Lo que a primera vista la sección de policiales tradicional catalogaría como un «crimen de sangre» en la vejez, es en realidad el desgarrador desenlace de un calvario sistémico que duró toda una vida. El pasado lunes 7 de septiembre de 2026, Blanca Susana Argatt (79) mató de dos disparos a su esposo, Manuel Hipólito Rodríguez (76), en su vivienda del pasaje Primera Junta al 1000, en el barrio tucumano de Villa Alem. Tras el hecho, la mujer llamó a su hijo con una frase contundente: “Ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia”. Lejos de la frialdad que algunos discursos intentan imponer, la expresión de Argatt condensa el fin de un cautiverio físico y psicológico insostenible.
A medida que avanza la investigación de la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, los testimonios de los propios hijos de la pareja destruyen el relato del «arrebato» y reconstruyen, en cambio, una radiografía perfecta de la violencia patriarcal en su estado más opresivo.
Un hogar bajo el terror de un arma y una condena por homicidio
La falta de denuncias formales en las comisarías suele ser el primer argumento utilizado por la justicia patriarcal para desestimar el calvario de las víctimas. Sin embargo, la investigación policial liderada por las comisarías de la zona demostró que la ausencia de registros estatales obedecía a un miedo absolutamente real y fundado. Rodríguez cargaba con una condena efectiva del año 2000 por haber asesinado a un hombre. Ese antecedente letal era el arma psicológica que utilizaba diariamente para amedrentar a su entorno: “Él siempre nos decía que si llegábamos a denunciarlo, nos iba a matar. Insistía con que ya había matado a un hombre y que no tendría problemas en volver a la cárcel por asesinar a otra persona”, declaró judicialmente uno de los hijos.
Rodríguez caminaba por la casa portando de forma permanente el arma de fuego con la que finalmente terminaría su propia vida. En ese ecosistema de terror ininterrumpido, los hijos varones optaron por escapar de la vivienda siendo menores de edad. Blanca quedó sola, atrapada en un régimen de sometimiento diario. Los testigos presenciales fueron unánimes ante las autoridades: “No eran situaciones esporádicas, sino de todos los días. Lo anormal era que él no la insultara un día”. El aislamiento impuesto llegó a niveles de crueldad extrema, como prohibirle a Blanca asistir al velorio y despedirse de una de sus hijas debido a celos infundados.
La superación de la inminencia: ¿Por qué actuó mientras él dormía?
La doctrina jurídica tradicional exige que, para que exista «legítima defensa», la agresión del victimario debe ser «inminente» en términos de segundos; por ejemplo, repeler un golpe en el instante. No obstante, los análisis judiciales modernos con perspectiva de género han comenzado a aplicar la figura de la «legítima defensa extendida» o la «superación del requisito de inminencia estricta».
Para una mujer de 79 años, sumida en una asimetría física absoluta y bajo la amenaza constante de un femicidio, enfrentar a un hombre armado en pleno día representa una sentencia de muerte. El peligro para Blanca Susana Argatt no cesaba cuando Rodríguez cerraba los ojos; el peligro era una condición constante de su existencia. Ejecutar los disparos mientras el agresor dormía no configura un acto de alevosía, sino la única ventana de supervivencia técnica que una víctima de violencia crónica encuentra para salvar su propia vida cuando el Estado nunca llegó a protegerla.
El proceso en libertad y la búsqueda de un fallo ejemplar
Con un criterio acertado y adaptado a las convenciones internacionales de derechos humanos, el fiscal Carlos Sale dispuso que Blanca Argatt no pise una celda y transite el proceso penal en libertad, alojada y contenida en el domicilio de una de sus hijas.
El caso de Villa Alem obliga a la justicia de Tucumán a abandonar las categorías punitivas tradicionales. La defensa de Argatt y la propia fiscalía tienen en sus manos la oportunidad de sentar un precedente fundamental: dictar el sobreseimiento definitivo de la imputada, reconociendo que su acción no fue un delito, sino el último recurso de autodefensa frente a un femicidio anunciado que la acechaba hace más de tres décadas.
