Las leyes de paridad conquistadas en los últimos años en Argentina pretendieron dibujar un escenario de equidad, pero la realidad puertas adentro del poder es sumamente hostil. El reciente y contundente informe presentado por la oficina de ONU Mujeres Argentina, titulado “Obstáculos a la participación política de las mujeres. Estudio de prevalencia de violencia contra las mujeres en política en Argentina”, echó luz con datos estadísticos indiscutibles sobre una verdad que las dirigentas denuncian a diario: la violencia contra las mujeres en política (VCMP) es la principal barrera estructural para la participación democrática en el país.
El estudio, financiado por la Unión Europea (programa WYDE) y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida), fue elaborado junto al Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Lejos de basarse en meras percepciones, el documento analizó de manera directa la experiencia de 521 mujeres que ocupan cargos electivos legislativos (481 concejalas y 40 legisladoras nacionales).
Sus resultados representan a un universo total de 2.139 legisladoras vigentes en todo el territorio nacional, dejando en claro que las agresiones no son hechos aislados, sino un mecanismo sistemático orientado a disciplinar, silenciar y expulsar a las lideresas de los espacios de poder.
La paridad en Jaque: el diagnóstico estadístico de las barreras democráticas
El informe de Naciones Unidas desglosa de manera exhaustiva los diferentes tipos de violencia y dinámicas cotidianas que desgastan las trayectorias de las mujeres en la gestión pública. Se identifican bloqueos específicos que trascienden lo discursivo y atentan de forma directa contra el ejercicio del poder real.
Radiografía del acoso: Las 5 armas del patriarcado para desgastar liderazgos
Violencia psicológica y descalificación: El cuestionamiento permanente a la capacidad intelectual. Se manifiesta en la minimización sistemática de los proyectos presentados por mujeres en el tratamiento de comisiones legislativas y en comentarios sexistas cargados de condescendencia.
Ciberacoso coordinado: Campañas de desprestigio y odio sexual en entornos virtuales. Las redes sociales son utilizadas como la principal herramienta de asedio público, recurriendo a descalificaciones de índole personal e íntima para destruir la reputación y la salud mental de las legisladoras.
Asfixia económica: La retención selectiva de recursos y fondos de campaña. El estudio detectó que dentro de las estructuras partidarias tradicionales se retienen fondos legítimos o se asignan presupuestos visiblemente menores a aquellas listas encabezadas por mujeres en comparación con sus pares varones.
Exclusión de la «mesa chica»: Negociaciones informales pensadas por y para varones. Persisten los ámbitos de debate nocturnos o informales que segregan activamente a las legisladoras de las instancias definitivas donde se define el rumbo de las fuerzas políticas.
El impuesto invisible: La falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidado. La desigual distribución de la carga doméstica y familiar opera como un limitante invisible de tiempo, restringiendo la disponibilidad horaria necesaria para sostener y ascender en la carrera política.
El Estado da la espalda: retroceso institucional y desmantelamiento de garantías
La presentación de este informe, realizada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, encendió de inmediato las alarmas debido al alarmante contexto sociopolítico que atraviesa el país. Diversas organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia —como DataGénero y Ojo Paritario— advirtieron que el desmantelamiento generalizado de los organismos dedicados a las políticas de género y la desprotección estatal debilitan por completo la efectividad real de las leyes vigentes, como la histórica Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
Sin ministerios, sin presupuestos y con discursos oficiales que validan activamente la hostilidad hacia las agendas de igualdad, las herramientas de denuncia corren el riesgo de quedar reducidas a cáscaras vacías.
En primera persona: Las marcas de la violencia en los cuerpos de las dirigentas
El informe de ONU Mujeres le pone números fríos a una matriz de violencia que las dirigentas argentinas de distintas banderas políticas vienen denunciando y soportando históricamente en el cuerpo:
Cristina Fernández de Kirchner: La dos veces presidenta y vicepresidenta de la Nación 
ha señalado de forma reiterada cómo los ataques hacia su figura estuvieron sistemáticamente atravesados por componentes de violencia política de género, ensañamiento sobre su condición de mujer y caricaturizaciones misóginas en medios de comunicación dirigidas a disciplinar su liderazgo.
Ofelia Fernández: Exlegisladora de la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en uno de los 
máximos emblemas del ciberacoso y la violencia digital en el país. Desde su llegada a la función pública siendo la legisladora más joven de América Latina, enfrentó campañas de odio coordinadas con insultos agravados por su aspecto físico y descalificaciones diarias orientadas a minar su salud mental y forzar su retiro de la esfera pública.
Silvia Lospennato: La diputada nacional de Propuesta Republicana (PRO) y una de las 
principales diputadas impulsoras de la Ley de Paridad de Género, ha expuesto de forma abierta las sutiles pero feroces resistencias internas que operan en el Congreso. Denunció en reiteradas oportunidades el «pacto de caballeros» de las mesas chicas y cómo se utiliza el control de los recursos económicos para desplazar activamente a las mujeres de las decisiones partidarias reales.
Urgen protocolos: sin vidas libres de acoso no hay democracia real
Frente a este escenario de desamparo, ONU Mujeres enfatizó la necesidad urgente de que los partidos políticos, los poderes judiciales y los órganos electorales adopten protocolos internos de actuación rápidos, serios y sostenidos.
No alcanza con cumplir un cupo en una lista si el ejercicio del poder implica someterse a la violencia.
Garantizar la participación política de las mujeres libre de acoso no es una concesión partidaria: es un requisito indispensable para que un país pueda llamarse, verdaderamente, una democracia.
RECURSOS Y VÍAS DE DENUNCIA VIGENTES EN ARGENTINA
Si sos dirigenta, militante, funcionaria o estás atravesando situaciones de acoso y violencia por motivos de género en el ámbito político o institucional, podés acudir a los siguientes canales nacionales y especializados:
• LÍNEA 144 (Atención, contención y asesoramiento): Funciona las 24 horas, los 365 días del año de forma gratuita y confidencial en todo el país. Brinda orientación legal y psicológica ante violencia política, institucional o laboral regulada por la Ley 26.485. – Teléfono: 144 – WhatsApp (Provincia de Buenos Aires): 221 508 5988 (Solo mensajes) • MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Denuncias Penales): Si los hechos constituyen delitos (amenazas, coacción, extorsión, etc.), se debe realizar la denuncia formal en las fiscalías penales de turno o comisarías.
– CABA: El Ministerio Público Fiscal de la CABA cuenta con fiscalías especializadas en Violencia de Género (mpfciudad.gob.ar).
– UFEM (Unidad Fiscal de Especializada en Violencia contra las Mujeres): Asiste en investigaciones de violencia de género complejas (mpf.gob.ar/ufem).
• LÍNEA 134 (Denuncias del Ministerio de Seguridad): Habilitada para la recepción y canalización de denuncias vinculadas a abusos institucionales o faltas a la seguridad pública. – Correo electrónico oficial: denuncias@minseg.gob.ar • EMERGENCIAS: Ante riesgo inminente o peligro de integridad física, comunicarse de forma inmediata con emergency services de tu localidad.
