El brutal femicidio de Silvia Beatriz Mina, una mujer de 62 años asesinada a puñaladas en su casa de Merlo, vuelve a poner sobre la mesa la escolofriante complicidad que el lenguaje cotidiano tiene con la violencia machista. Al ser detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el agresor Marcelo Roberto Tesio (64) intentó resumir el asesinato de quien fue su compañera por casi 40 años con una frase contundente: “Se me fue la mano”
La expresión, lejos de ser un simple exabrupto de la detención, funciona como una radiografía perfecta de la pedagogía de la crueldad en los crímenes de género. Al usarla, el femicida opera bajo una lógica perversa: presupone que existe una cantidad de violencia aceptable, controlable o normalizada dentro del vínculo, y que el único error —el único exceso— fue haber cruzado la línea de la letalidad.
El «exceso» como justificación de la violencia diaria
En la narrativa patriarcal, «que se vaya la mano» equivale a romper un plato o a calcular mal una medida. Convierte un hecho planificado y asimétrico, ejecutado con una cuchilla de cocina, en un mero accidente de cálculo.
Este análisis lingüístico y político revela tres ejes centrales de cómo se construye la impunidad de los agresores:
- La normalización del maltrato: Si matar es «pasarse», la frase asume que los golpes previos, los insultos o la sumisión económica —mencionada por su hijo en las pericias iniciales— eran parte de la «normalidad» tolerable de la pareja.
- La quita de responsabilidad: El uso de la forma impersonal («se me fue») despoja al sujeto de su rol de ejecutor. No dice «yo decidí matarla», sino que sitúa la acción en una extremidad indomable, un impulso biológico ajeno a su voluntad política y machista.
- La minimización de la víctima: Reduce la vida de una mujer a un objeto maleable que se rompió por aplicar demasiada fuerza, deshumanizando por completo la figura de Silvia Mina.
Una estructura que el Estado insiste en mirar de reojo
A pesar de que el entorno familiar describió a Tesio como un hombre violento los registros oficiales de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo indicaron que no había denuncias previas. Este vacío burocrático no habla de la ausencia de violencia, sino de las inmensas barreras que enfrentan las mujeres, especialmente las adultas mayores, para denunciar a quienes han sido sus parejas durante décadas dentro del ámbito privado.
La causa penal quedó bajo la órbita del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón —especializada en violencia de género—. El hecho está caratulado de forma provisoria como homicidio agravado por el vínculo, un delito que en el ordenamiento jurídico argentino prevé como única opción la prisión perpetua.
Nombrar estos hechos con perspectiva de género exige arrebatarles a los femicidas sus eufemismos cotidianos.
A Silvia Mina no se le fue la vida por un error de cálculo; a su esposo no «se le fue la mano»: la mataron porque el sistema aún le hace creer a muchos hombres que los cuerpos de sus parejas les pertenecen.
