Impunidad por decreto judicial: la Corte Suprema abre la puerta a la prisión domiciliaria para los genocidas

Lo que no pudieron lograr en las calles ni en las urnas con el repudiado fallo del 2×1 en 2017, ahora intentan ejecutarlo por la puerta trasera y con firma administrativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la Acordada 21/2026 —puesta en vigencia tras la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 2867/2026— un nuevo protocolo que unifica y flexibiliza los criterios para otorgar prisiones domiciliarias y que allana el camino para que los genocidas de la última dictadura cívico-militar abandonen la cárcel común.

Bajo un lenguaje supuestamente técnico y burocrático, el máximo tribunal construyó un traje a medida para beneficiar a criminales de lesa humanidad responsables de desapariciones forzadas, torturas, vuelos de la muerte y apropiación sistemática de bebés. Nombres emblemáticos del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo «Tigre» Acosta o el cura Christian von Wernich —condenados a prisión perpetua en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF)— podrían acceder a este privilegio y cumplir sus penas en la comodidad de sus casas.

Un mecanismo diseñado para garantizar impunidad

La maniobra es tan sutil como peligrosa. La ley establece que la prisión domiciliaria por motivos de salud o edad avanzada (mayores de 70 años) corresponde únicamente cuando la persona detenida no puede recibir el tratamiento médico adecuado dentro de la unidad penitenciaria, atraviesa una enfermedad terminal o padece una discapacidad incompatible con el encierro.

Sin embargo, el nuevo protocolo aprobado por la Corte introduce un cambio central que desequilibra por completo la balanza:

Silenciamiento de los organismos de control: A partir de ahora, para evaluar las condiciones sanitarias de las cárceles, los jueces solo tomarán en cuenta un informe institucional emitido por el Cuerpo Médico Forense (CMF), dejando afuera los relevamientos independientes que realizan organismos especializados como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) o la Comisión de Cárceles de la Defensoría General.

Guiño directo a los planteos negacionistas: La resolución ordena además que esa información sanitaria sea evaluada a la luz de los hábeas corpus colectivos presentados en distintas unidades penitenciarias. No es un dato menor: a fines de 2024, las agrupaciones defensoras de los represores y militantes de la llamada «memoria completa» habían intentado sin éxito impulsar hábeas corpus masivos para sacar de prisión a los condenados por lesa humanidad. Lo que la Justicia rechazó por la vía ordinaria, la Corte lo habilita ahora mediante una acordada.

 

Mientras vacían el Estado, le garantizan privilegios a los represores

La decisión del máximo tribunal no ocurre en el vacío. Se inscribe en un clima de época marcado por el negacionismo oficial, los recortes a los sitios de memoria y la desarticulación de las políticas públicas de Derechos Humanos sostenidas durante décadas de democracia.

Mientras a miles de jubilados y jubiladas en la Argentina se les niegan medicamentos oncológicos y se les ajusta el haber por debajo de la línea de indigencia, el Poder Judicial se ocupa con celeridad de construir atajos procesales para cuidar la salud y el bienestar doméstico de quienes sembraron el terror en el país y nunca mostraron el menor signo de arrepentimiento ni aportaron un solo dato sobre el destino de los desaparecidos o la identidad de los nietos apropiados.

No en nuestro nombre

La prisión común, perpetua y efectiva para los genocidas no es una venganza: es una conquista democrática colectiva y un estándar internacional frente a crímenes que no prescriben.

Intentar vaciar las cárceles de represores mediante protocolos administrativos es una afrenta directa a los 30.000 desaparecidos, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a los sobrevivientes y a toda una sociedad que ya dijo Nunca Más.

El único lugar para un genocida es la cárcel común. No en nuestro nombre.

 

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