El gobierno de Javier Milei concentra el 10% de las muertes por violencia institucional ocurridas desde la vuelta de la democracia en Argentina

 

A solo 25 meses de iniciar su gestión, las cifras oficiales y de organizaciones sociales encienden las alarmas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Una cifra alarmante en democracia

El informe actualizado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) a enero de 2026 expone la gravedad de la situación actual:10.181 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia hace 43 años.

El 10% de esos casos ocurrió bajo la actual administración en poco más de dos años de mandato.

Las organizaciones antirrepresivas convocan a la lucha colectiva ante un Estado que definen como «agresor».

El sistema detrás del abuso estatal

La violencia institucional no se limita de forma exclusiva a los casos de «gatillo fácil». Esta problemática abarca todo acto de fuerza desproporcionada, hostigamiento o vulneración de derechos ejercido por agentes del Estado.

Las denuncias apuntan a la utilización del aparato público para violentar a los ciudadanos en lugar de garantizar su protección.

Raíces históricas: A 39 años de Ingeniero Budge

El debate se reavivó en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, recordado cada 8 de mayo. La fecha conmemora la «Masacre de Ingeniero Budge» de 1987, donde la Policía Bonaerense acribilló a tres jóvenes: Agustín Olivera (19), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24).

Este hito dio origen a la fecha oficial sancionada por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.811 en el año 2013, con el fin de mantener la memoria en el calendario civil y escolar.

Los rostros de la violencia actual

La flexibilización de los controles sobre las fuerzas armadas y de seguridad se traduce hoy en víctimas concretas. Casos emblemáticos como el del fotógrafo Pablo Grillo y el del jubilado Egidio Contreras, de 75 años, evidencian las consecuencias directas del abuso de autoridad en el territorio nacional.

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