En el transcurso de las últimas semanas de octubre de 2026, dos situaciones de extrema gravedad volvieron a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad y la falta de protección efectiva que sufren las infancias en los entornos intrafamiliares de nuestro país. Dos niñas ingresaron a centros de salud por dolores abdominales crónicos en distintos puntos del territorio, revelando la cara más cruel del abuso sexual y exponiendo la inacción o complicidad de las redes de cuidado primarias.
Grave situación en el Conurbano Bonaerense
A finales de septiembre, una adolescente de 14 años ingresó al Hospital Evita Pueblo de la localidad bonaerense de Berazategui presentando cuadros de dolores estomacales y vómitos recurrentes.
El examen de los profesionales médicos constató un embarazo en curso de aproximadamente cinco meses, momento en el cual la menor pudo romper el silencio y declarar que sufría abusos sistemáticos desde los 8 años por parte de su progenitor.
La intervención judicial, radicada formalmente ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 8 de esa localidad, derivó de inmediato en la detención del presunto agresor bajo la imputación de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Asimismo, las autoridades ordenaron la detención de la madre de la víctima bajo la sospecha de encubrimiento. El equipo médico del hospital activó con urgencia los protocolos vigentes para garantizar y acompañar el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El mismo horror en Santiago del Estero
Pocas semanas después, a mediados de octubre, una escena de idéntico dolor se replicó en el Hospital de Colonia Dora, en la provincia de Santiago del Estero.
Una niña de tan solo 10 años asistió al centro médico afectada por una fuerte descompostura. Fue la mirada atenta y el compromiso de la obstetra de guardia lo que permitió identificar que la menor se encontraba cursando una gestación de seis meses. Al recibir contención por parte del personal de salud, la niña denunció a su padrastro como el autor de los ultrajes.
La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía comandada por Guillermo Farías, que dispuso la detención del sospechoso en una zona rural del departamento Avellaneda y el secuestro de su teléfono móvil para recabar evidencia digital. A los fines de salvaguardar su integridad física y psíquica, la niña fue trasladada de forma inmediata junto a su madre al Centro Integral de Salud (CIS) en la ciudad de La Banda, donde recibe el tratamiento idóneo y el resguardo tutelar que exige la ley.
El desmantelamiento estatal como complicidad silenciosa
Desde organizaciones especializadas e interdisciplinarias de derechos humanos sostienen de manera histórica que el embarazo infantil forzado nunca es un accidente: constituye siempre la manifestación explícita de un sistema que falló previamente en la prevención y detección temprana.
Estos casos vuelven a visibilizar la urgencia de sostener y expandir políticas públicas de cuidado y educación que actualmente sufren recortes brutales.
La efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las aulas resulta la herramienta central para que las infancias puedan identificar, nombrar y denunciar situaciones de abuso.
El desfinanciamiento de programas como el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) deja a miles de niñas a merced del silencio intrafamiliar y la impunidad de los agresores.
Forzar a una niña a transitar una gestación producto de una violación es tortura; garantizar el acceso a la ILE y a una contención integral libre de prejuicios es una obligación ineludible del Estado y sus efectores de salud.
Si tenés sospechas o necesitás orientación ante un caso de vulneración de derechos contra las infancias en Argentina, podés comunicarte de forma gratuita, anónima y confidencial durante las 24 horas a la Línea 102 o a la Línea 137 de asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual.
