El Gobierno nacional avanzó esta semana con la apertura de sobres de la licitación internacional para la concesión de la Hidrovía Paraná–Paraguay, la ruta fluvial por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. El proceso, presentado por la gestión de Javier Milei como una licitación “transparente” y respaldada por organismos internacionales, vuelve a poner en el centro del debate no sólo el futuro económico de la vía navegable sino también sus impactos ambientales, la soberanía sobre los recursos estratégicos y los mecanismos de control público.
Las ofertas quedaron reducidas finalmente a dos gigantes belgas del dragado internacional: Jan De Nul —actual concesionaria— y DEME. La brasileña DTA Engenharia quedó fuera del proceso al no presentar una garantía exigida en el pliego. La adjudicación definirá un contrato de concesión por 25 años y un negocio estimado en más de 10 mil millones de dólares.
Desde el Ejecutivo sostienen que el proceso cuenta con auditoría externa de la ONU, respaldo técnico de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y acompañamiento de cámaras empresarias, gobiernos provinciales y sectores rurales. Sin embargo, las denuncias cruzadas, las operaciones políticas, los antecedentes de lobby empresario y las objeciones de especialistas, legisladores y organizaciones socioambientales vuelven a exponer una discusión de fondo: quién controla el Paraná y bajo qué intereses.
Un río estratégico convertido en negocio
La Hidrovía no es solamente una autopista para exportaciones agroindustriales. Es también un ecosistema vital para millones de personas, fuente de biodiversidad, pesca, agua potable y sustento económico para comunidades ribereñas. Por eso, desde sectores ambientalistas y académicos advierten que reducir el debate a la “competitividad” y la baja de costos logísticos implica invisibilizar los impactos ecológicos del dragado intensivo y la profundización del modelo extractivista.
Las obras proyectadas para permitir el ingreso de buques de mayor calado podrían modificar dinámicas sedimentarias, afectar humedales y profundizar problemas ambientales ya existentes en el río Paraná, uno de los sistemas hídricos más importantes de Sudamérica. Organizaciones ambientales vienen reclamando desde hace años estudios independientes e integrales sobre las consecuencias ecológicas del modelo de explotación de la vía navegable.
Aunque el Gobierno insiste en que el proceso cuenta con apoyo de algunos sectores ambientalistas, también existen voces críticas que denuncian falta de información pública suficiente, escasa participación ciudadana real y ausencia de debates amplios sobre el impacto socioambiental de una concesión que comprometerá al país durante las próximas décadas.
Sospechas, lobby y disputas de poder
La licitación quedó además atravesada por fuertes tensiones políticas y empresariales. Desde la Casa Rosada deslizan sospechas sobre supuestas maniobras del ex presidente Mauricio Macri para favorecer a la empresa neerlandesa Boskalis, finalmente ausente en esta etapa de la compulsa. A su vez, aparecieron denuncias sobre reuniones reservadas, conflictos de interés y vínculos entre funcionarios, empresarios y operadores ligados al negocio portuario.
El oficialismo sostiene que esta vez aprendió de los errores del fallido proceso de 2024 y que las mesas técnicas y auditorías internacionales garantizaron mayor transparencia. Pero desde la oposición y distintos sectores críticos no comparten esa mirada.
El diputado nacional Jorge Taiana pidió suspender la licitación al denunciar que el proceso estaría basado en documentos “apócrifos”, incluyendo supuestos informes atribuidos a Naciones Unidas cuya autenticidad fue cuestionada. Además, recordó que existen denuncias penales en investigación y reclamó la impugnación integral del procedimiento.
La presentación fue acompañada por intelectuales, juristas, periodistas y especialistas que alertan sobre “irregularidades y sospechas” en torno a la privatización del Paraná. Entre quienes respaldaron el pedido aparecen nombres como Eduardo Barcesat, Carlos Del Frade, Sebastián Premici y Mempo Giardinelli.
El ambientalismo frente al falso dilema
En medio de la discusión pública, sectores ambientalistas advierten sobre un discurso cada vez más instalado: presentar cualquier cuestionamiento ecológico como un obstáculo al desarrollo económico. Sin embargo, especialistas remarcan que defender el ambiente no implica frenar la actividad productiva sino exigir controles públicos, transparencia y criterios de sustentabilidad reales.
La experiencia argentina y regional muestra que los grandes proyectos de infraestructura ligados al extractivismo suelen avanzar con escasa participación social y con beneficios concentrados en grandes corporaciones exportadoras, mientras las consecuencias ambientales recaen sobre las poblaciones locales.
El debate sobre la Hidrovía excede así la disputa entre empresas belgas, brasileñas u holandesas. Lo que está en discusión es qué modelo de desarrollo quiere la Argentina, quién decide sobre sus bienes comunes y bajo qué mecanismos democráticos se administran recursos estratégicos como el río Paraná.
Mientras el Gobierno busca cerrar la adjudicación en las próximas semanas, crecen las voces que reclaman mayor acceso a la información, auditorías independientes y un debate público profundo sobre una concesión que marcará el rumbo económico, político y ambiental del país durante los próximos 25 años.
