El laberinto de la impunidad judicial y la falta de respuestas policiales eficaces frente a la violencia machista extrema obligaron a un giro rotundo en las estrategias de visibilización en el sur del país.
Por primera vez en ocho años de gestión, la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén convocó a una conferencia de prensa de urgencia para exhibir de manera directa el rostro y la identidad de un agresor prófugo. La medida, encabezada por la funcionaria Alejandra Oehrens desde la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko, busca cercar comunitariamente a Jonathan Fabián Ulloa, apodado «El Tanke», un hombre con pedido de captura vigente que continúa acechando la vida de su expareja.
La denuncia pública de la subsecretaria Oehrens marcó un quiebre de principios en la cobertura de las violencias de género de la provincia. A partir de este hito institucional, el organismo municipal determinó que dejará de colocar los nombres y apellidos de las mujeres agredidas en los informes públicos, trasladando la exposición social de forma exclusiva a los victimarios como un mecanismo de autodefensa y alerta comunitaria.
El prontuario real y la precisión de la causa penal
Abordar estas alertas exige una rigurosidad absoluta en el desglose de los datos forenses y las carátulas judiciales, evitando confusiones que diluyan la gravedad del expediente. El prontuario que arrastra Ulloa desde que se inició su causa en los tribunales de Familia en julio de 2025 delata la escala de letalidad de su conducta:
- Las 32 denuncias en el fuero civil: La víctima tuvo que acudir más de una treintena de veces a las dependencias judiciales para denunciar las agresiones físicas, las extorsiones y el hostigamiento psicológico antes de que el caso fuera derivado al fuero penal. [
- La condena previa y los 15 incumplimientos de conducta: Tras la intervención de la Subsecretaría, la Justicia penal homologó el 3 de julio de 2026 un acuerdo de juicio abreviado que le impuso a Ulloa una pena de dos años de prisión en suspenso y estrictas pautas de comportamiento. Sin embargo, desde la firma del acuerdo hasta la actualidad, el agresor violó de forma sistemática las restricciones, acumulando 15 actas de incumplimiento penal por violar las reglas de conducta impuestas mediante mensajes extorsivos y amenazas en redes sociales, lo que algunos reportes confundieron erróneamente con la cantidad de ataques físicos directos.
- El ataque con combustible y el descarte de la tobillera: Entre los episodios más graves incorporados a la causa se destaca la ocasión en que «El Tanke» burló la presencia de una consigna policial apostada afuera de la vivienda de la víctima, ingresó de forma violenta e intentó prenderle fuego a la casa con un bidón de nafta. Ante los reiterados desacatos, el fuero penal fijó una audiencia para el pasado 9 de octubre para revocarle la libertad condicional y enviarlo a prisión efectiva. Ulloa no se presentó a los tribunales, se retiró el dispositivo electrónico de control (tobillera) y se dio a la fuga, activándose su declaración de rebeldía.
El amparo policial y la complicidad del mercado informal
La denuncia de la Subsecretaría apunta de forma directa a la inoperancia de las fuerzas de seguridad provinciales para localizar a un prófugo que, a pesar de tener orden de captura nacional, continúa movilizándose con total libertad y enviando amenazas cotidianas a la víctima, incluyendo fotografías de sus tatuajes con leyendas de dominación psicológica. Las funcionarias revelaron que la peligrosidad de la situación se extrema porque Ulloa continúa con su vida normal y trabaja activamente como chofer de la aplicación Uber, utilizando el transporte como una herramienta logística para merodear y vigilar los movimientos de su expareja en la ciudad.
La desprotección actual colocó el caso en un estado de «código rojo» y riesgo inminente de femicidio, obligando al Estado a disponer de una medida drástica y excepcional: el establecimiento de una custodia de la policía provincial permanente dentro de la propia vivienda de la mujer y sus hijos para repeler un posible ataque letal. La inacción judicial expone una vez más cómo las fallas en el control de las medidas de restricción terminan por encarcelar a las víctimas en su propio hogar mientras los violentos caminan sueltos por las calles.
