Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Gobierno logró habilitar los desalojos exprés, pero tuvo que retroceder ante el rechazo social por la entrega de tierras

Con 42 votos afirmativos y 26 negativos, el Senado sancionó este jueves la norma impulsada por la gestión de Javier Milei. Aunque el oficialismo sufrió derrotas clave —no pudo liberar la venta de campos a extranjeros ni tocar los barrios populares y bosques quemados—, el texto aprobado deja a comunidades indígenas, campesinas e inquilinos expuestos a desalojos en 72 horas sin sentencia firme y paraliza la capacidad del Estado para expropiar.

En una sesión marcada por fuertes cruces y advertencias de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, el Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», una iniciativa diseñada por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. Con 42 votos a favor —aportados por La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales aliados— y 26 en contra, el oficialismo consiguió una herramienta judicial hecha a medida de los grandes propietarios, desarrolladores inmobiliarios y grupos extractivos.

Sin embargo, la foto final de la votación está lejos de ser el triunfo total que pretendía la Casa Rosada. La presión social en las calles, el reclamo de las comunidades originarias y la falta de consensos obligaron al Gobierno a amputar los capítulos más regresivos del texto original antes de llegar al recinto.

Lo que el pueblo logró frenar

El proyecto enviado originalmente por el Ejecutivo buscaba desmantelar tres barreras históricas de protección ambiental, soberana y habitacional, pero el oficialismo debió ceder y retirar esos artículos para evitar una derrota segura:

Se restituyó la Ley de Tierras Rurales (26.737): El Gobierno pretendía derogar definitivamente los límites a la extranjerización de la tierra. Ante el rechazo transversal por la pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos y fuentes de agua dulce, el Congreso terminó restituyendo la ley que mantiene el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

No pudieron tocar la Ley de Manejo del Fuego: El plan oficial buscaba eliminar la prohibición de cambiar el uso del suelo tras un incendio (de 30 a 60 años según el ecosistema), una medida denunciada como un incentivo directo para desmontar y quemar bosques nativos con fines inmobiliarios o agropecuarios. Ese artículo quedó afuera.

Se frenó el avance sobre los barrios populares (RENABAP): Tampoco prosperó el intento de recortar la protección que suspende los desalojos en los más de 6.400 barrios populares relevados en todo el país, cuya vigencia se mantiene hasta 2032.

El peligro concreto de lo que sí se aprobó

A pesar de esos retrocesos, el corazón procesal de la ley representa un golpe severo contra el derecho a la vivienda, el acceso a la tierra y la justicia territorial. En la vida cotidiana, la norma introduce cuatro mecanismos de enorme desigualdad:

Desalojos en 72 horas sin esperar el juicio: Todos los procesos de desalojo pasan a tramitarse por la vía sumarísima (el trámite más corto y con menos garantías de defensa). Si una persona o empresa presenta una escritura y alega «tenencia precaria» o usurpación, el juez puede ordenar el lanzamiento inmediato en apenas 72 horas, antes de analizar las pruebas de quienes habitan el lugar.

Vía libre para demandas arbitrarias: Hasta ahora, quien pedía un desalojo anticipado debía depositar una garantía económica real para responder por los daños en caso de perder el juicio. La nueva ley elimina ese requisito: alcanza con firmar una simple declaración jurada (caución juratoria). El mensaje es claro: desalojar es gratis y rápido, mientras que defender el techo propio se vuelve cuesta arriba.

Cacería sobre comunidades indígenas y familias sin papeles: Al combinarse esta reforma con la derogación previa de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (dispuesta por Milei por decreto en diciembre de 2024), las comunidades originarias y familias campesinas que poseen tierras de manera ancestral pero carecen de títulos registrales quedan en absoluta indefensión. En un trámite exprés de tres días es materialmente imposible presentar peritajes antropológicos o acreditar la posesión comunitaria. Lo mismo ocurre con miles de familias inquilinas que alquilan en la informalidad —sin contrato escrito— o habitan viviendas en sucesión: pueden ser expulsadas a la calle en cuestión de días.

Un Estado atado de manos para expropiar: La ley encarece y burocratiza al extremo las expropiaciones. Para construir una escuela, abrir una calle, urbanizar un asentamiento o proteger un humedal, el Estado nacional, provincial o municipal deberá pagar antes de tomar posesión, actualizar el monto por inflación más intereses y sumar hasta un 30% extra en concepto de «lucro cesante» (ganancias futuras que el privado diga dejar de percibir). En la práctica, vuelve inviable cualquier política pública de ordenamiento territorial o acceso al hábitat.

La disputa sigue abierta

La sanción legislativa completa el trámite en el Congreso, pero no clausura el conflicto.

Para los Pueblos Indígenas, los movimientos campesinos y las organizaciones de inquilinos, la tierra no es una mercancía financiera sino espacio de vida, identidad, producción de alimentos y memoria colectiva.

Ninguna ley ordinaria está por encima de la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) ni del Convenio 169 de la OIT, que garantizan la preexistencia étnica y la posesión comunitaria de los territorios.

La resistencia ahora se traslada tanto a los tribunales —a través de planteos de inconstitucionalidad y medidas cautelares— como a la organización comunitaria en cada territorio donde intenten ejecutar un desalojo.

 

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