La frase resonó primero en una sala judicial y después en millones de pantallas alrededor del mundo: “Él me violó a mí, no al Estado. ¿Quién les dio el derecho de perdonarlo sin consultarme?”. Con esas palabras, una mujer turca resumió la indignación que hoy atraviesa a gran parte de la sociedad civil en Turquía, tras matar en la vía pública al hombre que había sido condenado por violarla y que recuperó su libertad gracias a una amnistía estatal.
El caso, que se viralizó en mayo de 2026, volvió a poner en el centro del debate la situación de las mujeres en Turquía, uno de los países más cuestionados por organismos internacionales y colectivos feministas debido al crecimiento de la violencia de género, la impunidad judicial y el retroceso de políticas de protección.
El agresor había sido condenado a 20 años de prisión por abuso sexual, pero terminó cumpliendo apenas 20 meses antes de ser liberado por una medida estatal. La mujer aseguró que nunca fue consultada ni informada de manera adecuada sobre la decisión. Según trascendió, vivía desde entonces bajo miedo permanente, convencida de que el sistema había dejado nuevamente a la víctima sola frente a su agresor.
Lejos de ser leído únicamente como un caso policial, el episodio abrió una discusión mucho más profunda sobre el rol del Estado frente a la violencia machista. Organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años que Turquía atraviesa un proceso de deterioro institucional en materia de protección de las mujeres, agravado desde la salida del país del Convenio de Estambul, el tratado internacional destinado a prevenir y combatir la violencia de género.
Las cifras de femicidios y agresiones sexuales continúan siendo alarmantes. Distintos colectivos feministas turcos denuncian además una creciente desconfianza hacia la Justicia, especialmente en casos donde los agresores reciben reducciones de pena, amnistías o beneficios judiciales. En ese contexto, muchas mujeres sienten que denunciar no garantiza protección real.
El caso recuerda inevitablemente a la historia de Nevin Yıldırım, una joven campesina turca que en 2012 mató al hombre que, según declaró, la violaba sistemáticamente desde hacía meses. Su historia dio la vuelta al mundo luego de que fuera condenada a cadena perpetua pese a los reclamos de organizaciones feministas que argumentaban legítima defensa frente a un contexto extremo de violencia y desprotección estatal.
Catorce años después, la escena parece repetirse: mujeres empujadas al límite por sistemas que no logran protegerlas. En redes sociales, miles de personas expresaron solidaridad con la víctima y cuestionaron la decisión estatal de liberar a un condenado por violación. El debate ya no gira solamente alrededor del crimen cometido por la mujer, sino sobre las condiciones sociales, políticas y judiciales que llevaron hasta ese desenlace.
Para los movimientos feministas turcos, el caso representa una postal brutal de una realidad estructural: cuando el Estado relativiza la violencia contra las mujeres, la impunidad deja de ser una excepción para convertirse en norma. Y en esa fractura institucional, las víctimas quedan atrapadas entre el miedo, el abandono y la desesperación.
