En medio de una crisis persistente de violencia de género y femicidios, el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer penas vinculadas a las falsas denuncias vuelve a encender alarmas entre especialistas, organismos internacionales y colectivos feministas. No sólo por su impacto jurídico, sino por el mensaje político y cultural que transmite: poner el foco sobre un fenómeno estadísticamente ínfimo mientras la enorme mayoría de las víctimas de violencia sigue sin acceder a la Justicia.
Un reciente informe del Consejo Federal de Política Criminal (CFPC) desarma uno de los principales argumentos utilizados para justificar la iniciativa. Tras analizar más de ocho millones de investigaciones penales en 17 jurisdicciones argentinas entre 2022 y 2024, el estudio concluyó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de las causas.
El dato resulta contundente. Lejos de existir una epidemia de denuncias inventadas, como sostienen sectores conservadores y antifeministas, las estadísticas muestran que se trata de casos excepcionales. Sin embargo, el proyecto de Losada insiste en endurecer el abordaje penal sobre este punto, alimentando una narrativa que históricamente fue utilizada para desacreditar a víctimas de violencia sexual y violencia de género.
Especialistas advierten además sobre una confusión frecuente y peligrosa: una denuncia archivada, una absolución o una causa sin condena no equivalen automáticamente a una denuncia falsa. En delitos de violencia sexual y violencia doméstica, las dificultades probatorias, el miedo de las víctimas, la dependencia económica y la revictimización institucional suelen impedir que muchos casos lleguen a sentencia.
En ese contexto, el proyecto aparece desconectado de la realidad que viven las mujeres en Argentina. Según datos del Observatorio de Violencia de Género (OVG), el 77% de las mujeres que sufren violencia de pareja no realiza denuncias. En casos de violencia sexual, la cifra asciende al 88%. El principal problema, entonces, no es una supuesta ola de denuncias falsas, sino el silencio forzado por miedo, desprotección y desconfianza en el sistema judicial.
Organizaciones feministas sostienen que este tipo de iniciativas generan un efecto disciplinador: instalar socialmente la sospecha permanente sobre quienes denuncian violencia. El riesgo es claro. En un país donde muchas víctimas ya dudan antes de acudir a la Justicia, reforzar el fantasma de las “falsas denuncias” puede transformarse en una nueva barrera para acceder a protección.
La preocupación trascendió incluso las fronteras argentinas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas advirtió que avanzar con modificaciones penales en este sentido podría desalentar denuncias y obstaculizar el acceso a la Justicia de mujeres y diversidades víctimas de violencia.
Detrás del debate jurídico hay una disputa cultural más profunda. Mientras los movimientos feministas reclaman políticas públicas, presupuesto y herramientas de protección frente a una violencia estructural que sigue creciendo, sectores políticos insisten en construir una figura social de la “mujer denunciante mentirosa”, pese a que las estadísticas oficiales muestran exactamente lo contrario.
El proyecto de Losada parece responder más a una agenda ideológica que a una necesidad real del sistema penal. Porque cuando apenas el 0,09% de las causas corresponde a denuncias falsas, insistir en convertir ese fenómeno marginal en prioridad legislativa no sólo distorsiona la realidad: también corre el eje del verdadero problema, que sigue siendo la violencia machista y la dificultad histórica de las víctimas para ser escuchadas y protegidas.
