En un contexto regional de creciente hostilidad y cuestionamiento a los derechos conquistados, 30 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe se unieron para blindar los avances logrados en las últimas décadas.
Bajo la premisa de que los derechos humanos no pueden dar un paso atrás, las activistas presentarán el próximo 26 de mayo en Washington D.C. un documento estratégico que busca unificar la resistencia feminista en todo el continente.
La herramienta, titulada “Acuerdos y marcos interamericanos e internacionales para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres”, funciona como un compendio jurídico y político.
Su objetivo principal es activar el principio de no regresividad frente a los embates de sectores conservadores.
¿Qué es el principio de no regresividad?
El principio de no regresividad (o mandato de progresividad) es una regla fundamental del derecho internacional de los derechos humanos.
Establece que, una vez que un Estado reconoce, garantiza o amplía un derecho social, económico o cultural, tiene prohibido legalmente retroceder, recortarlo o anularlo, salvo por razones excepcionales y estrictamente justificadas.
- Obligación estatal: Los gobiernos firmantes de pactos internacionales no pueden alegar cambios políticos para quitar derechos ya vigentes.
- Aplicación en género: Si un país ya legalizó el aborto, implementó la educación sexual o creó presupuestos contra la violencia de género, el Estado no puede desmantelar estas medidas sin violar los tratados internacionales.
- Estatus jurídico: Funciona como un «candado legal» para proteger las conquistas ciudadanas frente a las crisis políticas o giros ideológicos de los gobiernos de turno.
Un escudo contra la ola conservadora
El lanzamiento, convocado por la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres de las Américas ante la OEA, ocurre en un momento crítico para la región.
Diversos países de América Latina enfrentan el avance de discursos y políticas que buscan desmantelar las agendas de equidad, la educación sexual integral y el acceso a la salud reproductiva.
Frente a esta ofensiva, el documento recopila tratados, resoluciones, estándares y lenguaje técnico acordado en el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas. Esta recopilación no es solo técnica; es una respuesta política coordinada para que activistas, abogadas y negociadoras multilaterales tengan argumentos sólidos para frenar los embates de sectores antiderechos.
Ejes de la resistencia regional
El compendio articula de manera integral los estándares internacionales en seis áreas críticas:
Igualdad de género y derechos humanos: Respaldos normativos frente a la discriminación estructural.
Vida libre de violencias: Herramientas para exigir presupuesto y políticas públicas de protección efectivas.
Derechos sexuales y reproductivos: Defensa de la autonomía corporal de mujeres y disidencias.
Diversidad e interseccionalidad: Reconocimiento de que las violencias afectan de manera distinta según la raza, clase u orientación sexual.
Participación y democracia: El vínculo indisoluble entre la equidad de género y la calidad democrática de las naciones.
La presentación formal de este documento el 26 de mayo en la capital estadounidense marcará una hoja de ruta para la incidencia política regional.
Con esta herramienta, el movimiento de mujeres de las Américas busca transformar la preocupación en acción legal y diplomática, recordando a los gobiernos que los compromisos internacionales firmados deben cumplirse.
