El Gobierno nacional oficializó un nuevo piso salarial que consolida la pérdida del poder adquisitivo en la Argentina y profundiza las desigualdades estructurales. Mediante la Resolución 4/2026, el Ejecutivo fijó de manera unilateral que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) llegará a apenas 437.000 pesos en abril de 2027, pagado en ocho cuotas escalonadas.
El monto final se ubica drásticamente por debajo de la línea de indigencia actual (708.016 pesos) y representa apenas una cuarta parte de lo necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que determina la línea de la pobreza (1.564.716 pesos).
La medida, adoptada por decreto tras el fracaso del Consejo del Salario ante la falta de acuerdo entre las centrales obreras —que exigían 993.000 pesos— y las cámarasempresarias, expone un contraste alarmante si se cruza con una perspectiva de género y se compara la retribución de los sectores esenciales frente a los ingresos de la planta política gobernante.
La feminización de la pobreza bajo el nuevo piso salarial
El establecimiento de un salario de indigencia impacta de forma desproporcionada en las mujeres y diversidades.
Los datos estadísticos demuestran que los sectores laborales más precarizados, informales y peor remunerados de la economía están fuertemente feminizados.
El SMVM funciona como la referencia directa para los contratos de jornada parcial, el empleo no registrado y sectores clave como el trabajo doméstico y de casas particulares, donde más del 90% son mujeres.
Al fijar aumentos mensuales que promedian apenas 7.500 pesos, la resolución amplía la brecha salarial de género.
Las mujeres no solo enfrentan mayores niveles de desocupación, sino que, al insertarse en el mercado, quedan confinadas a estos ingresos de miseria. Esto restringe su autonomía económica y las obliga a asumir dobles jornadas laborales para intentar alcanzar el costo de una canasta familiar.
El castigo a quienes cuidan: de «esenciales» en la pandemia a la indigencia
La pérdida real del salario mínimo —que acumula una caída del 40,5% real desde noviembre de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET)— golpea con saña a las profesiones asociadas al cuidado, la salud y la educación.
Existe una paradoja histórica y social al contrastar los ingresos actuales de los sectores que sostuvieron al país en las crisis más agudas con las prioridades presupuestarias del actual esquema de Gobierno:
- Enfermería y salud pública: Quienes arriesgaron sus vidas en la primera línea de fuego durante la pandemia de COVID-19 perciben hoy salarios iniciales que apenas rozan la línea de la pobreza. El nuevo SMVM empuja a la baja las paritarias provinciales de la salud, precarizando aún más a un sector mayoritariamente compuesto por mujeres.
- Docencia y educación: Con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la parálisis de las negociaciones colectivas, maestras y profesores perciben ingresos básicos atados a un piso salarial que no cubre los alimentos básicos de sus propios hogares.
- Comunidad científica: Mientras el CONICET sufre el congelamiento de sus partidas y el vaciamiento de laboratorios, los becarios e investigadores en formación ven licuados sus estipendios, los cuales toman como referencia directa el salario mínimo nacional.
Asimetría de privilegios: los sueldos del poder
La justificación oficial del «no hay plata» para los salarios de la clase trabajadora se contradice al observar la escala salarial de quienes gobiernan.
Mientras un trabajador formal percibirá 383.800 pesos en septiembre de 2026, los funcionarios del gabinete nacional, secretarios de Estado y directores de empresas públicas mantienen ingresos millonarios que se actualizan de forma sistemática y superan holgadamente los 4 ó 5 millones de pesos mensuales.
Esta asimetría salarial demuestra que la actual política económica no distribuye el ajuste de manera equitativa.
Por el contrario, transfiere el costo de la crisis hacia los sectores asalariados más vulnerables, las trabajadoras informales y los profesionales de la salud, la ciencia y la educación, consolidando un modelo donde sostener la vida y el conocimiento en la Argentina se ha convertido en una tarea de indigentes.
