Un nuevo y brutal crimen sacude las fibras más íntimas de la provincia de Tucumán, dejando al desnudo la desprotección sistemática que sufren las mujeres en los contextos rurales. Durante las últimas horas de la noche del domingo, la localidad de 7 de Abril, ubicada en el departamento de Burruyacú —a unos 190 kilómetros de la capital provincial—, se convirtió en el escenario de una tragedia anunciada: Yolanda Beatriz Amaya, de 53 años, fue asesinada a escopetazos por su esposo, René Sierra, de 56 años, quien posteriormente se quitó la vida en una zona de monte con la misma arma.
El caso, que ya se investiga bajo la hipótesis firme de femicidio seguido de suicidio, eleva a seis la alarmante cifra de femicidios perpetrados en el territorio tucumano en lo que va del año.
El macabro hallazgo: la búsqueda impulsada por la familia en la oscuridad
El horror comenzó a desentramarse cuando la nuera de la pareja, residente en una vivienda colindante dentro del mismo predio familiar, advirtió una ausencia inusual y prolongada en el hogar principal. Ante la sospecha de que ambos se habían dirigido a un sector de campo lindero con el propósito de soltar los caballos de la familia, la mujer, en compañía de la hija de la pareja, decidió iniciar un rastrillaje civil en las inmediaciones.
Con la única ayuda de linternas, las familiares ingresaron en una zona de monte espeso ubicada en la parte posterior de la propiedad. Fue allí donde la luz enfocó la peor de las escenas: el cuerpo de Yolanda yacía sin vida con un impacto de bala en la cabeza, y a escasos metros se encontraba el cadáver de Sierra.
Personal de la Comisaría de 7 de Abril acudió de inmediato ante el desesperado llamado de alerta, preservando el lugar para la intervención judicial.
Antecedentes de maltrato y alcoholismo
La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal (MPF), liderada por el fiscal Carlos Sale. En el lugar de los hechos trabajó intensamente el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y el cuerpo de Bomberos de la Policía, extendiendo los peritajes de levantamiento de muestras y balística hasta altas horas de la madrugada.
En la escena se procedió al secuestro de una escopeta, la cual habría sido utilizada por Sierra tanto para fusilar a su esposa como para efectuar su propio disparo letal.
Los testimonios preliminares recogidos por la fiscalía en el entorno vecinal y familiar directo fueron categóricos y destruyeron cualquier intento de catalogar el hecho como un «crimen pasional» o un enigma. La relación de la pareja estaba estructuralmente atravesada por constantes episodios de violencia de género, agresiones físicas previas y un severo cuadro de consumos problemáticos de alcohol por parte del femicida.
La justicia ahora aguarda los informes oficiales de las autopsias de la Morgue Judicial para corroborar la secuencia cronológica y la mecánica definitiva del ataque.
Cuando el silencio estatal se convierte en cómplice de los femicidas
Nos negamos a contar este hecho como una simple crónica de la sección policiales. Yolanda Amaya no murió por una «tragedia familiar»; a Yolanda la mató el machismo armado y la mató el abandono de un Estado que decidió desmantelar los muros de contención para las víctimas.
Burruyacú vuelve a sangrar, y no es casualidad. En las localidades rurales del interior de nuestras provincias, donde las distancias de los centros urbanos asfixian y los recursos escasean, las mujeres que atraviesan situaciones de violencia intrafamiliar se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Si a ese aislamiento geográfico le sumamos una política nacional abocada a disolver los organismos de acompañamiento, retirar las herramientas territoriales de prevención y licuar los presupuestos destinados a proteger las vidas de las mujeres, el resultado es una pasarela libre para los violentos.
Gobernar no es solamente cuadrar una caja fiscal o mirar el superávit de una planilla desde un despacho porteño. Gobernar es salvar vidas. Cuando se convalida el discurso de que las políticas de género son «gastos innecesarios», se desprotege de forma directa a mujeres como Yolanda, dejándolas solas frente a sus agresores.
La violencia de género en Tucumán es el principal motor de los homicidios provinciales. Seguir mirando para otro lado o vaciando las líneas de asistencia no es austeridad: es complicidad institucional selectiva.
Los 6 femicidios en Tucumán
Con el violento crimen de Yolanda Beatriz Amaya en Burruyacú, la provincia alcanza de manera oficial la dolorosa cifra de 6 femicidios en lo que va del año.
A continuación, rescatamos los nombres y fechas de las vidas arrebatadas por la violencia machista para que no queden reducidas al olvido:
ÉRIKA ANTONELLA ÁLVAREZ (25 años) | 8 de Enero
Su cuerpo fue hallado con signos de extrema violencia en un basural del barrio Manantial Sur. Por el caso se encuentra imputado y con prisión preventiva Felipe Sosa (51), un exmilitar que ya acumulaba denuncias previas por violencia.
NOEMÍ LEDESMA (72 años) | Mediados de Enero
Fue encontrada con graves politerraumatismos en su vivienda de Villa 9 de Julio. Falleció poco después de ingresar al hospital. El principal sospechoso es su propio hijo, un oficial de la Policía de Tucumán a quien ella había denunciado días antes del ataque.
LUISA ELIZABETH MENDOZA (50 años) | 27 de Enero
Asesinada en la localidad de Taco Ralo. El agresor fue su expareja, quien reprodujo la mecánica letal de Burruyacú: tras fusilar a Luisa con un arma de fuego, se quitó la vida en el lugar.
YOLANDA BEATRIZ AMAYA (53 años) | 30 de Agosto
Ejecutada a tiros por su esposo René Sierra en un monte trasero de su predio familiar en 7 de Abril, Burruyacú. El femicida se suicidó tras el ataque.
A estos dos casos se suman los cadáveres de dos mujeres que por cuestiones judiciales no nombramos, una orienda de Santiago del Estero y otra que está en investigación judicial con fuertes reservas de sus datos.
