El avasallamiento institucional y el intento de someter al Poder Judicial a los dictámenes del poder de turno ha encontrado un nuevo y preocupante capítulo en la política nacional. En su editorial periodístico, la analista María O’Donnell expuso la matriz de disciplinamiento y persecución que el oficialismo ejecuta contra diversos magistrados, apuntando con especial ensañamiento hacia las mujeres que integran la familia judicial.
Lejos de tratarse de cuestionamientos técnicos por mal desempeño, la periodista desnudó que las presiones políticas, los pedidos de juicio político exprés y el congelamiento de nombramientos funcionan como castigos corporativos ante fallos que incomodan al poder.
El disparador de esta semana fue el virulento ataque del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien —en sintonía con la retórica de la Casa Rosada— solicitó de forma pública el juicio político para una magistrada en el marco de las álgidas disputas por la baja de la edad de imputabilidad juvenil. Para O’Donnell, esta sobreactuación punitiva no hace más que alimentar un peligroso «clima de época» donde se utiliza la estructura estatal para amedrentar a quienes deben dictar sentencia con imparcialidad y apego a las garantías constitucionales.
Verónica Micheli y el nepotismo invertido: El castigo por portación de apellido
El análisis de O’Donnell cobró aún más fuerza al recuperar casos que el Ejecutivo nacional mantiene deliberadamente bajo la alfombra institucional. El ejemplo más escandaloso de este esquema de persecución es la situación de Verónica Micheli, cuyo pliego para asumir formalmente como jueza fue aprobado por amplia mayoría en el Senado de la Nación. A pesar de haber cumplido con todas las instancias constitucionales, exámenes técnicos y validaciones legislativas, el presidente Javier Milei se niega de manera sistemática a estampar la firma final indispensable para que pueda tomar posesión de su juzgado.
¿Cuál es la objeción jurídica o el antecedente penal que pesa sobre Micheli? Absolutamente ninguno. Tal como detalló la periodista, el «pecado» de la magistrada es ser pariente directa de un reconocido periodista de investigación cuyas crónicas incomodan profundamente al entorno presidencial y a los intereses corporativos aliados al gobierno. Incluso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a manifestar de manera interna su desacuerdo con este «castigo familiar», evidenciando que se trata de una flagrante persecución política que utiliza los nombramientos judiciales como moneda de extorsión o venganza personal.
El sesgo patriarcal en la domesticación de la Justicia
Abordar estas denuncias exige comprender que la persecución a las juezas porta una violencia de género estructural. El aparato oficialista tolera la presencia de mujeres en los tribunales solo si estas actúan de manera dócil, funcional y punitivista, convalidando el desmantelamiento de los derechos sociales.
Cuando una jueza decide plantarse de manera independiente, dictar fallos basados en las convenciones internacionales de Derechos Humanos o resguardar las garantías de las infancias vulnerables frente a la demagogia punitiva, el Estado reacciona de forma feroz. Se les arman campañas de difamación a través de las redes de «trolls» oficiales, se exponen sus datos personales y se las amenaza con la destitución o el congelamiento perpetuo de sus carreras. Esta intromisión del Ejecutivo no busca mejorar el servicio de justicia; busca adoctrinar a las magistradas para que piensen dos veces antes de firmar una resolución que contradiga la narrativa de la crueldad oficial.
Una justicia democrática y con perspectiva de género requiere, de forma urgente, juezas libres de presiones corporativas y políticas. Dejar los juzgados vacíos o arrastrar a las magistradas al banquillo del juicio político por portación de apellido o por aplicar la ley es un golpe directo al corazón de la República.
