Ni banderas políticas ni discursos de aliados: a los violentos se los aparta de todos lados

 

 

El reciente corrimiento de Nacho Levy de La Garganta Poderosa tras múltiples denuncias de violencia psicológica pone en debate el rol de los varones en la militancia.

La violencia machista cruza todas las clases sociales y partidos políticos, pero la diferencia radica en la respuesta: mientras los espacios populares activan protocolos y apartan a los agresores respetando el tiempo de las víctimas, el ecosistema conservador y libertario institucionaliza la misoginia, abraza el mito de las «falsas denuncias» y ampara a los violentos.

Este caso nos obliga a encender las alarmas y, sobre todo, a reafirmar nuestros principios fundamentales. Ante el relato de una mujer que junta el valor para exponer el infierno vivido, nuestra única posición posible es creer y apoyar a las víctimas.

Respetar los tiempos: hablar es un proceso, no una obligación

La primera reacción de los sectores reaccionarios suele ser el cuestionamiento burocrático: «¿Por qué no denunció antes?», «¿Por qué lo dice ahora en redes?».

Frente a esa inquisición, desde el feminismo sostenemos que cada víctima tiene tiempos únicos que deben ser sagrados y respetados.

El proceso de procesar el trauma, entender la manipulación (el perverso gaslighting) y animarse a romper el silencio es largo y sumamente costoso a nivel emocional y social. Romper el silencio, ya sea a través de un escrache público, un comunicado, una red de contención o una vía judicial, es una decisión soberana de quien sufrió la violencia.

Nadie tiene derecho a exigirle a una víctima cuándo hablar, cómo hablar o si debe o no judicializar su dolor.

Varones y militancia: el fin del pacto de caballeros

El caso de Levy golpea con especial dureza en los espacios del campo popular, la militancia social y el progresismo.

Ver a un referente con un discurso público impecable, un «aliado» de las causas de los de abajo, transformado en un ejercedor de violencia íntima genera una profunda desilusión. Sin embargo, este dolor debe transformarse en acción política.

Es hora de que los varones que habitan estos espacios de militancia —y todos los espacios de la vida social— asuman conversaciones urgentes y decisiones drásticas.

No basta con conmoverse en privado o mirar para otro lado para «proteger el espacio».

Apartar a los violentos debe ser una medida inmediata y sin titubeos, tal como lo demandó la gravedad de este caso.

Romper la complicidad implica dejar de blindar al «compañero» bajo la excusa de su valor político o su trayectoria. El silencio es complicidad.

Revisar las conductas propias y colectivas es el único camino para que las organizaciones no se conviertan en refugios de abusadores con micrófono.

Es precisamente en los espacios colectivos donde estos debates, aunque duelan y desgarren, se dan. Se activan protocolos, se discute en asambleas y se expulsa al agresor, porque la coherencia ética es un piso no negociable.

La misoginia institucionalizada en la vereda de enfrente

Ahora bien, mientras el progresismo y las izquierdas procesan estas crisis con dolor y debate, la realidad en las veredas opuestas es diametralmente distinta.

Sabemos perfectamente que en los espacios más conservadores, especialmente aquellos alineados con el gobierno libertario y sus satélites, este tipo de denuncias no generan el más mínimo cimbronazo.¿Por qué? Porque son espacios estructuralmente misóginos. Allí, las expresiones de desprecio hacia las mujeres y las diversidades forman parte de la identidad política del espacio.

En esa subcultura, tanto los varones como muchas de las mujeres que la integran han normalizado el machismo a un nivel tal que las violencias no solo se toleran, sino que se minimizan o se festejan como «batallas culturales».

Mientras en las organizaciones sociales una denuncia desplaza a un dirigente, en el ecosistema libertario se construyen discursos para deslegitimar activamente a las víctimas. Ejemplos de esto sobran:

El mito de las «falsas denuncias»: La instalación constante de la mentira de que las mujeres denuncian por despecho o dinero, un argumento utilizado sistemáticamente para desmantelar políticas públicas de prevención y protección.

El ataque a los marcos legales: Los proyectos e ideas que buscan derogar leyes fundamentales (como la Ley Micaela o la Ley de Protección Integral a las Mujeres), bajo la falacia de que «la violencia no tiene género».

El disciplinamiento digital: Las hordas de trolls dedicadas a hostigar a actrices, periodistas o activistas que denuncian abusos, buscando el silenciamiento a través del miedo.

Coherencia contra la barbarie

Que un violento caiga en las filas de la militancia social nos recuerda que nadie está exento y que el enemigo también duerme en casa. Pero la diferencia fundamental radica en qué hacemos cuando nos enteramos.

Mientras de un lado se debate, se aparta al agresor y se abraza a la víctima, del otro se desmantelan ministerios de las mujeres, se cierran líneas de asistencia y se justifica la violencia institucional y discursiva todos los días.

Hoy, más que nunca, desde Las Brujas que Salem seguimos sosteniendo que a la violencia machista se la combate sin importar de dónde venga. A los violentos, ni un milímetro de espacio. A las compañeras que hablan, todo nuestro fuego y nuestro abrazo.

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