Un límite a la motosierra: el juez Ramos Padilla frenó el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos

     

    Frente al feroz ajuste de la administración de Javier Milei, una medida cautelar interina y el histórico reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo obligaron al Ejecutivo a destinar $590 millones adicionales para garantizar los cotejos de ADN de los bebés robados en la última dictadura. El fallo ratifica el derecho a la identidad como política de Estado innegociable.

    En un escenario político marcado por el desmantelamiento de áreas estatales sensibles, el Poder Judicial de la Nación volvió a fijar un límite constitucional insoslayable. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dio por cumplida la finalidad de una medida cautelar interina luego de que el Gobierno nacional cediera y ampliara en 590 millones de pesos el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)

    La partida garantiza que la institución, pionera a nivel mundial, continúe buscando a los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado

    La crisis se había desatado el pasado 8 de mayo, cuando la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, advirtió a la Justicia que el ahogo financiero impedía seguir tomando muestras biológicas [3]. Ante el inminente freno de las identificaciones, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños (Uficante) —dirigida por Pablo Parenti—, fiscales platenses y las abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo exigieron una intervención urgente.

    Seis días después, Ramos Padilla intimó directamente a la Jefatura de Gabinete  La presión judicial forzó una reunión de urgencia donde el Ejecutivo libertario tuvo que dar marcha atrás con el recorte

    La advertencia de Ramos Padilla: la ciencia y la identidad no se negocian

    En su resolución, Ramos Padilla no se limitó al plano administrativo, sino que dictó una fuerte sentencia doctrinaria en defensa de la memoria histórica El magistrado advirtió sobre la «contradicción inversa» que pretendía aplicar el Gobierno: mantener las leyes vigentes pero desarticular las herramientas científicas para ejecutarlas

    «La sola posibilidad de que el funcionamiento del BNDG se vea afectado significaría un enorme retroceso no solo para la memoria, la identidad y los derechos humanos a nivel nacional, sino también en el mundo entero», sentenció el titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata

    Asimismo, recordó que la Argentina fue pionera global en consagrar el derecho a la identidad en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, justamente gracias al empuje de las Abuelas de Plaza de Mayo

    Un juez con historia en la defensa de los Derechos Humanos

    El freno al ajuste del BNDG no es un hecho aislado en la trayectoria de Alejo Ramos Padilla, quien viene consolidándose como uno de los magistrados con mayor firmeza a la hora de defender las garantías fundamentales y la soberanía jurídica frente a los excesos del poder político:

    • Freno a los nombramientos por decreto en la Corte (2015): Siendo juez federal interino de Bahía Blanca, Ramos Padilla dictó una histórica medida cautelar que suspendió los nombramientos «en comisión» de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, pretendidos por el entonces presidente Mauricio Macri mediante un decreto de necesidad y urgencia, obligando a respetar el mecanismo constitucional del Senado.
    • Desarticulación del espionaje ilegal (Caso D’Alessio – 2019): Desde el Juzgado Federal de Dolores, lideró la investigación contra una red de espionaje ilegal técnico, paraestatal y judicial que coaccionaba a empresarios, opositores y periodistas, desnudando los «sótanos de la democracia».
    • Garantía del derecho al voto de los presos (2021): Ya a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral, impulsó amparos y medidas de infraestructura para asegurar de forma efectiva el derecho al voto de las personas procesadas y privadas de su libertad en los penales de la provincia de Buenos Aires.

    Con esta nueva resolución, la Justicia Federal vuelve a recordar que la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos constituye una «obligación primordial del Estado» que ninguna planilla de déficit cero puede pasar por alto

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