El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que 15 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza en el primer semestre de 2026. Los hogares con jefatura femenina y las infancias se llevan la peor parte de un plan económico que pulveriza salarios y destruye las redes comunitarias de cuidado.
Las cifras oficiales de la exclusión volvieron a encender las alarmas de la supervivencia. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026. La cifra traduce el frío porcentaje en una realidad desgarradora: 15 millones de personas se encuentran sumergidas bajo la línea de pobreza a nivel nacional. El violento incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del cierre de 2025 (28,2%) quiebra cualquier relato oficial de supuesta «recuperación económica» y desnuda el impacto de un plan de ajuste fiscal que destruye de forma sistemática los ingresos populares.
Por su parte, la indigencia escaló al 7,5%. Esto significa que cerca de 3,5 millones de argentines —que habitan principalmente los cordones más postergados del país como el Conurbano bonaerense o Concordia— no alcanzan a reunir los ingresos mínimos indispensables para comprar un plato de comida diario.
La feminización de la pobreza como política de Estado
Detrás de las planillas estadísticas del INDEC se esconde una profunda asimetría de género que el gobierno nacional busca activamente invisibilizar.
Las mujeres y diversidades no solo parten de una desigualdad laboral estructural debido a la brecha salarial, sino que representan el 64,2% de la población del decil con menores ingresos del país.
Este fenómeno, conceptualizado como la feminización de la pobreza, se agudiza bajo el programa económico oficial por tres frentes críticos:
Destrucción de las redes de cuidado: Las mujeres destinan, en promedio, tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Al congelarse los salarios y pulverizarse el empleo informal, son ellas quienes absorben el impacto gestionando el hambre en hogares monomarentales.
Desmantelamiento institucional: La crueldad no es solo económica; es política. La gestión de La Libertad Avanza se jacta de haber desarmado el Ministerio de las Mujeres y eliminado programas de asistencia clave. Sin presupuesto ni herramientas públicas para combatir la desigualdad, las trabajadoras informales de la economía popular quedan desamparadas frente al desborde de la crisis.
Brecha salarial y precarización: Mientras el mercado laboral formal se achica, la brecha salarial en los sectores precarizados roza el 40%. Las mujeres, mayoritarias en la informalidad, son las primeras expulsadas hacia la subsistencia absoluta.
La brecha puertas adentro: Los hogares con jefatura femenina, los más vulnerables
El análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC aporta un dato estructural que destruye el mito de la igualdad de oportunidades: los hogares sostenidos económicamente por mujeres registran niveles de pobreza marcadamente superiores a los liderados por varones.
La brecha de ingresos refleja el impacto de la precarización y la falta de corresponsabilidad en los cuidados directos en los hogares monomarentales:
Mayor incidencia de pobreza: En los hogares donde la jefatura de hogar recae exclusivamente sobre una mujer, la tasa de pobreza estructural roza el 36%, mientras que en aquellos hogares con jefatura masculina el indicador se mantiene en torno al 26%. Esta distancia de 10 puntos porcentuales evidencia que la falta de autonomía económica tiene bases de género sistémicas.
El peso de la informalidad laboral: Las jefas de hogar pobres enfrentan peores inserciones en el mercado de trabajo. El cruce de datos oficiales demuestra que más del 45% de estas mujeres trabaja en la total informalidad, careciendo de aportes, obra social o estabilidad frente a los despidos, en contraste con el 34% observado en los jefes de hogar varones.
La trampa de los ingresos per cápita: Al analizar la composición del decil más pobre de la sociedad, los hogares a cargo de mujeres no solo perciben menos ingresos totales, sino que albergan una mayor cantidad de menores de edad a cargo. Esto deprime el ingreso por persona y condena a estas familias a quedar un 35,9% por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) indispensable para no caer en la miseria.
Este ensañamiento estadístico traduce una realidad ineludible: cuando el gobierno recorta los subsidios de transporte, desregula las tarifas de servicios públicos y frena la entrega de alimentos, son las jefas de hogar las que realizan los mayores malabares cotidianos para estirar salarios licuados que ya no alcanzan para garantizar el sustento.
Perspectiva de Niñez: El saqueo del futuro de las infancias
El dato más doloroso e irreversible del informe oficial golpea directo a las niñeces: el 44,5% de los niños y niñas de 0 a 14 años en Argentina son pobres. Casi la mitad de las infancias de nuestro territorio crecen privadas de derechos humanos fundamentales como la alimentación saludable, una vivienda digna, salud y educación de calidad.
La vulneración de los derechos de las infancias se profundiza ante la retención de alimentos y el desfinanciamiento sistemático de los comedores comunitarios por parte del Ministerio de Capital Humano.
Al cercar los espacios comunitarios de contención, el Estado incumple los tratados internacionales de protección integral de los derechos del niño. El congelamiento de las políticas de transferencia de ingresos nacionales licúa la capacidad de las familias para asegurar las cuatro comidas diarias de los más chicos.
Adultas mayores en el desamparo — La vejez precarizada por el veto y el desfinanciamiento
Si hay un sector donde las violencias económica y de género se cruzan de forma descarnada, es en el de las adultas mayores de 65 años. El esquema de ajuste oficial ha colocado a las jubiladas en una situación de vulnerabilidad extrema, ensañándose particularmente con quienes accedieron a su derecho a través de las moratorias previsionales.
La trampa de la desigualdad histórica: Debido a la división sexual del trabajo, la enorme mayoría de las mujeres de la tercera edad trabajaron toda su vida de forma informal, precarizada o realizando tareas domésticas y de cuidado no remuneradas dentro del hogar. Las moratorias previsionales vinieron a reparar esa injusticia histórica reconociéndolas como trabajadoras. Hoy, el desprecio gubernamental por estas políticas de inclusión condena a la mayoría de las mujeres mayores a percibir únicamente la jubilación mínima o la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), equivalente a apenas el 80% del haber mínimo.
Medicamentos impagables y salud en jaque: La situación se vuelve crítica ante el recorte sistemático de la cobertura de medicamentos gratuitos por parte del PAMI. Con haberes congelados de hecho y una inflación que impacta con mayor fuerza en la canasta de salud, las jubiladas se ven obligadas a elegir entre comprar sus remedios crónicos o pagar los alimentos básicos y los servicios públicos desregulados.
El veto a la dignidad: La decisión política del gobierno de vetar leyes de movilidad previsional que buscaban recomponer mínimamente los ingresos licuados por la devaluación consolida una política de descarte. La brecha entre una jubilación mínima y la canasta básica del adulto mayor —que incluye vivienda, servicios y medicación especializada— se ha vuelto un abismo insalvable.
La vejez no puede ser sinónimo de miseria ni de castigo por haber sostenido la vida y los hogares sin un salario formal. Exigir jubilaciones dignas y la plena restitución de la cobertura de salud es un acto de defensa elemental de los derechos humanos de nuestras viejas.
La profundización de las desigualdades no es un error, es el modelo
El salto de la pobreza en la primera mitad de 2026 demuestra que la crisis social y económica argentina no obedece a un fenómeno meteorológico imprevisto, sino a las consecuencias directas de una política económica enfocada en la transferencia de recursos desde las clases trabajadoras hacia los sectores concentrados.
La llamada «brecha de pobreza» se estiró al 35,9%. Esto explica que un hogar pobre promedio cuenta con un ingreso de $922.755, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) exigida para no ser considerado pobre trepó a $1.440.395. En el primer semestre, mientras el ingreso per cápita familiar aumentó apenas un 11,5%, la canasta de alimentos subió un 21,4%. Los alimentos suben por el ascensor de la desregulación de precios y los salarios van por la escalera del congelamiento estatal.
Sostener y profundizar esa pobreza es una decisión política. Sostener un esquema que destruye el consumo, congela la asistencia social alimentaria y persigue las herramientas de organización feminista solo puede derivar en un país más desigual, más violento y con menos futuro para sus mayorías.
La resistencia social, comunitaria y transfeminista en las calles sigue siendo la única barrera frente a un modelo que pretende acostumbrar a un pueblo entero a la miseria planificada.
