El Gobierno nacional eliminó las compensaciones económicas que transfería a las empresas de larga distancia.
Aunque la obligatoriedad de otorgar los boletos gratuitos se mantiene por ley, referentes del sector y ONG advierten que la medida vulnera pactos internacionales y precariza el acceso a un derecho básico de tres colectivos altamente vulnerables.
El Gobierno nacional dio un paso más en su política de desregulación y ajuste fiscal dentro del sector de transporte. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial, se eliminó de forma definitiva el régimen de compensaciones económicas que el Estado transfería a las empresas de micros de larga distancia para financiar los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados (o en lista de espera de órganos) y menores bajo tratamiento oncológico.
La normativa deja sin efecto el esquema que daba sustento financiero a los derechos consagrados en las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674 [tn.com.ar].
De ahora en adelante, el costo total de estos traslados recaerá exclusivamente sobre las compañías privadas.
El derecho al boleto gratuito sigue vigente
Es fundamental llevar tranquilidad a los usuarios afectados: los integrantes de los tres grupos contemplados por las leyes especiales conservan intacto su derecho a viajar de manera 100% gratuita.
La nueva resolución modifica únicamente el método de financiamiento, pero no anula las leyes de fondo. Las empresas de transporte de larga distancia tienen la obligación legal estricta de seguir garantizar los asientos sin cargo.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá los canales habituales de reserva web y presencial, y deberá fiscalizar que ninguna empresa niegue el derecho a los pasajeros [tn.com.ar].
Un Estado que se desentiende y vulnera compromisos
A pesar de que el beneficio formalmente continúa, la medida enciende alarmas profundas y desata duras críticas por el rol que adopta el Ejecutivo. Al eliminar este subsidio, el Estado argentino se retira una vez más de su rol de garante y protector de los sectores más vulnerables, delegando una política pública esencial en manos de la lógica del mercado privado.Esta decisión choca de frente con los numerosos convenios y tratados internacionales con rango constitucional que la Argentina tiene firmados para amparar a estas poblaciones, tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Dichos acuerdos internacionales exigen que el Estado adopte medidas positivas y presupuestarias para asegurar la accesibilidad, el derecho a la salud y la libre movilidad. Desfinanciar el sistema contradice el principio de progresividad social de estos tratados.
Al trasladar la totalidad del costo económico a las empresas de transporte —en un contexto de plena desregulación del sector—, el Gobierno genera un escenario de alta precarización para el usuario.
Especialistas y organizaciones sociales advierten que, al no recibir compensación alguna, las compañías privadas multiplicarán las trabas, las demoras y los rechazos encubiertos en las ventanillas, tal como ya ocurrió en anteriores disputas patronales en el sector. De esta manera, el Estado se desentiende de la sostenibilidad del sistema, dejando a los colectivos más desprotegidos a merced de una constante batalla judicial y administrativa para poder ejercer, en la práctica, un derecho que la ley les otorga.
La voz de las organizaciones: «El derecho queda en papel mojado»
Desde los diferentes colectivos que defienden a estos grupos expresaron su profundo rechazo y preocupación ante la publicación de la resolución. Voceros de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) del sector advirtieron sobre el impacto directo de la medida en la vida cotidiana de miles de familias.
«Es una trampa discursiva decir que el derecho se mantiene si se destruyen los mecanismos económicos para que se cumpla de forma real. Al quitar el aporte estatal, el Gobierno traslada la responsabilidad a las empresas privadas, las cuales priorizan el lucro por sobre el bienestar social. Esto va a generar que conseguir un pasaje en las boleterías sea una misión imposible. El derecho queda prácticamente en papel mojado», denunciaron referentes comunitarios de discapacidad.
Asimismo, representantes del sector recordaron que la movilidad no es un beneficio de ocio, sino una necesidad básica para acceder a tratamientos médicos, rehabilitación y desarrollo laboral:
«Muchas personas y niños deben viajar desde el interior del país hacia los grandes centros de alta complejidad para recibir terapias oncológicas o controles postrasplante. Al desfinanciar este sistema en un contexto de desregulación total de tarifas, el Estado viola los tratados internacionales que firmó y se desentiende de su obligación de garantizar una vida digna para estas poblaciones», concluyeron desde las organizaciones.
