El sistema judicial de la provincia de San Luis, Argentina, atraviesa una profunda crisis de credibilidad y protección de derechos. En medio de un proceso histórico, las abogadas feministas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín (integrantes del estudio [Abogando Perspectivas]) enfrentan una feroz campaña de amedrentamiento y persecución. Su único «delito» ha sido romper el silencio y patrocinar a víctimas de abuso sexual infantil que exigen respuestas. El caso no solo expone las fallas crónicas del Estado, sino que también enciende las alarmas sobre la gravedad institucional que significa desproteger a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos.
El Contexto: La incansable búsqueda de un «Juicio por la Verdad»
La causa cobró un impulso decisivo cuando cuatro mujeres —tres de ellas hermanas— se presentaron ante los tribunales puntanos para solicitar la apertura de un Juicio por la Verdad. Las denunciantes señalaron haber sido víctimas de múltiples abusos durante su infancia por parte de un hombre muy cercano a su entorno familiar. Al haber transcurrido décadas, la causa penal ordinaria fue declarada prescripta, impidiendo la aplicación de una condena de prisión efectiva.
Frente a este vacío legal, las abogadas Pereyra Jameson y Marín recurrieron a esta herramienta de justicia restaurativa. El Juicio por la Verdad no busca encarcelar, sino investigar los hechos, validar oficialmente el relato de las víctimas, señalar al culpable y garantizar el derecho a la reparación histórica y social de las afectadas. Sin embargo, la inminencia de las audiencias desató una contraofensiva feroz por parte del entorno del acusado.
Gravedad Institucional: Las herramientas del miedo
La gravedad de lo que sucede en San Luis radica en que las maniobras de amedrentamiento dejaron de ser anónimas para transformarse en estrategias judiciales y extorsivas formales:
- Extorsión económica a la red de apoyo: La defensa del imputado convocó a una mediación obligatoria a una de las personas que acompaña activamente el reclamo social de las víctimas. Lo escandaloso es la amenaza explícita adjunta: de no prosperar la mediación, le exigen el pago de 30 millones de pesos bajo el concepto de costas y gastos judiciales. Esto representa un intento explícito de asfixia económica para disciplinar y silenciar la protesta social.
- Complicidad corporativa y silencio oficial: El nivel de desprotección institucional quedó en evidencia tras episodios de violencia explícita. Las abogadas fueron agredidas, insultadas y amenazadas a la salida de las audiencias por las propias letradas defensoras del acusado y operadores mediáticos locales. Ante este atropello al libre ejercicio de la abogacía, las instituciones clave, incluido el Colegio de Abogados de San Luis, mantuvieron un silencio absoluto, dejando desamparadas a las profesionales.
- Bozal legal: El aparato judicial también ha impuesto medidas cautelares que restringen el derecho a la libre expresión de las abogadas, impidiéndoles hacer manifestaciones públicas detalladas en torno al proceso. Se utiliza el derecho no para proteger al vulnerable, sino para blindar al denunciado.
La Valentía de las Abogadas: Litigar a pesar del peligro
En un territorio donde las causas por violencia de género y abuso contra las infancias suelen ser cajoneadas y dilatadas durante años, la labor de Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín cobra un valor heroico. Ambas profesionales ejercen en gran parte de estos expedientes de forma ad honorem, movilizadas únicamente por el compromiso ético y la perspectiva de derechos humanos.
Soportar el hostigamiento en los pasillos de los tribunales, las amenazas patrimoniales a sus redes de contención y la difamación pública requiere una entereza moral y una valentía excepcionales. Al no dar un paso atrás ante la inminente audiencia del Juicio por la Verdad, están sentando un precedente fundamental: los delitos contra las infancias no pueden ser borrados por el paso del tiempo ni por la intimidación de los poderosos.
La situación de San Luis excede un conflicto entre particulares. Cuando se persigue a los abogados que defienden los derechos humanos, lo que está en riesgo es la democracia misma. La sociedad civil y los organismos nacionales e internacionales deben poner la mirada sobre San Luis para exigir garantías plenas para las víctimas y sus representantes legales. La verdad no se puede silenciar con amenazas de 30 millones de pesos.
