«A todas las peruanas afectadas, la noticia nos ha caído como un balde de agua helada».
Con esa frase cargada de bronca y desamparo, las organizaciones de mujeres sobrevivientes resumieron el golpe institucional que acaban de recibir en Perú.
Tras casi treinta años de peregrinar en busca de verdad y reparación, la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial decidió archivar definitivamente la investigación por las esterilizaciones forzadas perpetradas durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000.
La resolución, firmada el pasado 22 de octubre, extingue la acción penal contra 52 investigados —entre ellos los exministros de Salud Alejandro Aquinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, además de operadores médicos y funcionarios estatales— dejando sin justicia a 4.172 mujeres denunciantes y a los familiares de cinco víctimas cuyos casos terminaron en muerte.
La paradoja de la impunidad legalizada
Lo más aberrante del fallo fiscal no es solo el cierre del expediente, sino su propia contradicción jurídica. En el documento, el Ministerio Público reconoce explícitamente que existen indicios graves de que las intervenciones se realizaron sin consentimiento informado, bajo un aparato estatal y presupuestal planificado, y que reúnen todos los elementos de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en lugar de avanzar hacia el juicio oral, la Fiscalía optó por aplicar la Ley 32107 —una norma impulsada por el fujimorismo y aprobada por el Congreso en 2024—, que declara prescritos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Así, mediante un artilugio legislativo hecho a medida de los perpetradores, el Estado peruano borra de un plumazo la imprescriptibilidad que rige en el derecho internacional.
Violencia estatal con sesgo de clase y raza
Hablar de las esterilizaciones forzadas en el Perú de los años noventa no es hablar de errores médicos aislados, sino de una política sistemática de control demográfico ejecutada sobre los cuerpos más vulnerabilizados.
Bajo el eufemismo del «Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar», el aparato estatal persiguió metas numéricas a costa de la autonomía reproductiva de cerca de 300.000 mujeres.
El perfil de las víctimas desnuda el carácter racista y clasista del plan: la inmensa mayoría eran mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas, quechuahablantes y en situación de pobreza.
En las postas rurales, bajo engaños, presiones económicas o amenazas directas, miles fueron mutiladas sin saber siquiera qué les estaban haciendo. Otras, como Mamérita Mestanza o Celia Ramos Durand, perdieron la vida por infecciones y negligencias tras intervenciones realizadas en condiciones precarias.
Desacato internacional y resistencia en las calles
La decisión fiscal no solo revictimiza a quienes llevan tres décadas exigiendo justicia; también constituye un desacato abierto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el emblemático caso de Celia Ramos vs. Perú, el tribunal interamericano condenó al Estado peruano, determinó que estas prácticas formaron parte de una política estatal sistemática y prohibió expresamente utilizar figuras como la prescripción o leyes de amnistía para frenar las investigaciones.
Tanto Amnistía Internacional como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron que el archivo perpetúa la impunidad y coloca al Perú al borde de un quiebre con el sistema interamericano.
Lejos de resignarse, las asociaciones de mujeres afectadas y organizaciones feministas como DEMUS ya anunciaron que impugnarán la resolución fiscal y llevarán nuevamente el reclamo ante la Corte IDH. Porque cuando los Estados intentan archivar la memoria a fuerza de leyes de impunidad, la resistencia de las mujeres vuelve a demostrar que los crímenes sobre nuestros cuerpos no prescriben.










