La Cámara Federal de Casación Penal desestimó los argumentos culturales de una familia de la comunidad gitana y dejó firme la pena de 10 años de prisión por captar, vender y esclavizar a una niña de 13 años.
El fallo sienta un precedente clave contra la violencia patriarcal disfrazada de «usos y costumbres».
La Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo histórico al ratificar la condena a diez años de prisión para Isabel Cristo, Alberto Cristo y su hijo Franco, miembros de una comunidad gitana, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, doméstica y laboral en perjuicio de una niña. Con el voto del juez Daniel Petrone, el máximo tribunal penal del país rechazó de forma categórica la estrategia de la defensa, que pretendía amparar los abusos y el sometimiento en los ritos tradicionales de su comunidad.
Para la Justicia argentina, el caso —tramitado originalmente ante el Tribunal Oral Federal de San Juan— constituye un claro ejemplo de matrimonio infantil y forzoso.
El magistrado fue contundente en sus fundamentos: por su edad y extrema vulnerabilidad, la víctima carecía por completo de la capacidad para brindar un consentimiento válido. Asimismo, determinó que ninguna pertenencia comunitaria ni invocación cultural puede funcionar como una pantalla de impunidad o un «fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal» ante la violación de los derechos humanos más elementales.
Comprada a los 13 años: el inicio del calvario
La trama criminal comenzó entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén.
Allí, la familia Cristo «compró» a la niña de 13 años a sus propios padres biológicos mediante el pago de un «precio dotal» de 825 mil pesos. Inmediatamente después, bajo ritos comunitarios, la menor fue obligada a unirse a Franco Cristo, quien entonces tenía 20 años. Durante el transcurso del rito matrimonial, la víctima sufrió reiterados abusos sexuales que derivaron en un embarazo.
Posteriormente, los tres condenados la trasladaron a la provincia de Santa Fe, donde la sometieron a un régimen de esclavitud y servidumbre que se extendió hasta diciembre de 2024.
De acuerdo con las pruebas recolectadas en el expediente, la adolescente vivió bajo un calvario de violencia física y psicológica: era golpeada, insultada y quemada con agua caliente y cigarrillos.
Además de realizar la totalidad de las tareas domésticas del hogar, la obligaban a realizar venta ambulante en condiciones climáticas extremas e incluso transitando sus embarazos. Todo el dinero recaudado debía ser entregado de forma íntegra a los captores bajo la amenaza constante de dejarla sin comida ni recursos básicos.
Un escape desesperado y el rescate civil
En diciembre de 2024, la joven logró regresar a San Juan junto a su hijo para instalarse temporalmente con su familia de origen. Sin embargo, el peligro no había terminado. El 5 de abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo viajaron a la provincia cuyana y, aprovechando una distracción, la secuestraron nuevamente por la fuerza subiéndola a una camioneta con intenciones de trasladarla otra vez a Santa Fe.
El quiebre de la impunidad ocurrió en la localidad de Caucete. Durante una parada del vehículo, la adolescente intentó escapar corriendo con su bebé en brazos. Aunque Isabel Cristo logró interceptarla y meterla nuevamente al auto a golpes, un testigo civil presenció la secuencia en una estación de servicio y llamó de inmediato a emergency services. Gracias al rápido aviso y al monitoreo de las cámaras de seguridad, efectivos de la Unidad Rural N°1 interceptaron la camioneta, detuvieron a los captores y rescataron de forma definitiva a la joven y a su hijo.
Reparación económica récord
El fallo de Casación, respaldado por las declaraciones en Cámara Gesell, peritajes psicológicos e informes de profesionales, dejó firme también una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la víctima, marcando el monto indemnizatorio más alto fijado en la historia de la provincia de San Juan para un delito de trata de personas.
La resolución judicial envía un mensaje institucional impostergable: los cuerpos de las niñas y adolescentes no son mercancía de cambio, las infancias se protegen y el patriarcado no puede camuflarse detrás de la cultura para perpetuar la tortura y la esclavitud.
