Un nuevo y escalofriante caso de desamparo institucional sacude al país en las vísperas del próximo Ni Una Menos. Una niña de 12 años ingresó al hospital zonal por presuntas «molestias estomacales», pero la evaluación obstétrica confirmó lo peor: cursa un embarazo avanzado de 29 semanas, resultado de abusos sexuales sistemáticos.
La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, liderada por la fiscal Natalia Malachevski, investiga una red de abusos intrafamiliares que involucra al padrastro de la menor —identificado como “Tipo” Gambarte—, a su hermano César G. y a su sobrino Juan G.
Crónica de una impunidad anunciada: Alertas previas ignoradas
La tragedia de la menor no se produjo por falta de advertencias, sino por la sistemática inacción de los organismos que debían protegerla:
Denuncia desestimada: Cuatro años atrás, la abuela materna de la niña (59 años) se presentó ante las autoridades judiciales y policiales solicitando la tenencia de sus tres nietos por graves maltratos físicos del padrastro. La Justicia desestimó el pedido, descalificó a la denunciante y dictaminó que los menores estaban en «perfecto estado».
El horror cotidiano: La impunidad le permitió al padrastro continuar los ataques. Según reveló un hermano menor de la víctima, el hombre utilizaba la rutina doméstica como pantalla: enviaba sistemáticamente a la niña a moler maíz a un sector apartado de la vivienda para someterla bajo amenazas.
Un prófugo con antecedentes: Juan G., uno de los señalados, ya contaba con antecedentes por delitos sexuales. Al enterarse del embarazo y la nueva denuncia, se dio a la fuga y la policía montó un operativo para capturarlo. La abuela amplió la acusación contra su propia hija (la madre de la menor) por presunta complicidad y encubrimiento.
Fallas judiciales extremas: De regreso al hogar del agresor
A pesar de la gravedad del cuadro, el accionar judicial posterior al hallazgo encendió las alarmas de los familiares y de las organizaciones comunitarias por su extrema negligencia: Tras ser trasladada al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) para exámenes médicos forenses, la niña de 12 años recibió el alta y fue reintegrada a su hogar, quedando bajo la custodia de la madre imputada y en el mismo predio donde convive el principal acusado. Su tía, Mónica, denunció con desesperación que la menor ni siquiera fue escuchada en Cámara Gesell porque la madre se la llevó de inmediato.
Aunque la niña niega los abusos y culpa a un vecino, su entorno afirma que lo hace bajo un estado de absoluto terror psicológico.
El fracaso del Estado unifica el grito de las pibas
Lo ocurrido en Santiago del Estero encastra de manera perfecta y terrorífica con el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y el asesinato de Dulce Candia en Misiones. No son hechos aislados ni meras coincidencias geográficas: representan la radiografía exacta de un Estado penal y asistencial en absoluta decadencia.
Mientras en Córdoba un fiscal cínico monta un show mediático para colgarle medallas a un perro rastreador intentando tapar que la policía no quiso tomarle la denuncia a la familia de Agostina, en Santiago del Estero los jueces devuelven a una niña violada y embarazada de 29 semanas a la misma casa de sus violadores.
El hilo conductor es idéntico: una Justicia patriarcal, burocrática y corporativa que desoye a las familias, descalifica a las abuelas que denuncian a tiempo y abandona los cuerpos de las infancias más vulnerables en los márgenes de las provincias.
Este horror ocurre, además, bajo un contexto nacional de vaciamiento absoluto y desfinanciación de las políticas de género, de las líneas de asistencia y de los programas de protección de la niñez. El retiro presupuestario del Estado no es una medida económica abstracta; se traduce directamente en la falta de personal idóneo para intervenir en el territorio, en la ausencia de refugios seguros y en el desamparo de las redes locales.
Ante el silencio oficial y la complicidad de un Poder Judicial que libera o protege a los violentos, el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas vuelven a quedar como el único dique de contención civil que visibiliza, acompaña y grita por las que ya no tienen voz.
