El ajuste estructural, la motosierra sobre el Estado y la desregulación absoluta de los precios implementados por la gestión de Javier Milei tienen un impacto asimétrico, violento y corporalizado sobre las mujeres y las disidencias.
La Encuesta Nacional sobre el Impacto de la Situación Económica en Mujeres y LGBTTINB+, diseñada y ejecutada por el Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá en articulación con el ISEPCI, arroja datos alarmantes sobre el colapso de la autonomía económica, la salud mental y las redes de cuidado de las identidades feminizadas en todo el territorio federal.
A través de 1.538 casos válidos relevados de forma presencial entre mayo y julio de 2026 (con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2%), el diagnóstico colectivo es tajante: la violencia económica gubernamental empuja al colectivo a un estado de supervivencia extrema. El informe expone una realidad transversal sintetizada en cuatro dimensiones críticas: ajustadas, hambreadas, pluriempleadas y peligrosamente endeudadas.
Radiografía de la muestra: Quiénes sostienen la crisis
El relevamiento garantizó un alcance estrictamente federal y representativo de la distribución poblacional del país: 65% en la región Centro (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa), 15% en el NOA, 8% en el NEA, 7% en Cuyo y 5% en la Patagonia.
El promedio de edad de las participantes fue de 40 años. En cuanto a la identidad de género, el 94% se identificó como mujer, el 1% como no binarie, el 1% como varón trans y el 1% como mujer trans o travesti, consolidando un 16% de población LGBTTINB+ total al cruzar las variables de orientación sexual.
El dato socioeconómico de base expone la vulnerabilidad estructural: el 84% de las encuestadas integra hogares con ingresos menores a $1.800.000, una cifra que las ubica mayoritariamente por debajo de la línea de la pobreza. Además, el 55% tiene personas a cargo económicamente (de las cuales el 75% cuida de niñeces y adolescencias), en un país donde según el INDEC más del 40% de los hogares tienen jefatura femenina y 8 de cada 10 hogares monomarentales son sostenidos exclusivamente por mujeres.
Ajustadas: La tijera sobre la sostenibilidad de la vida
El 90% de las encuestadas afirmó haber realizado ajustes y recortes en el consumo diario de su hogar . La pérdida drástica del poder adquisitivo obligó a modificar las pautas de subsistencia:
El 52% recortó en alimentos básicos.
El 27% ajustó en la compra de medicamentos.
El 19% redujo o postergó el pago de servicios esenciales como luz, gas y agua.
Para el 69% de las mujeres y disidences, los ingresos «nunca» (20%) o «a veces» (49%) cubren los gastos básicos . Los bienes percibidos con precios más excesivos son, justamente, los alimentos (62%) y los remedios (53%). Para resguardarse, el 98% debió desplegar estrategias de emergencia, como caminar o ir en bicicleta para no pagar transporte públicos (17%), comprar en mayoristas (41%) o adquirir productos usados (27%).
La crisis impacta también en el acceso al hábitat: apenas el 56% de las consultadas habita una vivienda propia, marcando una caída drástica frente al 65,7% registrado en el Censo 2022, mientras que las inquilinas treparon al 28%, quedando expuestas a la desregulación total del mercado inmobiliario.
Hambreadas: Inseguridad Alimentaria con rostro feminizado
La vulneración del derecho a una alimentación adecuada —consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como la CEDAW— es una de las aristas más cruentas del modelo libertario.
El 87% modificó su consumo de alimentos por motivos económicos.
El 65% redujo de manera simultánea la calidad y la cantidad de la comida que ingresa a sus hogares.
Por falta de recursos, el 65% dejó de comprar carne, el 35% eliminó o redujo los lácteos y el 29% recortó frutas y verduras.
El dato más alarmante: en el 42% de los hogares, algún miembro de la familia debió suprimir una comida entera por falta de dinero. Esta omisión involuntaria consolida un escenario de inseguridad alimentaria crónica.
Las ollas y comedores comunitarios ya no solo reciben a los sectores históricamente postergados, sino que hoy registran la asistencia de jubiladas, pensionadas, docentes, trabajadoras precarizadas y estudiantes.
Pluriempleadas y Precarizadas: Sobrevivir en la informalidad
El acceso al empleo formal con derechos laborales se ha vuelto un privilegio esquivo. El 51% de las ocupaciones de las encuestadas son precarizadas (informales o cuentapropistas desprotegidos) y el 25% declaró haber perdido su empleo o su principal fuente de ingresos en los últimos 6 meses
Frente a la licuación de los ingresos, el pluriempleo escaló al 29% dentro de la muestra (casi el doble del 15,5% que el INDEC registraba para las mujeres a fines de 2025). Lo grave es que el 56% de ellas se vio obligada a sumar estas tareas extra en los últimos 6 meses para intentar alcanzar la canasta básica.
Estas ocupaciones de supervivencia abarcan la venta ambulante o en ferias de ropa, comida o cosméticos, el trabajo como conductoras de aplicaciones (Uber), la realización de changas de limpieza y cuidado de personas, clases particulares y la gestión informal de redes sociales.
El peligro de las «Cajeras Virtuales»
El informe de Mumalá enciende una alerta territorial de extrema gravedad: por primera vez aparece el juego en línea sin regulación ni control como una estrategia para sumar ingresos. Las mujeres de los barrios populares están ingresando a estas plataformas no solo como jugadoras, sino como «cajeras virtuales», insertándose en un entramado de economías informales, desprotegidas y complejas que deteriora la seguridad comunitaria.
Para quienes no tienen ingresos (33% de la muestra), la realidad es el desempleo (55%) o quedar atrapadas de forma exclusiva en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (22%).
Las tareas de cuidado representan el 16,8% del PBI argentino —superando a la industria (16,3%) y al comercio (16,2%)—, pero el Estado sigue sin reconocer económicamente a quienes sostienen la vida.
Endeudadas para comer: La usura digital y financiera como estrategia de cuidado
El 63% de las mujeres y personas LGBTTINB+ en Argentina está endeudada, y el 59% padece un endeudamiento múltiple (sostiene obligaciones con dos o más acreedores en simultáneo). El endeudamiento ya no se origina para cubrir imprevistos o progresar, sino para resolver necesidades básicas individuales y garantizar el funcionamiento mínimo del hogar.
Tarjeta de crédito bancaria (49%): Financiando alimentos en cuotas y pagando saldos mínimos con intereses asfixiantes.
Créditos en billeteras virtuales (32%): Plataformas fintech que ofrecen dinero a un click pero aplican tasas de usura desproporcionadas y cuotizan deudas de forma compulsiva.
Servicios públicos e impuestos (25%): Familias que piden prestado para pagar la luz, el gas o el agua.
Préstamos familiares (24%) y préstamos informales barriales (14%).
Violencia urbana y financiera
El informe advierte que la toma de deuda fuera del sistema bancario por parte de sectores precarizados constituye una situación de alto riesgo para la integridad física. En geografías críticas como Rosario y el Gran Rosario, el impago de deudas con prestamistas informales barriales deriva en modalidades de violencia urbana extrema: amenazas, extorsiones, entrega forzada de viviendas, pérdida de escasos bienes patrimoniales y, en casos límite, homicidios o suicidios
El deterioro socioeconómico generalizado amenaza con replicar estas dinámicas criminales en otros puntos vulnerables del país.
Preocupadas, Angustiadas, Desbordadas: El colapso de la salud mental
La incertidumbre económica cala hondo en la salud física y mental del colectivo. Las emociones dominantes asociadas a la realidad económica son de carácter negativo: Preocupada (61%), Angustiada (45%) y Ansiosa (45%), mientras que «bien» o «feliz» apenas alcanzan el 1%. El 83% afirma que las preocupaciones económicas alteran directamente su descanso o sueño, y el 81% manifestó sentirse desbordada emocionalmente de manera regular. Además, el 86% experimentó síntomas físicos asociados al estrés (cefaleas, tensión muscular, insomnio agudo) durante el último mes.
A la par, las actividades recortadas para proteger la economía son precisamente aquellas indispensables para reducir el estrés: las vacaciones, las salidas, los deportes y las prácticas culturales.
El vaciamiento de la salud pública
Los dispositivos del sistema público para el abordaje de la salud mental sufrieron severos recortes presupuestarios. Esto impacta de manera directa sobre las usuarias más vulnerables: las extensas demoras para obtener un turno y la escasez de anticonceptivos o medicamentos para tratamientos hormonales suman agotamiento e intranquilidad.
La precarización laboral y los bajos sueldos en el sistema público provocan la migración de profesionales hacia la actividad privada particular, dejando de atender por obras sociales o prepagas.
Esto obliga a las pacientes a afrontar largos meses de espera para una admisión o directamente a suspender sus tratamientos, mientras que las usuarias de la salud privada relatan dejar de acudir para evitar el gasto.
Sobrecargadas y sin derecho a la vejez: El fin de las moratorias
Una alta proporción de las encuestadas asume las tareas de reproducción social en su totalidad. La organización y gestión cotidiana del cuidado de niñeces, adolescencias, personas mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas implica no solo tareas físicas, sino la coordinación de horarios, transporte, relaciones institucionales y afectivas cuyo sostén genera un profundo agotamiento físico y mental.
A este escenario, donde el Gobierno nacional exhibe un explícito negacionismo de género y paraliza la inversión en infraestructura pública de cuidado, se le suma una estocada previsional letal: la eliminación de la prórroga de la moratoria previsional
Esta herramienta histórica (como las Leyes N.º 24.476 y N.º 26.970, complementadas por el Programa de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado) permitía acceder a la jubilación reconociendo las desigualdades estructurales de género, tales como la informalidad laboral, el acceso tardío al empleo registrado y el trabajo doméstico no remunerado. Al eliminarla, el Estado institucionaliza la desprotección y condena a las mujeres y disidencias a una vejez sin ingresos propios.
El borramiento planificado del Estado
El retroceso dramático en los indicadores de bienestar coincide con el desmantelamiento explícito de la institucionalidad de género. Desde la asunción del actual Gobierno nacional, los programas sociales sufrieron un recorte real del 27,7%; las jubilaciones cayeron un 23,6%; los subsidios energéticos disminuyeron un 19,5% y el presupuesto educativo se redujo un 10,8%
La disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y de la totalidad de sus programas —incluido el acompañamiento económico para víctimas de violencia— busca obturar cualquier posibilidad de modificar desde el Estado los patrones culturales que sobrecargan a las mujeres. Borrar estas políticas no solo perpetúa los estereotipos sexistas, sino que contradice de manera abierta las obligaciones asumidas por la Argentina en tratados internacionales con rango constitucional.
El 70% de las encuestadas afirma que su situación económica es peor que hace seis meses, y el 89% sostiene que la crisis puso su futuro y sus proyectos de vida en pausa Las mujeres y personas LGBTTINB+ se endeudan, se precarizan y se enferman para sostener la vida, mientras el Estado nacional abandona su función más básica y urgente: cuidar a las que cuidan.
Romper el silencio contra la crueldad planificada
Las cifras que expone el Observatorio de Mumalá no son números abstractos de una planilla de Excel; son las huellas del dolor, del cansancio y de la incertidumbre inscriptas en los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias de nuestra patria.
Detrás de ese 42% de hogares donde alguien se saltea un plato de comida, o de ese 63% atrapado en la usura digital de una billetera virtual, lo que opera es una crueldad planificada. Una violencia económica ejercida desde el sillón de Rivadavia por una gestión que ha decidido hacer de la misoginia y el negacionismo de género su plataforma política y económica.
Sostener la vida en la Argentina de Milei se ha vuelto una proeza cotidiana y asfixiante. Las mujeres y disidencias somos quienes históricamente paramos la olla, inventamos el rebusque en las ferias y cuidamos a las niñeces y ancianidades en los barrios. Hoy, el PBI se sigue sosteniendo sobre esa gigantesca e invisible masa de trabajo de cuidados no remunerado, pero el Estado nacional ha decidido desertar abiertamente de sus obligaciones. Al cerrar el Ministerio, desmantelar los programas de asistencia a víctimas de violencia, vaciar los efectores de salud mental y dar de baja las moratorias previsionales, el gobierno nos dice que nuestras vidas no valen, que nuestro tiempo es descartable y que nuestra vejez merece el desamparo.
Desde Las Brujas que Salem sostenemos que la libertad que pregona el oficialismo no es más que la libertad del mercado para devorarse a las comunidades y disciplinar los cuerpos feminizados.
Frente a un futuro en pausa y un Estado que borra sus huellas protectoras, la respuesta sigue estando en la organización colectiva, la construcción federal de datos situados y el grito común en las calles. Si pretenden invisibilizarnos y condenarnos a la supervivencia, nos encontrarán unidas, politizando el dolor y tejiendo la resistencia que tarde o temprano va a hacer caer este modelo de exclusión. Porque a las que cuidamos, nadie nos cuida; por eso, nos cuidamos entre nosotras.
(Nota basada en los datos oficiales de la «Encuesta sobre el Impacto de la Situación Económica en Mujeres y LGBTTINB+», elaborada por el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumalá y el ISEPCI. Argentina, septiembre de 2026).
