendo cuerpo a cuerpo.
