Una grave denuncia penal sacude la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Adriana Baravalle, designada recientemente al frente del área por el presidente Javier Milei, fue denunciada ante la Justicia por presunto fraude académico. La acusación sostiene que el doctorado en Inteligencia Artificial que ostenta la funcionaria fue comprado a una entidad de Hawái sin validez oficial, mediante un trámite exprés de apenas ocho días y un pago de 400 dólares.
La presentación judicial fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano. Según la legisladora, tras realizar una investigación sobre los antecedentes de la funcionaria, se comunicó con la American Andragogy University, una institución virtual con sede en Honolulu. Pagano demostró ante la Justicia que la entidad ofrece títulos de doctorado de forma inmediata, sin exigir el cursado de materias, la rendición de exámenes ni la defensa de una tesis doctoral. El único requisito real para obtener la certificación es el desembolso de la tarifa en dólares.
El currículum bajo la lupa
El caso generó un fuerte impacto político debido a la contradicción entre los anuncios oficiales y los documentos legales. En agosto pasado, al momento de anunciarse su incorporación, el Poder Ejecutivo presentó a Baravalle en redes sociales como una «eminencia en ciberseguridad y doctora en IA». Sin embargo, el Decreto 730/2026 que oficializó su nombramiento omitió el doctorado y la registró únicamente bajo el grado de «magíster».
La falta de acreditación internacional de la supuesta universidad hawaiana encendió las alarmas en el sector científico. La Secretaría que conduce Baravalle tiene bajo su órbita al CONICET y a los principales organismos de investigación del país, cuyos miembros deben sortear rigurosos concursos públicos y años de formación para acceder a sus cargos.
Si bien Baravalle cuenta con antecedentes en el sector privado y en la academia local —como su rol en el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral—, la facilidad con la que se tramitó su máxima credencial académica desató una crisis de legitimidad. Mientras la Justicia avanza con la investigación penal por falsificación de títulos y fraude, la oposición evalúa pedir citaciones en el Congreso para que la funcionaria rinda cuentas sobre su idoneidad para el cargo.
Contexto: Tres años de máxima tensión con el CONICET
El escándalo en torno a Baravalle representa el punto de quiebre de una relación históricamente conflictiva entre la gestión de La Libertad Avanza y la comunidad científica argentina:
- Agosto de 2023: Durante la campaña electoral, Javier Milei propone eliminar el Ministerio de Ciencia y privatizar o cerrar el CONICET, cuestionando públicamente la productividad de sus investigadores.
- Diciembre de 2023 – Abril de 2024: Ya en el Gobierno, la cartera se degrada a Secretaría, se congelan los presupuestos institucionales licuándolos frente a la inflación y se ejecuta una ola de despidos de personal administrativo y técnico.
- Año 2025: El Ejecutivo suspende el desembolso de subsidios para proyectos aprobados. Esto provoca una masiva «fuga de cerebros» debido a salarios devaluados, contratos caídos y la paralización de becas y promociones de carrera.
- Agosto – Septiembre de 2026: Tras masivas marchas de científicos en reclamo por el desfinanciamiento del sector, la designación de Baravalle y la posterior denuncia de su título exprés desatan la indignación generalizada. Desde el CONICET califican el hecho como una «ofensa institucional» y una grave asimetría de mérito frente a las severas exigencias académicas del país.
