El nombre de Lucrecia y la provincia de Catamarca se convirtieron en el doloroso epicentro de un debate que venimos postergando como sociedad.
La viralización de un video donde adolescentes se regodeaban de haber destruido la estabilidad emocional de una compañera durante su viaje de egresados no es un hecho aislado. Es el síntoma de una crueldad tecnológicamente asistida que avanza ante los ojos de instituciones que, sistemáticamente, eligen mirar para otro lado.
Durante meses, el hostigamiento contra esta joven de 17 años mutó de las aulas a los entornos virtuales: el robo de material íntimo, la difusión no consentida, la burla sistemática y la exclusión de los espacios comunes cotidianos.
Cuando la violencia se traslada al plano digital, el aula deja de tener cuatro paredes. El acoso ya no termina cuando suena el timbre; persigue a las víctimas en sus bolsillos, las 24 horas del día, amplificando el daño psicológico hasta volverlo asfixiante.
La burocracia del protocolo frente a la desprotección real
El Colegio Pía Didoménico emitió comunicados defendiendo su «celeridad» institucional. El Ministerio de Educación reaccionó abriendo sumarios administrativos. En las legislaturas se redactan proyectos de ley a contrarreloj para abordar la violencia digital en las escuelas. Sin embargo, la respuesta estatal y escolar siempre llega tarde, cuando el cuerpo y la salud mental de las jóvenes ya han sido vulnerados.
La intervención no puede limitarse a sancionar el video viralizado o a abrir investigaciones penales cuando la herida ya es pública. Centrar la discusión únicamente en el aspecto policial invisibiliza la raíz del problema: la profunda falta de empatía, la cultura de la cancelación como entretenimiento juvenil y la naturalización de la humillación ajena digitalizada. El perfil de los agresores, que actúan bajo una falsa sensación de impunidad en redes sociales, nos habla de una desconexión alarmante con el sufrimiento del otro.
Herramientas para el aula: el acompañamiento pedagógico
Para que las escuelas dejen de ser meras espectadoras o reaccionen solo cuando el escándalo estalla en los medios, es urgente transformar las prácticas cotidianas. El abordaje pedagógico no puede ser punitivo; debe ser preventivo, ético y con perspectiva de género.
Aquí proponemos algunas líneas de acción y herramientas indispensables para la intervención docente:
- Desarmar el rol de los «espectadores»: La violencia digital vive de la viralización y el silencio cómplice. En el aula se debe trabajar explícitamente sobre la responsabilidad colectiva: quien comparte, da «me gusta», fomenta o calla ante una agresión digital, es parte del engranaje del daño.
- Alfabetización digital con eje en el consentimiento: Los talleres de tecnología no pueden limitarse al uso técnico de las herramientas. Deben centrarse en la ética digital: entender que el cuerpo y la intimidad de las personas en las pantallas también requieren consentimiento explícito, y que su vulneración constituye un delito y una forma de violencia de género.
- Protocolos de escucha activa y canales seguros: Las instituciones deben garantizar espacios donde las y los estudiantes puedan denunciar el acoso virtual de manera anónima o protegida, sin temor a ser revictimizados, juzgados o expuestos ante sus pares.
- Despatologizar y validar el sufrimiento: El impacto del ciberacoso en la salud mental de las adolescencias es real y profundo. Frases como «son cosas de chicos» o «apagá el celular» anulan el dolor de la víctima. El equipo docente debe validar esa angustia y activar de inmediato redes de contención psicológica internas y externas.
- Acuerdos de convivencia digital coprogramados: Involucrar a los propios jóvenes en la redacción de las normas de convivencia para los entornos virtuales de la escuela (grupos de WhatsApp escolares, foros, etc.). Cuando las reglas son construidas colectivamente, el compromiso de cuidado mutuo es mayor.
Un llamado urgente a romper la complicidad
La violencia digital de género y el ciberacoso destruyen proyectos de vida, obligan a las adolescentes a abandonar sus escuelas para resguardarse y precarizan su salud mental en una etapa crucial de su desarrollo. Calificar estas conductas como «bromas pesadas de viaje de egresados» es una complicidad inadmisible.
Las instituciones educativas no solo deben ser espacios de transmisión académica; tienen que transformarse de manera urgente en lugares de cuidado. Como sociedad, el dolor de Lucrecia nos obliga a interpelarnos: ¿qué estamos comunicando con nuestros silencios? El algoritmo no es el único responsable; la desidia institucional y la tolerancia social a la crueldad digital son las que verdaderamente dejan desprotegidas a nuestras pibas.
