Con media sanción en Diputados, la provincia busca su propia norma de vanguardia. El proyecto cambia la carga probatoria a favor de las víctimas y penaliza los ataques en redes sociales y entornos políticos frente a la avanzada de la intolerancia.
El odio institucionalizado y la crueldad que se tiran a micrófono abierto y en redes sociales ya no gozarán de un vacío legal en suelo bonaerense. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley para actualizar y endurecer la protección contra los actos discriminatorios.
La propuesta legislativa cobra un carácter urgente e histórico frente a un clima político actual que, según denunció el autor del proyecto, Alexis Guerrera, busca de forma sistemática «poner de moda el racismo, el destrato y la segregación».
Hasta el día de hoy, las denuncias por discriminación en la provincia debían tramitarse bajo el amparo de una ley nacional que data de finales de los años ochenta, quedando obsoleta frente a las dinámicas del ecosistema digital y las nuevas violencias estructurales.
Con esta media sanción, la provincia no solo avanza hacia una legislación de vanguardia alineada con los tratados internacionales de Derechos Humanos, sino que le quita el velo de «derechos de segunda categoría» a estas denuncias, que habitualmente terminaban archivadas en la Justicia.
Inversión de la carga probatoria: Proteger a la víctima
Uno de los pilares más revolucionarios y disruptivos del proyecto se encuentra en el plano del procedimiento judicial:
- El fin de la «prueba imposible»: Históricamente, las víctimas debían afrontar el desgaste de probar la intencionalidad de un trato discriminatorio ejercido por particulares.
- Justificación obligatoria: A partir de esta reforma, la persona denunciante solo deberá acreditar los hechos ocurridos y su pertenencia a un colectivo vulnerado. Será la parte demandada quien tendrá la carga legal de aportar una justificación objetiva, razonable y probada que demuestre que su conducta no fue discriminatoria.
Ampliación de categorías y reparación colectiva
El texto aprobado amplía exponencialmente el abanico de las condiciones protegidas ante los sesgos y el hostigamiento, incorporando ítems ausentes en la norma nacional. Entre ellos se contemplan formalmente el origen nacional y social, la situación migratoria, la lengua, la edad, condiciones específicas de salud o perfiles genéticos, la responsabilidad familiar, la situación penal y los hábitos personales y culturales.
Asimismo, cuando los ataques adquieran una trascendencia pública o afecten de forma colectiva a una comunidad o identidad vulnerable, los tribunales de la provincia estarán facultados para exigir medidas de reparación social. Esto obligará a los responsables a financiar campañas públicas de concientización, asistir a programas de formación obligatoria en Derechos Humanos o emitir disculpas públicas, eliminando la idea de que discriminar sale gratis.
La ley también contempla la creación de una oficina específica dentro del Poder Ejecutivo provincial para dar seguimiento y canalizar estas denuncias de forma inmediata. El proyecto pasa ahora al Senado para terminar de consolidar una barrera legal indispensable contra la crueldad.
