Durante la 1° Asamblea 2026 del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, Poder Ciudadano presentó los resultados de «Reportar Regional», fruto del trabajo conjunto con los capítulos de Transparencia Internacional de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú.
Lo que comenzó en 2024 como una base de datos local para Argentina —con el apoyo la Embajada de Suiza—, es hoy una herramienta regional robusta. Gracias al actual apoyo de la Unión Europea y de Transparencia Internacional, el Observatorio incorporó tecnología de Power BI para procesar información estandarizada bajo una metodología única, permitiendo visibilizar el «rostro» de las víctimas y las tendencias de este delito a nivel nacional, provincial y municipal en seis países de la región. Este primer relevamiento regional recogió un total de 430 casos de corrupción sexual.
Las Brujas que Salem hablamos con la directora adjunta de Poder Ciudadano Karina Kalpschtrej
Karina consideró importante aclarar que antes, en el campo anticorrupción se referían a la corrupción sexual como “sextorsión” y que es de una importancia relevante que se haya creado este “Primer Observatorio de Corrupción Sexual”, no solamente en el país sino en toda la región.
“Poner en la misma mesa y bajo la misma lupa dos temas como la corrupción y la violencia de género es muy impactante, porque son temáticas muy silenciadas”– afirmó la directora.
Que este tipo de violencias ocurran desde el Estado y dentro del Estado y que tenga como objeto y como moneda de cambio el cuerpo de mujeres y diversidades para obtener posiciones privilegiadas de contenido sexual es, no solo grave, sino de una urgencia necesaria de ser denunciado y por esto Kalpschtrej valoró el trabajo del “Observatorio de ponerle el nombre que corresponde a las cosas, no es sextorsión, porque no es un hecho de violencia entre privados, es un delito donde hay que poner toda la fuerza de la ley porque esta violencia la ejercen agentes públicos”- sentenció
Los datos locales son alarmantes. En apenas un año, el registro en nuestro país ascendió de una cifra inicial de 82 reportes en marzo de 2025 a 187 casos relevados en la actualidad. El perfil del delito es claro y sistemático:
-Las víctimas: 9 de cada 10 son mujeres y un 2% pertenecen al colectivo travesti-trans.
-Los agresores: El 99% son varones
-El ámbito: 6 de cada 10 casos ocurren en el sector público laboral. Agentes estatales varones exigen prácticas sexuales a cambio de estabilidad laboral, ascensos o para evitar despidos.
-Impunidad y armas: dos datos que agravan el panorama: el 43% de los agresores atacó a más de una víctima; mientras que un 42% del total tiene acceso a armas.
En la totalidad de los casos se evidenció el ejercicio de violencia sexual y psicológica; un 9% de los casos relevados implicó violencia física y en 1 de cada 4 ocasiones se detectó violencia económica.
La prevalencia del tipo de conducta muestra, en el siguiente gráfico, los riesgos que enfrentan mujeres y diversidades, no sólo en el marco del empleo público sino en el ejercicio de derechos de ciudadanía, al entrar en contacto con agentes estatales en nuestro país.
Al respecto Karina aseguró que es muy duro ver en nuestro país un aumento abismal de éste tipo de violencia.
Asimismo nos dio detalles sobre el relevamiento de los datos que se contabilizan a partir de notas periodísticas: “Como el Estado, al estar involucrado no se hace cargo proactivamente de medir, hemos incorporado las metologías que utilizaon los Colectivos de Mujeres para visibilizar las distintas formasde violencia, particularmente los femicidios”- informó Karina.
Si bien los nombres de las víctimas muchas veces aparecen en las notas en los medios de comunicación, Poder Ciudadano decició no utilizar nombres y apellidos pora poner todos los datos juntos en una base de datos porque “Cuando queremos contruir política pública, la protección de la víctima, es innegociable”
A partir de este relevamiento también se busca a través de Poder Ciudadano mostrar que lo que le ha pasado a tantas mujeres y diversidades no es algo que “estaba en su cabeza” o que “ le pasó a alguien y a nadie más” sino que es algo que atraviesa todo el país y todos los estamentos del Estado.
Se busca visibilizar, construir hojas de ruta, de denuncia y de asesoramiento para exigir justicia, que, es muy complejo en general y en este hecho en particular aún más, porque sostiene Karina «al que se denuncia es al Estado”
¿Qué ocurre en la región?
Si bien la corrupción sexual es una realidad en toda la región, su presencia en la agenda periodística varía drásticamente, lo que sugiere un preocupante subregistro en ciertos países. Así se relevaron 86 casos en Colombia, 64 en Perú, 63 en Chile, 17 en Honduras y solo 13 en Ecuador.
A nivel regional los datos tienen muchas similitudes con el caso argentino: las mujeres son las principales víctimas (91%) y los hombres los principales agresores (99%). Considerando el total de los países aumenta la proporción de los hechos a nivel de los gobiernos nacionales (40%) frente al provincial (38%). El número de agresores que atacaron a más de una víctima se eleva a 51% mientras que la cantidad que poseen armas se reduce a un 32%.
Mientras que Chile (73%) y Argentina (66%) los delitos se concentran en el ámbito laboral estatal, en el resto de los países la corrupción sexual tiene más posibilidades de afectar a mujeres y LGBTIQA+ al momento de ejercer sus derechos: 69% de los casos de Ecuador, 56% de los casos de Colombia, 53% en Honduras y 52% en Perú.
Finalmente, al ser casos relevados por los medios de comunicación, se registra que en 9 de cada 10 casos a nivel regional se realizó algún tipo de denuncias. Sin embargo, estos datos nada dicen del efectivo acceso a la justicia de las víctimas y muy poco acerca de las sanciones a los agresores.
A partir de este trabajo Poder Ciudadano pretende también poder seguir trabajando con los operadores juiciales- con quienes trabajan hace años- en el plano de la anticorrupción y con una lectura que ponga en foco este tipo de violencia en particular: la corrupción sexual.
“Hay situaciones que no están bien leídas, se las lee sólo como corrupción, o sólo como violencia sexual cuando en realidad son una intersección de ambas que agrava el delito.Son necesarias las especificidades. Porque en nuestro país está en vigencia el Convenio de la OIT que habla de las violencias en el ámbito del trabajo estatal y cometer este delito siendo funcionario público es un agravante”- subrayó
En el informe participaron Constanza Basile, Catalina Daude, Carolina Villanueva, Tamara Besares, Sol Barreiro, Paula Barrera, Blanca Espejo, Alejandra Robayo Garzón.
El Reporte mostró también muy claramente que en Argentina este es un delito que ocurre en todo el territorio y en los distintos niveles del Estado de todos los colores políticos, o sea es una violencia estructural.
Asimismo Karino nos informó que Poder Ciudadano tiene “un servicio jurídico gratuito, un lugar donde si alguien quiere reportar, con todas las condiciones de anonimato y de protección, o si quiere iniciar una guía judicial no lo va a hacer solo/a”
Escuchá la entrevista completa en Radio Trinchera
