La complicidad del Poder Judicial con los abusadores y la persecución sistemática a las madres que protegen ya no se pueden ocultar bajo la alfombra.
En un fallo histórico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó formalmente al Estado argentino ante la Corte Interamericana El motivo: la desprotección absoluta de una niña que denunció haber sido abusada sexualmente por su progenitor, y la posterior criminalización de su mamá por intentar salvarla
El caso, que salió a la luz a través de un informe del portal judicial Litigio, expone los mecanismos de una justicia ciega, sorda y profundamente patriarcal.
El calvario judicial: Cuando proteger a tu hija es un «delito»
La historia se remonta a 1998, tras la separación de los padres de la menor
Al detectar alarmas claras de violencia sexual contra su hija, la madre, Marisa Romero, solicitó suspender de inmediato el régimen de visitas. La respuesta del progenitor fue la de manual: acusar a la madre de «impedir el contacto».
A pesar de que la niña manifestó en reiteradas ocasiones el terror que sentía de estar a solas con él, el Tribunal de Familia ignoró su palabra. En lugar de resguardarla, los jueces obligaron a mantener los encuentros e incluso ordenaron cambiar la tenencia a favor del presunto abusador
Para coronar el horror institucional, en el año 2001 la justicia argentina condenó penalmente a la madre por el supuesto delito de «impedimento de contacto».
Una vez más, el Estado castigó el cuidado y premió la sospecha.
La lapidaria radiografía de la CIDH: Tortura institucional y estereotipos de género
La CIDH fue contundente al analizar cómo el Estado argentino manejó la situación, destrozando los argumentos de los tribunales locales al señalar tres fallas aberrantes:
- Revictimización y tortura psicológica: Sometieron a la niña a un desfile interminable de pericias, evaluaciones y entrevistas excesivas, cambiando constantemente de profesionales sin criterios claros .
- Falta absoluta de perspectiva de infancia: El Poder Judicial abordó la denuncia de abuso sexual como si fuera una simple «guerra de pareja» por el divorcio, borrando por completo las necesidades y los derechos humanos de la menor.
- Ataque machista a la credibilidad de la madre: Para justificar la impunidad del progenitor, los funcionarios judiciales desacreditaron a Marisa Romero usando estereotipos de género sobre su vida privada y personal, presentándola como una «madre conflictiva».
Un freno internacional al mito de la «madre loca»
El organismo internacional concluyó que la posterior absolución del progenitor en el ámbito penal se dictó bajo una total omisión de las pruebas de vulnerabilidad y género. Al elevar el caso a la Corte IDH, la CIDH exige que el Estado argentino cumpla de manera obligatoria con tres medidas urgentes:
- Reparación integral económica y moral para la víctima y su madre.
- Atención médica y psicológica inmediata y especializada para revertir los años de daño institucional.
- Creación de protocolos obligatorios para que los juzgados civiles, de familia y penales dejen de usar falsas teorías como el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y traten las denuncias de abuso sexual infantil con verdadera perspectiva de género.
Desde Las Brujas que Salem abrazamos a Marisa y a su hija. Este fallo demuestra lo que los feminismos venimos gritando en las calles: el Poder Judicial es responsable. Proteger a las infancias no es un delito. Romper el pacto machista de los juzgados es una urgencia vital. Yo sí te creo, las infancias no mienten.
