La puesta en marcha del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) profundiza la desigualdad económica estructural entre varones y mujeres en Argentina.
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) publicado el 16 de mayo de 2026 revela que los 12 proyectos aprobados hasta el momento implican un costo fiscal de entre USD 830 y USD 1.340 millones anuales en su etapa de plena operación.
Esta millonaria renuncia fiscal del Estado se destina a sectores con una participación laboral femenina históricamente marginal, sin que se exijan contraprestaciones en materia de equidad laboral o cupos de género.
Los puntos clave del impacto de género en el RIGI
Financiamiento de la brecha: El Estado resigna recaudación para subsidiar industrias con baja inserción de mujeres.
Sectores masculinizados: Los USD 26.680 millones invertidos se concentran en minería, hidrocarburos, GNL y siderurgia.
Sin condiciones de equidad: Los beneficios tributarios se otorgan sin exigir planes de inclusión laboral femenina.
Triple penalización: La pérdida de recursos públicos debilita el gasto social, precariza el empleo formal y sobrecarga las tareas de cuidado hogareño.
Un subsidio ciego al empleo masculino
El RIGI beneficia a corporaciones que superan los USD 200 millones de inversión en activos nuevos. Sin embargo, el diseño del régimen omite la dimensión de género.
Los sectores que concentran los capitales aprobados al 11 de mayo de 2026 (como los proyectos mineros de litio en el norte o el Oleoducto Sur en la Patagonia) registran las tasas más bajas de empleo femenino del país, donde las mujeres representan menos del 10% o 15% de la fuerza laboral total.
Al incentivar económicamente a estas industrias sin condicionamientos de equidad, el Estado consolida un modelo de desarrollo que excluye a las mujeres de los empleos de alta calidad, mejores salarios y mayor estabilidad.
El costo fiscal: Menos recursos, más trabajo no remunerado
El informe del CEPA contradice la postura oficial del Poder Ejecutivo, el cual sostiene en su Informe 145 ante el Congreso que «no hay afectación al equilibrio fiscal».
La cuantificación de la recaudación potencial resignada (en Ganancias, retenciones y aranceles) demuestra un fuerte impacto en las arcas públicas:
Fase de construcción (2025-2028): El costo fiscal se estima entre USD 300 y USD 560 millones anuales, debido a la exención de IVA y aranceles de importación.
Régimen pleno (2030-2033): En el escenario base, el costo alcanza los USD 1.069 millones por año, llegando a USD 1.340 millones en el escenario alto.
Esta reducción de los ingresos fiscales limita de forma directa la capacidad del Estado para financiar infraestructura de cuidados, salud, educación y protección social.
Los estudios económicos con enfoque de género demuestran que, ante el recorte de los servicios públicos, el impacto recae directamente sobre la autonomía económica de las mujeres. Son ellas quienes terminan absorbiendo la carga del trabajo no remunerado de cuidados en el hogar, restando horas para su propio desarrollo laboral y profesional.
Anatomía de los proyectos aprobados
La concentración de los beneficios fiscales se distribuye en enclaves productivos con dinámicas laborales fuertemente masculinizadas:
Los USD 26.680 millones en inversiones comprometidas bajo el esquema del RIGI se concentran en tres grandes ramas productivas que presentan dinámicas críticas en términos de desigualdad de género:
- Hidrocarburos e infraestructura: Actividades con una brecha salarial muy alta entre varones y mujeres, donde la representación en los puestos de toma de decisiones sigue siendo mínima, tal como ocurre en el megaproyecto del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).
- Minería de litio y cobre: Sectores extractivos caracterizados por una bajísima contratación de mano de obra femenina para tareas operativas y de planta, visibles en desarrollos clave como el de Hombre Muerto Oeste.
- Gas natural licuado (GNL): Una industria de altísima complejidad técnica cuyos puestos operativos de alta remuneración se encuentran casi por completo masculinizados, un patrón que se replica en el proyecto de Licuefacción GNL.
Minería de Litio (Catamarca): Proyectos como Hombre Muerto Oeste mantendrán exportaciones estimadas en USD 374 millones anuales. Aunque el litio conserva retenciones del 4,5%, las exenciones en Ganancias y aranceles representan un beneficio directo a una actividad con escasa dotación femenina en puestos operativos.
Infraestructura Petrolera (Neuquén-Río Negro): El oleoducto VMOS cuenta con capacidad para 700.000 barriles diarios. Al tener el petróleo una retención general del 0%, el subsidio estatal se canaliza mediante el IVA pre-operativo y el cómputo del 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias.
Desafíos para la política pública
El RIGI funciona como un acelerador de asimetrías. Mientras las corporaciones de sectores extractivos y energéticos maximizan sus rentas gracias a los beneficios aduaneros y cambiarios, el costo social y económico es transferido a las trabajadoras.
Para que los regímenes de grandes inversiones no profundicen la vulnerabilidad de las mujeres, las agendas económicas globales exigen auditorías de impacto de género que condicionen los beneficios impositivos a la creación de empleo equitativo y a la inversión en la economía del cuidado.
El contraste fiscal: Incentivos millonarios a la masculinidad versus asfixia en sectores feminizados
El otorgamiento de beneficios fiscales bajo el RIGI revela una profunda asimetría en las prioridades de la política económica argentina.
Mientras el Estado resigna hasta USD 1.340 millones anuales para maximizar la rentabilidad de doce megaproyectos extractivos e industriales, los sectores económicos altamente feminizados —como la salud, la educación, el comercio de cercanía y las tareas de cuidado— operan bajo el régimen impositivo general, sin estímulos a la inversión y bajo un severo ajuste presupuestario.
Esta disparidad no solo consolida la brecha de ingresos entre varones y mujeres, sino que institucionaliza un modelo donde el capital intensivo masculinizado es subsidiado por la precarización de las trabajadoras de los servicios esenciales.
Radiografía de la asimetría sectorial y fiscal
La estructura económica argentina muestra que las mujeres se concentran en sectores de servicios de menor productividad relativa, mientras que los varones predominan en los sectores transables beneficiados por el RIGI.
La asimetría socioeconómica se profundiza al contrastar el diseño fiscal del régimen de grandes inversiones con la realidad de las ramas de la economía que concentran la mayor cantidad de trabajadoras:
- Brecha de participación laboral: En las industrias impulsadas por el RIGI (como minería, hidrocarburos y gas natural licuado) la inserción de las mujeres es marginal, representando apenas entre el 10% y el 15% del personal total. Por el contrario, en los sectores tradicionalmente feminizados como la salud, la educación y las tareas de cuidado, las mujeres constituyen una mayoría abrumadora que supera el 70% de la fuerza de trabajo.
- Tratamiento tributario desigual: Mientras el Estado otorga un millonario esquema de beneficios indirectos a las corporaciones del RIGI mediante la exención total de aranceles de importación, retenciones al 0% y una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, las instituciones y trabajadoras de los sectores de salud y educación operan bajo el régimen general, pagando la alícuota plena del 35% de Ganancias e IVA sin ningún tipo de alivio fiscal.
- Estructura del financiamiento: Los proyectos mineros y energéticos del RIGI se capitalizan mediante consorcios privados globales y fondos transnacionales concentrados de alta rentabilidad. En la otra vereda, el sostenimiento de los servicios básicos feminizados recae directamente sobre el presupuesto público del Estado (que financia los salarios de maestras y enfermeras) o depende del consumo directo de los hogares.
- Polarización de los ingresos: Las actividades masculinizadas del RIGI garantizan los niveles salariales más altos de la economía argentina en sus puestos técnicos y de supervisión. En contraposición, las actividades feminizadas se caracterizan por salarios promedio sustancialmente más bajos, altos índices de precarización institucional y la necesidad de recurrir al pluriempleo para poder cubrir la canasta básica total.
Impacto cruzado: Cómo el subsidio a uno desfinancia al otro
El diseño fiscal del RIGI genera un efecto de vasos comunicantes que perjudica doblemente a las mujeres trabajadoras. El gasto tributario que el Estado «perdona» a las grandes corporaciones energéticas y mineras restringe el espacio fiscal para sostener los servicios públicos donde las mujeres encuentran empleo formal y sostén comunitario.
- Salud y Educación: Trabajo feminizado bajo presión impositiva Los sectores de salud humana y educación formal emplean a más de 2 millones de mujeres en Argentina.
A diferencia de un Vehículo de Proyecto Único (VPU) del RIGI, una clínica médica privada o una institución educativa paga la alícuota máxima del Impuesto a las Ganancias (35%) y aranceles plenos por cualquier insumo o equipamiento tecnológico importado.
Las instituciones públicas del sector, por su parte, sufren el recorte directo provocado por la contracción de la recaudación general.
- Comercio y Servicios de Proximidad
El comercio minorista es el principal empleador de mujeres en el sector privado formal. Este sector enfrenta la caída del consumo interno sin ningún tipo de amortiguador fiscal. Un comercio de cercanía no cuenta con la devolución acelerada de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal (CCF) ni puede computar el 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios a cuenta de Ganancias, un beneficio exclusivo que el RIGI otorga a proyectos de más de USD 200 millones.
- La crisis de la infraestructura de cuidados
Al no existir incentivos fiscales para la creación de infraestructura de cuidados (jardines maternales, centros de día, residencias para adultos mayores), el sector privado no invierte en ellos debido a sus bajos márgenes de rentabilidad.
El costo fiscal del RIGI, estimado en el escenario base en USD 1.069 millones anuales, equivale al presupuesto requerido para construir y equipar cientos de centros de desarrollo infantil que permitirían liberar tiempo de trabajo para miles de mujeres. El subsidio oculto a la infraestructura corporativa
Mientras el Estado garantiza beneficios para obras como el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) o la planta de Licuefacción GNL, la infraestructura social básica que sostiene la vida cotidiana queda desprotegida.
El esquema de política fiscal desigual implementado a través del RIGI funciona bajo una lógica de doble velocidad que penaliza directamente a las mujeres:
- Sectores RIGI masculinizados: Reciben un fuerte respaldo estatal mediante exenciones impositivas masivas y una garantía de estabilidad cambiaria y regulatoria extendida por un plazo de 30 años, blindando la rentabilidad de las corporaciones que emplean poca mano de obra femenina.
- Sectores de cuidado feminizados: Quedan completamente desprotegidos frente a las políticas de austeridad, absorbiendo el costo social del ajuste y subsidiando de forma gratuita la reproducción y el sostenimiento de la fuerza laboral que luego aprovechan las grandes industrias.
