En declaraciones a medios periodísticos, la presidenta de la FALGBT, María Rachid, analizó el alarmante aumento de los ataques hacia la comunidad tras el triple lesbicidio.
El rol de los discursos oficiales, las deudas de la ESI y el desafío urgente del activismo frente a la violencia institucional.
A dos años del triple lesbicidio de Barracas —un crimen que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la violencia patriarcal en el país—, la visibilización de la violencia hacia las identidades LGBT+ se vuelve una urgencia política.
En el marco del Día Mundial contra el LGBT-Odio, la presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, María Rachid, analizó en declaraciones a medios periodísticos el complejo escenario que atraviesan los activismos frente a la crueldad institucionalizada y el inminente inicio del proceso judicial por la masacre.
Para Rachid, el brutal ataque en Barracas no fue un hecho aislado, sino el síntoma de una época democrática degradada. “Fue el inicio de un período muy triste para nuestra comunidad, y que se manifiesta ahora con la profundización de los crímenes de odio a nivel general”, afirmó.
La referenta vinculó de forma directa esta escalada violenta con la llegada al poder de La Libertad Avanza, señalando la responsabilidad política de los discursos oficiales: “Lo que estaba pasando tenía que ver con los discursos de odio que se expresaban desde el gobierno nacional y, antes de eso, en la campaña política. Eso se fue confirmando en estos meses con la cantidad de crímenes de odio registrados en nuestro país, que casi se duplicó”.
“Hay una batalla en términos simbólicos, que es visibilizar que lo de Barracas fue un crimen de odio. Si en la sociedad no se visibiliza lo que está pasando, no vamos a poder trabajar para revertirlo”.
— María Rachid, presidenta de la FALGBT.
Desarmar la legitimación de la violencia
Aunque Rachid confía en que la sociedad argentina mayoritariamente abraza los consensos de conquistas históricas como el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, advierte sobre la peligrosidad de un sector minoritario que ahora se siente habilitado a actuar de forma violenta.
“Hay un sector minoritario de la sociedad que quizá se expresaba menos antes y hoy se encuentra avalado para expresarse incluso con más vehemencia y más violencia en contra de nuestros derechos y de nuestras existencias”, diagnosticó.
Este proceso de desmantelamiento de las violencias requerirá un trabajo a largo plazo porque, según la activista, “se abrió una puerta que estaba cerrada”.
El uso de las minorías y los sectores vulnerados como chivos expiatorios es una estrategia conocida de las derechas globales. “Hoy son las diversidades, son las personas trans principalmente y hasta, en nuestro país, se han atrevido a ir contra sectores como la discapacidad”, denunció Rachid, alertando que estas fuerzas buscan activamente dar una «batalla cultural» para disputar sentidos mayoritarios.
Autocrítica feminista y la necesidad de disputar agendas
Desde una lectura profundamente política y con perspectiva de género, Rachid llamó a los transfeminismos a salir del estado de «parálisis y perplejidad» colectiva frente al desguace de las políticas públicas y a ensayar una profunda autocrítica sobre las narrativas construidas:
Escuchar las ausencias: Instó a revisar qué ocurre con aquellos varones heterosexuales que se sintieron excluidos del discurso de la transformación social, entendiendo que deben ser parte del desarmado del patriarcado.
No ceder banderas: Advirtió sobre la necesidad de dar respuestas institucionales y humanas a problemáticas reales —como el dolor de quienes sufren denuncias falsas, aunque sean casos minoritarios— para evitar que esas agendas sean capitalizadas por sectores reaccionarios que operan en contra del feminismo.
Defender y actualizar la ESI: A casi dos décadas de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, Rachid lamentó el apagón pedagógico del Ministerio de Educación de la Nación que «no publica ningún contenido», mientras señaló la deuda histórica del propio movimiento: “Nos faltó desbinarizar la ESI porque tiene todavía contenidos muy binarios”.
El juicio de Barracas: Una decisión política
Con el inicio del juicio oral fijado en la agenda judicial, la FALGBT —que interviene como querellante en la causa— no enfoca sus expectativas únicamente en el monto de la pena que recibirá el imputado, la cual descuentan que será la máxima debido a los agravantes.
El verdadero objetivo es político, simbólico y pedagógico.
“Lo que a nosotros nos interesa en este caso en particular, no es particularmente que haya perpetua como condena, sino que se visibilice la realidad de los crímenes de odio y que el crimen de Barracas fue un lesbicidio”, definió la dirigenta.
Para el activismo, la sentencia definitiva debe asentarse sobre la verdad histórica y el contexto de época. “Es una decisión política del tribunal reconocer esto. Hemos acercado a la justicia todos los informes de crímenes de odio; hay material suficiente como para reconocer que esto fue un crimen de odio. Es una decisión política querer visibilizarlo, reconocer que existe en nuestra sociedad y que hay que revertir esa situación”, concluyó.
Las claves de la causa por la Masacre de Barracas
El proceso penal por el brutal ataque perpetrado en la pensión de la calle Olavarría al 1600 llega a instancias de juicio oral con un escenario probatorio contundente, pero bajo una fuerte disputa de sentido conceptual en los tribunales:
Las víctimas: Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron a causa de las quemaduras y la gravedad del ataque. Sofía Castro Riglos sobrevivió al atentado y es la principal testigo presencial de la causa.
El imputado: Justo Fernando Barrientos llega al banquillo procesado por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por el uso de un elemento inflamable.
La exigencia de la querella: La FALGBT y las organizaciones que acompañan exigen que el tribunal aplique el agravante del Artículo 80 Inciso 4 del Código Penal Argentino, que sanciona los homicidios cometidos por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
La prueba de contexto: La querella presentó formalmente los informes anuales de crímenes de odio del Observatorio Nacional de la FALGBT para demostrar judicialmente que el ensañamiento de Barrientos estuvo motivado de manera exclusiva por la orientación sexual de las cuatro mujeres.
GLOSARIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:
Lesbicidio: Es la forma más extrema de violencia patriarcal ejercida específicamente contra mujeres lesbianas. No constituye un homicidio simple; es un crimen que busca disciplinar, castigar y anular las identidades que desafían activamente la heterosexualidad obligatoria como norma social y económica.
Crimen de Odio: Acto de violencia criminal motivado por el prejuicio subyacente del agresor hacia una característica protegida de la víctima (orientación sexual, identidad de género, etnia, religión o discapacidad). El impacto del crimen de odio trasciende a la víctima directa, ya que funciona como un mensaje de amenaza y aleccionamiento para todo su colectivo social.
