En medio de una realidad social crítica que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, una coalición de organizaciones civiles especializadas en infancia y derechos humanos alzó la voz para denunciar la parálisis institucional en el Parlamento.
A través de una carta abierta, entidades como ACIJ, Poder Ciudadano, ELA y la organización social La Poderosa reclamaron a los bloques legislativos que cesen las disputas partidarias que mantienen frenada la designación del Defensor Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
Emergencia alimentaria y estructural
El reclamo de las organizaciones no se limita a un mero trámite administrativo, sino que expone la dramática situación que atraviesan los menores en el país, respaldada por datos estadísticos de organismos locales e internacionales:
Hambre diario: 1 millón de menores de edad deben saltearse el desayuno, el almuerzo o la cena cada día por carencias económicas, según la última encuesta de UNICEF.
Privación nutricional: 4 millones de niñas, niños y adolescentes sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Pobreza estructural: El 40% de las infancias (4 de cada 10 chicos) se crían bajo la línea de pobreza, en base a los indicadores oficiales del INDEC.
El conflicto en la Comisión Bicameral
Frente a este escenario de vulnerabilidad, las organizaciones denunciaron que la Comisión Bicameral —el órgano parlamentario encargado de nombrar y controlar a la Defensoría— se constituyó el pasado 12 de mayo violando el artículo 49 de la Ley 26.061.
La normativa exige que este cuerpo respete de forma estricta la representación política proporcional de las cámaras y que sus resoluciones se tomen mediante el voto de los dos tercios de sus miembros, requisitos que no se cumplieron debido a peleas de poder entre los bloques del Senado.
Un pliego clave con fecha de vencimiento
Las ONG advirtieron que estas irregularidades amenazan con hacer caer el segundo concurso público de oposición y antecedentes para la elección del Defensor, un proceso transparente que ya cuenta con la aprobación de más del 75% de la Cámara de Diputados (156 votos a favor).
La terna de candidatos seleccionados se encuentra actualmente en el Senado de la Nación a la espera de su votación definitiva.
Las entidades civiles alertaron que el pliego tiene vigencia legal únicamente hasta el 15 de septiembre de 2026. Cualquier intento de modificar o dilatar los plazos reglamentarios de forma arbitraria dejaría al organismo acéfalo y vulneraría la seguridad jurídica de un concurso que es modelo institucional en el país.
El documento concluye con un llamado urgente a la responsabilidad institucional de los legisladores, recordando que la Ley de Protección Integral obliga al Estado a otorgar «prioridad absoluta» a las políticas y organismos destinados a resguardar la vida de las infancias argentinas.
