A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610, el Reporte Anual de Proyecto Mirar demuestra que el derecho al aborto se sostiene en el territorio. El brutal ajuste de Nación en salud sexual provocó una caída del 93% en la cobertura de anticonceptivos, pero las provincias salieron al cruce con fondos propios. Radiografía urgente de un derecho que se defiende trinchera por trinchera.
Transcurridos más de cinco años desde la conquista histórica de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), el derecho al aborto en Argentina enfrenta su escenario más hostil desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Sin embargo, la red de cuidados no se rompe: se federaliza. El nuevo reporte anual del Proyecto Mirar —desarrollado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Ibis Reproductive Health— revela que, a pesar del desentendimiento absoluto del Estado nacional, la política pública se sostiene gracias al presupuesto de las provincias, el compromiso de los equipos de salud y la vigilancia de las organizaciones feministas.
El aborto en cifras: Estabilidad en la tormenta
Durante 2025, el sistema público de salud garantizó 87.603 abortos en 20 provincias argentinas. Lejos de las fantasías y discursos oficiales que intentan instalar una «crisis de natalidad» adjudicada a la ley, la tasa nacional de aborto se mantuvo intacta y estable: 7,45 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, frente al 7,49 registrado en 2023.
El mapa del acceso sigue mostrando una fuerte concentración geopolítica ligada a la población: Buenos Aires (41.446), CABA (9.458) y Córdoba (9.341) concentraron el 72% de las intervenciones del país. En la otra vereda, la opacidad estatal muestra sus garras: Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero violaron el derecho al acceso a la información pública, negándose a responder los pedidos de informes o a reportar sus datos a la Nación.
Un indicador clave de la calidad de atención es la descentralización: en el país existen 1.846 efectores públicos activos. Lo fundamental es que al menos el 70% de estos espacios pertenecen al primer nivel de atención (centros de salud barriales y salitas comunitarias). Esta capilaridad territorial, sumada a la consulta temprana de las usuarias, explica que 9 de cada 10 abortos (90%) se resuelvan dentro de las primeras 12 semanas de gestación, principalmente mediante el uso seguro de medicamentos.
Alarma roja: El «apagón» anticonceptivo de Nación
El dato más terrorífico del informe de Proyecto Mirar expone la crueldad de la motosierra sanitaria. Entre 2023 y 2026, el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación sufrió un recorte feroz del 57%.
Este vaciamiento destruyó la distribución universal de métodos anticonceptivos a través del Programa Remediar, provocando un derrumbe catastrófico: el Estado nacional pasó de proteger a 1,2 millones de mujeres en 2024 a proyectar apenas 63.000 para este 2026. Es una reducción del 93% en la cobertura anticonceptiva pública.
Según las estimaciones epidemiológicas basadas en el Impact Calculator del Guttmacher Institute, las consecuencias sociosanitarias directas de dejar a 840.000 mujeres desprotegidas de forma simultánea implican:
- 000 embarazos no intencionales adicionales.
- 000 abortos que podrían haberse evitado.
- 452 muertes maternas y 600 muertes neonatales completamente evitables.
Además de la tragedia humanitaria, el desfinanciamiento es un pésimo negocio económico: cada peso invertido en anticoncepción genera un ahorro de 3 pesos en atención médica inmediata. Si se miden los efectos a largo plazo en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total de la inversión equivale a 20 veces su valor. «No hay economía de la prevención más poderosa que la anticoncepción», sentencia el reporte.
Rebelión federal: Provincias que cuidan
Frente al retiro del Estado nacional del rol de proveedor, 13 provincias plantaron bandera y salieron a comprar insumos para aborto seguro con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
La respuesta de las gobernaciones fue heterogénea pero activa:
- 10 provincias compraron misoprostol de forma directa.
- 6 provincias adquirieron el tratamiento combinado (Mifepristona + Misoprostol), considerado el estándar de oro por la OMS.
- 2 provincias (Jujuy y Mendoza) financiaron la compra de aspiradores y cánulas para realizar AMEU (Aspiración Manual Endouterina).
Las obstétricas hacen la diferencia: El milagro mendocino
El informe dedica un apartado luminoso a las estrategias de ampliación de tareas en los territorios, destacando el caso de Mendoza. Mediante el Decreto 2088/24, la provincia cuyana actualizó su vademécum habilitando a las licenciadas en obstetricia a prescribir misoprostol y mifepristona.
Los resultados fueron inmediatos y contundentes: las profesionales dispuestas a prescribir saltaron de 15 a 55 en 2025, llegando a garantizar por sí solas el 47% del total de los abortos de la provincia. Esta medida transformó el mapa del acceso, llevando soluciones directas al primer nivel de atención en zonas rurales y semiurbanas rezagadas. Al día de hoy, ya son cinco las provincias que empoderaron legalmente a sus obstétricas: Neuquén, Mendoza, Jujuy, San Luis y, recientemente, la Provincia de Buenos Aires.
La radiografía de los monitoreos feministas: Entre el desierto informativo y la violencia
Los relevamientos territoriales de la sociedad civil (Amnistía Internacional, Fundeps, Mujeres x Mujeres y Multipalabras) traen las voces de las usuarias e identifican las barreras que persisten por el abandono estatal:
- Amnistía Internacional (Alerta Adolescente): El Estado nacional reconoció que durante 2024 y 2025 no realizó una sola campaña de difusión pública sobre el aborto legal. La consecuencia es feroz: el 65% de las personas que consultan no sabe cómo acceder a un aborto seguro, y los reclamos y desamparos institucionales en la población de niñas y adolescentes crecieron un 306% en 2025. Salta aparece en rojo: acumuló el 46% de todas las denuncias nacionales ante el 0800 por falta de medicación.
- Multipalabras (Santa Fe): El 87% de las usuarias encuestadas desconoce la existencia de la línea telefónica nacional 0800SaludSexual, un canal clave que quedó completamente invisibilizado por la falta de pauta y difusión oficial.
- Fundeps (Córdoba): Evidencia la brecha de clase territorial. Mientras en Córdoba Capital el 85% refiere que hay pocas dificultades para abortar (aunque el 75% de los hospitales denuncia falta de personal), en el interior de la provincia el 50% denuncia severas trabas de transporte y turnos, y los malos tratos institucionales hacia las usuarias casi se duplican (37% en el interior frente al 20% en la capital).
- Mujeres x Mujeres (Chaco y Santiago del Estero): En Chaco, 9 de cada 10 mujeres manifestaron no haber visto jamás cartelería informativa sobre aborto en los centros de salud a los que asisten.
En Santiago del Estero, el panorama roza la clandestinidad de hecho: 8 de cada 10 mujeres sufrieron la negativa de acceso a anticonceptivos por falta de stock, y solo 3 hospitales en toda la provincia brindan el servicio de IVE/ILE, centralizando la atención y provocando dilaciones peligrosas.
Ante el repliegue del sistema de salud institucional, las redes comunitarias salieron a poner el cuerpo. Socorristas en Red brindó información técnica a 9.011 personas durante 2025. De las que decidieron abortar, el 72% optó por transitar el proceso acompañadas por el sistema comunitario feminista, evidenciando cómo el abandono estatal empuja a las usuarias fuera de los hospitales.
Batalla cultural vs. Realidad jurídica
En el plano institucional, el informe desarma las operaciones discursivas del gobierno. En agosto de 2026, Javier Milei firmó la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra, un sello político antiaborto integrado por 43 gobiernos conservatismas. Proyecto Mirar es categórico: «La firma no deroga nada: la Ley 27.610 sigue plenamente vigente». Se trata de un mero gesto político sin efectos jurídicos que choca de frente con los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Constitución Nacional.
En los tribunales, la ofensiva reaccionaria también muerde el polvo: de las 38 causas judiciales iniciadas contra la ley desde 2020, 35 ya fueron rechazadas de forma definitiva y solo 3 siguen cajoneadas en la Corte Suprema sin éxito.
En el Congreso y las legislaturas, se presentaron 75 proyectos normativos: el 84% tuvo una orientación protectora o de ampliación de derechos (leyes de respuesta al VIH, gestión menstrual o menopausia), mientras que los proyectos restrictivos —como el de Amalia Granata en Santa Fe para obligar a las mujeres a escuchar ecografías Doppler antes de abortar— quedaron totalmente congelados en comisión, sin dictamen.
Mortalidad materna y la falacia de la «Crisis Demográfica»
El informe analiza con dureza las Estadísticas Vitales oficiales: la Razón de Mortalidad Materna general en Argentina pegó un salto alarmante del 37% en 2024 respecto al 2023 (pasando de 3,2 a 4,4 muertes por cada 10.000 nacidos vivos), consolidando una tendencia al amesetamiento ascendente en la última década.
Sin embargo, el aborto legal demuestra ser el único escudo eficiente: las muertes por abortos médicos e interrupciones voluntarias se redujeron a la mitad (50%) en el período posterior a la sanción de la ley en comparación con el trienio previo.
Finalmente, frente a la campaña oficial que responsabiliza al aborto por el descenso de la natalidad (que cayó un 46% en la última década en términos generales y un 68% entre niñas y adolescentes), las investigadoras del CEDES aportan cordura y perspectiva demográfica:
Argentina registró una caída histórica y única del 69% en la fecundidad de niñas de 10 a 14 años y del 70% en la franja de 15 a 19 años.
Este fenómeno responde a conquistas estructurales y transformaciones culturales profundas: la secularización social, la autonomía personal, la educación sexual integral y el acceso a tecnologías anticonceptivas transformaron la maternidad forzada en una opción personal y elegida. Del mismo modo, influyen determinantes económicos insoslayables: la enorme incertidumbre sobre los ingresos futuros, la precariedad de la vivienda y la escasez absoluta de políticas públicas de corresponsabilidad para el cuidado empujan a las personas a postergar o cancelar sus proyectos reproductivos.
Como concluye Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES:
«El acceso a la interrupción del embarazo forma hoy parte de la agenda cumplida de la democracia en la Argentina».
El engranaje virtuoso entre los equipos de salud comunitarios, las decisiones presupuestarias locales y la insumisión del movimiento feminista demuestra que, a pesar de la motosierra y el oscurantismo, nuestro derecho a decidir sigue de pie.
RADIOGRAFÍA FEMINISTA: ¿Cómo se garantiza el aborto legal en la Provincia de Buenos Aires?
El territorio bonaerense es el principal bastión de resistencia federal frente al desfinanciamiento sanitario del gobierno de Javier Milei. Con la mayor cantidad de efectores del país y una respuesta presupuestaria activa, la provincia absorbe casi la mitad de la demanda nacional.
Respuestas políticas y presupuesto propio
Ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de suspender la provisión de medicamentos y anticonceptivos a las provincias, el Ministerio de Salud bonaerense desplegó una estrategia de contingencia financiera y administrativa:
- Compra directa de Misoprostol: PBA financió con fondos propios la adquisición de medicamentos para evitar el desabastecimiento en el primer nivel de atención.
- Normativas de vanguardia: Durante este período, la provincia dictó 5 normas administrativas directas destinadas a blindar la política sanitaria de salud sexual y reproductiva (el número más alto de regulaciones registrado en el país).
- Guías de cuidado: Se aprobaron guías clínicas obligatorias sobre hipertensión en el embarazo y protocolos específicos para el abordaje del duelo gestacional y perinatal.
- Adquisición de insumos críticos: La provincia ejecutó partidas presupuestarias extraordinarias para la compra de preservativos y medicamentos para el tratamiento del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Ampliación de derechos: Las parteras hacen historia
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Provincia de Buenos Aires aprobó la Resolución Ministerial 6789/2026, una medida histórica que expande la autonomía profesional en los barrios:
Habilitación legal: Se incorporó formalmente a las licenciadas en obstetricia (parteras) como prescriptoras de misoprostol y mifepristona.
Impacto en el territorio: Con esta norma, PBA se convirtió en una de las 5 provincias argentinas (junto a Neuquén, Mendoza, Jujuy y San Luis) que descentralizan la atención médica, multiplicando las puertas de entrada al aborto seguro en los centros de atención primaria y aliviando la carga de los hospitales de alta complejidad.
La alerta del monitoreo civil
A pesar de la sólida infraestructura estatal, el proyecto legislativo restrictivo presentado en la Legislatura Bonaerense por el bloque unipersonal Derecha Popular intentó dejar sin efecto la aplicación de la Ley 27.610 y ampliar la objeción de conciencia en colegios profesionales de forma desregulada. Gracias a la presión social y a la falta de consenso, las iniciativas reaccionarias quedaron completamente congeladas en comisión, sin dictamen.
